El juicio político en el Ecuador híper presidencialista

El juicio político al Presidente es una de las formas constitucionales de dar por concluido, anticipadamente, el mandato otorgado por la ciudadanía.

Dado que esa es una de las vías institucionales para que el período de gobierno se altere sobre la marcha, la salida del titular del Ejecutivo recurriendo a ese procedimiento no es un golpe de Estado.

Por tanto, no existen golpes de Estado legislativos ni golpes de Estado institucionales, menos aún golpes de Estado blandos.

Estirar los conceptos no ayuda al análisis de la realidad como tampoco favorece la investigación científica.

Al menos en ese aspecto, otras ciencias llevan la delantera a las de naturaleza social. Entre los médicos, por ejemplo, un húmero o un peroné son eso y nada más que eso. De allí que no sea imaginable una junta de traumatólogos en la que la definición de ambos huesos sea el motivo central de discusión.

Con lo dicho, cuando del inicio de un juicio político se trata, no se puede hablar de otra cosa sino de la activación de un mecanismo legítimo para resolver un conflicto propiciado por el Presidente y frente al que la Legislatura debe asumir una posición.

Sin embargo, no todos los juicios políticos son iguales. En algunos países, las legislaturas tienen mayores oportunidades o incentivos para conseguir la salida anticipada de los presidentes que en otros.

En el número de votos necesarios para dar por terminado el mandato presidencial hay un ejemplo que aclara lo dicho. En ciertos países es suficiente con el voto de la mitad más uno de los asistentes a la sesión de la Legislatura en la que se define la suerte del Presidente para que el mandato concluya.

En otros casos se requiere que los votos alcancen al menos la mitad más uno del total de miembros de la legislatura.

Finalmente, en unos cuantos países la norma constitucional señala que es necesario una mayor cantidad de voluntades para que el Presidente sea echado del poder.

Tres quintas partes del total de la legislatura (60%) o incluso dos tercios (66%) de votos para la destitución presidencial dan cuenta de requisitos mucho más restrictivos para terminar anticipadamente el mandato del Ejecutivo.

Pero hay otros espacios en los que también se puede observar que los juicios políticos no son iguales.

Es el caso de las causales por las que las legislaturas están facultadas para recurrir a dicho mecanismo constitucional. En algunos países dichas causales son tan amplias que basta una pequeña lectura política de ellas por parte de los interpelantes para que se haya cumplido con dicho requisito.

Mientras que en otros países, los motivos por los que se puede enjuiciar políticamente al Presidente están definidos de forma más clara y otorgan, por tanto, menos libertades al razonamiento puramente político de la Legislatura.

Dicho de otra manera, hay países en los que es más difícil encontrar causales para intentar destituir al Presidente.

Un tercer espacio de análisis para evidenciar que los juicios políticos difieren en función de la carta constitucional de cada país, tiene que ver con el número de instancias de decisión (denominados filtros institucionales) que preceden a la sesión legislativa en la que se discute la posible destitución del Presidente.

Basta con la presentación de cargos por parte de los legisladores que acusan políticamente al Presidente en algunos casos para que, a continuación, sus pares conozcan y resuelvan la posible salida anticipada del Jefe de Estado.

En otros casos, se requiere que antes de que las legislaturas puedan definir la suerte del Presidente existan otros espacios en los que se discuta si el juicio político es viable.

No se trata solo del número de instancias establecidas constitucionalmente sino también de la cantidad de votos que se requieren para que el juicio político llegue a su clímax de discusión en la Legislatura.

Por ejemplo, hay países donde existe un debate en la cámara de legisladores antes de pasar a la cámara de senadores. Hay otros países en los que las cortes de justicia tienen la potestad de valorar la procedencia del juicio político antes de que la legislatura prosiga con el trámite.

En resumen, en algunos países es más difícil que un juicio político llegue a buen puerto porque se necesita un mayor número de votos en la Legislatura, las causales por las que se puede enjuiciar al Jefe de Estado son pocas y están delimitadas de forma clara.

Y hay más espacios de decisión previos en los que se debate la pertinencia de este mecanismo constitucional.

En tanto que en otros países es más fácil conseguir la salida anticipada de los presidentes porque se necesitan menos votos en la Legislatura, las causales de destitución son mayores o poco delimitadas; y hay menos instancias previas al debate legislativo final.

Desde otra perspectiva se puede decir que hay países en los que los legislativos tienen menos atribuciones constitucionales para echar al Presidente que otros.

Cuando eso sucede se diría también que en el juicio político hay un rasgo institucional que da cuenta que hay legislaturas más poderosas que otras.

Aún más, en el trámite del juicio político se podría mirar de forma clara cuando un país es más o menos presidencialista.

En Ecuador se requiere mayoría calificada de dos tercios del total de asambleístas para que el Presidente sea echado anticipadamente. Además, las causales de destitución son pocas y están claramente señaladas en la Constitución.

Antes de proceder con el trámite se necesita que una mayoría de jueces de la Corte Constitucional considere la procedencia del juicio político. Si no existe el visto bueno de dicho tribunal, ahí termina la controversia.

No solo eso, luego se requiere un informe de una comisión legislativa, la de Fiscalización y Control Político, antes de que el Pleno pueda conocer el caso.

Sin ese informe, que demanda una mayoría simple para su aprobación, no se puede proseguir el enjuiciamiento ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Por tanto, en lo relativo al juicio político, Ecuador es uno de los países de América Latina en los que es más difícil terminar anticipadamente con el mandato presidencial. En ese aspecto, este es un país 'híper presidencialista' por expreso mandato constitucional.

Irónicamente, si la constitución de Montecristi fue diseñada para blindar al Presidente de la República de ese momento frente a cualquier embate, siendo el juicio político uno de ellos, ahora esa misma Constitución juega a favor de otro Jefe de Estado.

Sin admisión de la Corte Constitucional, no hay juicio. Sin informe de la comisión legislativa especializada, no hay juicio.

Irónicamente también, quienes han criticado el diseño constitucional por establecer presidentes muy poderosos y legislaturas con atribuciones restringidas, ahora deben valerse de ese argumento para sostener que el juicio político ha finalizado.

Pues sí, en Ecuador es muy difícil destituir por juicio político a un Presidente, aunque el Jefe de Estado goce de poca popularidad. El caso de Guillermo Lasso es un reflejo de ello.