El Presidente se va porque se va

Esa es la idea que parece rondar en la Asamblea Nacional. No se trata de causales establecidas a nivel constitucional ni de evaluación política del comportamiento del Jefe de Estado. Esas son cuestiones secundarias, nimiedades.

Si no es por delitos contra la seguridad del Estado es por cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito. Si tampoco las aguas se ven prístinas por allí se apelará al genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el secuestro o el homicidio por razones políticas o de conciencia.

Por tanto, hay una larga lista de razones por las que se puede terminar con el período de Lasso antes de los cuatro años.

Es cuestión de escoger cuál es la más favorable, la que produce más votos y genera menos trabas institucionales.

Pero aún si esas trabas se presentan, como puede ser la incómoda Corte Constitucional, hay alternativas. La incapacidad mental es una de ellas.

Si a Bucaram se le destituyó así porque él mismo se declaraba el 'loco que ama' a Lasso se le puede imputar similar causal, aunque por un diagnóstico distinto.

Al respecto, la siquiatra y a la vez legisladora, Mireya Pazmiño, ya ha anticipado su observación clínica en una formidable descripción sobre los problemas mentales del Jefe de Estado.

"Como un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa". Ese es el resumen de la pieza médica que ahora mismo da vueltas en medios de comunicación y redes sociales. Irrefutable y sin lugar a discrepancias. Vengan las adhesiones.

Pero aún si ese desorden mental es relativizado por un poco trascendente comité de médicos especializados, como dice el art. 145 de la Constitución, aún hay espacio para otra posibilidad: las calles.

Ese escenario, que ahora se ve como subalterno, en determinado momento puede alcanzar preponderancia de cara a cumplir la consigna, como dicen policías y militares. En resumen y para simplificar, el Presidente se va porque se va.

Así de claro es el mensaje. Así de vacío es el nivel de discusión en el país respecto a la posibilidad de que el Jefe de Estado salga anticipadamente de su cargo. Así de pueriles son los argumentos que se presentan en la Asamblea Nacional.

El juicio político es una medida de última instancia que permite mantener el cauce democrático en países presidencialistas.

Es la salida institucional frente a una situación extrema en la que, por excepción y en aras a mantener la armonía democrática, el Jefe de Estado se retira de sus funciones por incumplimientos de diversa naturaleza, descritos en las Constituciones de cada país.

Esa excepcionalidad implica, por tanto, que el nivel de debate en la legislatura establezca con mediana claridad que, en términos políticos, la salida del Jefe de Estado está sustentada en lo normativo y esencialmente es el camino único para generar una retroalimentación al sistema político y a la ciudadanía.

Sin embargo, el hecho de que el juicio político sea considerado como la última opción para preservar el régimen democrático, no quiere decir en modo alguno que no se pueda y deba recurrir a dicha institución. Simplemente, se demanda que se justifique que dicho escenario está presente y que no hay alternativas. Eso nada más.

En el caso ecuatoriano, si las condiciones están dadas pues se las debe evidenciar ante la opinión pública y la ciudadanía.

El argumento puramente instrumental relacionado con la supremacía de los votos en la Asamblea Nacional, por encima del razonamiento, luce contingente y, además, cortoplacista.

Peor aún, la trivialidad con la que la asambleísta-siquiatra se refiere a la posible remoción del Jefe de Estado, abona al descrédito respecto a la labor de la legislatura y aún más, pone en serio riesgo la confianza de la ciudadanía sobre a cuán legítimo es el eventual juicio político.

Si Lasso tiene que irse a su casa, lo mínimo que se demanda de la Asamblea Nacional es que exista una argumentación al respecto y no simplemente la agregación de bancadas legislativas.

Si hay argumentos suficientes, pues que se los exponga de forma clara y convincente.

Por el contrario, si la búsqueda es la salida del Presidente, adaptando ese deseo a alguna causal constitucional, lo que se verá es que los costos políticos de una operación tan fatua recaerán sobre los asambleístas que ahora enarbolan el juicio político y que, directa o indirectamente, son percibidos como partícipes de la monumental evaluación siquiátrica de la asambleísta Pazmiño. 

Si de ser estratégicos se trata, a la oposición le convendría consensuar en torno a una vocería que aporte a la legitimidad social del juicio político y no a la puesta en duda ante la población sobre los intereses que están detrás de la salida anticipada del Jefe de Estado.

Si Lasso tiene responsabilidad, ahí están los caminos constitucionales. Si esos caminos son tallados con argumentos como los esgrimidos por la asambleísta de marras, pronto el ahora enjuiciado se posicionará como perseguido político.