Ignorancia o estrategia

Hay al menos dos lecturas sobre el curso que ha tomado el juicio político en contra del Presidente de la República.

Dadas las enmiendas, modificaciones, aclaraciones y consecutivas rectificaciones de la Asamblea Nacional en cuanto a la formulación de los cargos, una primera interpretación de lo ocurrido es que tanto asambleístas como asesores legislativos carecen de los elementales conocimientos sobre el contenido de la Constitución y la estructura legal que sostiene este mecanismo de control político al Jefe de Estado.

Esta es la conclusión más obvia y que emerge de la simple revisión de medios de comunicación y de las propias declaraciones de los asambleístas.

Bajo ese prisma, el país ha llegado a un nivel de tolerancia con la ignorancia e ignominia sin precedente alguno.

En el plano puramente político, esta lectura nos conduce a pensar que, si la Corte Constitucional da su aval al enjuiciamiento político, el Presidente tiene su suerte echada, pues los votos para la destitución existen.

Sin embargo, una segunda posibilidad es que la ignorancia no sea el modus operandi, al menos en este caso, sino que por detrás de tanto dislate jurídico existan razones políticas que explican los errores en cuestiones que no requieren más que un nivel mínimo de comprensión lectora de la Constitución y de la ley.

Bajo esta lectura, lo que se estaría propiciando es bajar la intensidad del conflicto político, no eliminarlo sino posponerlo, y con ello dejar un espacio abierto para que sea la Corte Constitucional la que declare no admisible el procedimiento iniciado.

En este escenario todos saldrían parcialmente ganadores. La oposición endosaría la responsabilidad de la ausencia de juicio político a la decisión constitucional, mientras que el Gobierno usaría la misma sentencia para tratar de legitimar su permanencia en el poder.

Aunque esta salida no deja de lado la posibilidad de que por otros medios se intente desestabilizar al Presidente, al menos se le otorga un tiempo para mover sus fichas y eventualmente aligerar las tensiones.

En esta lectura del conflicto político hay más coherencia con la realidad, pues no se relativiza al extremo la inteligencia de las personas. Aunque se podría decir, con argumentos suficientes, que la mayoría de los asambleístas conocen muy poco o nada del oficio que cumplen, no es esa la valoración pertinente respecto a sus asesores.

Más allá de los afectos o desafectos que se pueda tener con las distintas bancadas de oposición, lo que no se debe minimizar es que en todas hay personal de apoyo que conoce bien la técnica legislativa y el Derecho Constitucional.

Bajo esa premisa, aceptar que es ignorancia y nada más que ignorancia lo que explica los vericuetos que ha pasado la acusación legislativa al Presidente no luce lógico.

Por el contrario, aceptar que los errores y demás lapsus corresponden a una acción deliberada, permite entender de forma más fluida lo ocurrido en la Asamblea Nacional a lo largo de las últimas semanas. 

En la mayoría de ocasiones la realidad política desborda lo que se ve y se escucha. Por ello, siempre vale la pena rasgar más allá de lo evidente, de lo epidérmico.

Con al menos dos lecturas de lo que ocurre en un momento dado, la criticidad ciudadana aumenta y el debate se nutre.

Proponer explicaciones alternas no implica afirmar que así se debe entender la realidad. Simplemente, es un ejercicio de dibujar conjeturas razonadas que los hechos futuros se encargarán de comprobar o no.

En los eventos políticos que rodean al eventual juicio político al Jefe de Estado hay al menos dos posibles explicaciones respecto al comportamiento de la Asamblea Nacional.

La primera es que allí, en ese espacio de toma de decisión política, reina la mediocridad.

La segunda plantea que las dilaciones y gazapos son realizados ex profeso, con el fin de satisfacer ambiciones políticas de diferentes sectores.

En esta lectura de la realidad, no hay ignorancia entre los asambleístas sino manejo estratégico de oportunidades, costos y beneficios del enjuiciamiento político al Presidente.