Jueces anticorrupción

En un país plagado de escándalos de corrupción, en el que el mal manejo de los recursos públicos es lo común y los autores de las fechorías son quienes suelen aparecer en las papeletas electorales, siempre es bueno escuchar noticias sobre intentos de frenar ese fenómeno social.

Desafortunadamente, no pasan de eso, son meras expectativas de limitar uno de los flagelos que más afecta a la sociedad ecuatoriana y a buena parte de la población latinoamericana.

De manera paradójica, de intento fallido en intento fallido, los sucesivos Consejos de la Judicatura no han hecho sino ahondar la percepción ciudadana sobre la corrupción en general y la judicial en particular.

La ciudadanía ya no cree en las pálidas políticas de combate a la corrupción porque, de a poco, va tomando conciencia de que el problema no está en la superficialidad, que es en la que generalmente se enfocan las autoridades. La gente sabe bien que la calentura no está en las sábanas, como decían las abuelas.

Incrementar la infraestructura que sirve de apoyo al trabajo de jueces y fiscales es necesario, desde luego, pero no resuelve el problema de la corrupción.

A lo sumo, lo que hace dicha medida es facilitar los acuerdos dolosos entre los funcionarios judiciales y las mafias de abogados que operan en el país, y en las que están incluidos algunos de los estudios jurídicos más rimbombantes y ciertos profesionales que se pasean orondos entre micrófonos y cámaras de televisión.

Así, mejorar las oficinas, equipos tecnológicos y el ambiente de trabajo en general sirve también como un aliciente para que los corruptos tengan espacios más cómodos para intercambiar sentencias por dinero o espacios de poder.

Vale la pena invertir en infraestructura, desde luego que sí. Alcanza con ello para combatir la corrupción judicial, desde luego que no.

Algo similar ocurre cuando la salida a la corrupción judicial se piensa solamente desde el incremento de personal. Aunque esta medida es necesaria, si la idea es que por esa vía es posible mejorar la transparencia en la provisión del servicio judicial, nuevamente estamos frente a la superficialidad y sus nocivas consecuencias.

En el mejor de los casos, una política de ese tipo agiliza en alguna medida el despacho de las causas represadas, pero en realidad el mayor efecto respecto a la corrupción judicial es el aumento de canales de corrupción y la consiguiente diversificación de las mafias judiciales ya instauradas.

Se necesitan más jueces, fiscales y defensores públicos, desde luego que sí. Alcanza con ello para combatir la corrupción judicial, desde luego que no.

Si bien es cierto que no existen fórmulas únicas para el combate y prevención de la corrupción judicial, una de las que puede tener efectos sostenibles en el tiempo es la creación de una escuela de jueces y fiscales que opere bajo parámetros inexistentes en el país.

Para empezar, el acceso debe ser el resultado de un cuidadoso y exigente proceso de selección, luego del cual el profesional del Derecho no se convierte en juez o fiscal, sino que accede apenas a recibir formación en destrezas, actitudes y aptitudes.

Luego de cursar al menos dos años de estudios, no solo en áreas específicas del Derecho sino también en otras disciplinas de las Ciencias Sociales y, previo a un examen comprensivo, el postulante se convierte en elegible para formar parte del Poder Judicial.

Allí el incremento de jueces y fiscales recién se torna imperativo, pues hay que buscar que la renovación ocurra en el menor tiempo posible.

Desde luego, la mejora en la infraestructura debe ir de la mano, con lo que se ratifica que aumentar personal y calidad en los espacios de trabajo no deben ser desdeñados del todo, sino simplemente considerados como medidas complementarias.

Con una escuela judicial de las características anotadas no solo se fomentará en el mediano plazo la formación de jueces con mayor nivel en el razonamiento de sus sentencias, sino además se estimulará a una verdadera carrera judicial en la que los costos de tiempo y esfuerzo de los postulantes redundarán en una visión distinta del rol del juzgador en términos de la transparencia con la que debe cumplir su obligación de impartir justicia.

Desde luego, la inversión estatal no solo para la posterior infraestructura y plazas de trabajo es clave, sino también para financiar el salario de los estudiantes de la escuela judicial mientras dura el proceso de capacitación.

Una propuesta de este tipo calza perfectamente con la realidad de un país sumido en la mediocridad y la corrupción judicial, pero al mismo tiempo choca con los intereses políticos de la coyuntura.

Generar una escuela de jueces y fiscales bajo las condiciones expuestas rinde frutos, aunque no en el corto plazo, y acá eso desalienta a la mayoría de actores políticos, interesados única y exclusivamente en el próximo proceso electoral.

Además, y quizás más importante, una escuela de estas características podría llevar a que las disputas de la política tengan mayores limitaciones para ser trasladadas de forma arbitraria a las cortes de justicia.

Eso no gustaría a buena parte de los políticos y tampoco a las mafias de abogados, pues tendrían mayores dificultades para operar. Contar con jueces 'incómodos' por su honestidad siempre será un costo para el litigante de mala fe.

Invertir tiempo y dinero en separar al juzgador que no es parte de la mafia a través de recusaciones u otros medios, nunca dejará de ser un fastidio para quienes se enriquecen ilícitamente y fomentan día a día un Poder Judicial cada vez más corrupto y denigrado por sus propias actuaciones.

Como una propuesta de este tipo no interesa, la alternativa es continuar con las superficiales medidas adoptadas por los distintos Consejos de la Judicatura. La última de ellas, la creación de jueces especializados para delitos de corrupción y crimen organizado, cae dentro de este grupo de propuestas.

En poco tiempo, esta idea, a la que ahora se difunde como el elixir contra la corrupción, tendrá el mismo efecto que todas las medidas previas: aumentar la desconfianza de la ciudadanía en la transparencia del Poder Judicial e incrementar las mafias de abogados que operan con sus propias redes ilícitas de jueces, fiscales, personal de apoyo e 'intermediarios', aquellos que sin ser profesionales del Derecho consiguen los acercamientos entre el usuario del servicio y quien puede poner la decisión judicial de su lado.