Tablilla de cera
¿Persecución política o empleo de la ley? Los casos de Trump y Glas
Escritor, periodista y editor; académico de la Lengua y de la Historia; politico y profesor universitario. Fue vicealcalde de Quito y embajador en Colombia.
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“Pero claro que es persecución política: él fue vicepresidente”, fue la suigéneris respuesta de la canciller de México Alicia Bárcena, hace ya algunas semanas, a una pregunta periodística respecto a la situación del exvicepresidente Jorge Glas.
Según este razonamiento, el hecho de haber ocupado un cargo de elección popular convertiría en intocable a un personaje, pues todo procedimiento legal que se le siga sería algo “político”, sin que tengan importancia las evidencias probatorias que hubiera en su contra sobre el cometimiento de un delito.
¿Absurdo, no es cierto? En democracia nadie está por encima de la ley, como dijo el presidente Joe Biden y lo repitieron comentaristas y políticos tras la sentencia por 34 delitos al expresidente estadounidense Donald Trump en una corte de Nueva York.
La defensa de todo delincuente cogido en falta es declararse perseguido político. Así Trump, con la mayor desfachatez, proclama que es un “prisionero político”.
Por supuesto que hay un uso político de la ley. Sin ir más lejos, el partido Socialcristiano descubrió que más que la Presidencia de la República, era el Poder Judicial lo que le interesaba controlar, y lo hizo por tres décadas mediante operadores directos e indirectos, jueces, meretrices y, cuando ha sido necesario, pactando con los capos del crimen, como Daniel Salcedo acaba de reconfirmarlo en su declaración anticipada.
También Correa manipuló a su antojo la Función Judicial, la Contraloría y las superintendencias para perseguir opositores y tapar su latrocinio.
Por eso, cuando la ley actúa contra verdaderos delincuentes, estos pueden agitar bengalas de humo adoptando el papel de víctimas. Trump ha esgrimido el argumento de que él es inimputable por sus acciones en el ejercicio de la presidencia, y lo ha planteado como cuestión previa a resolverse por la Corte Suprema de su país, antes de que prosigan los juicios por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, porque esto, dice, sería persecución política.
Tampoco ha cometido irregularidad alguna al llevarse a Mar-a-Lago los documentos secretos que pertenecen a los Archivos Nacionales, arguye, porque está cubierto por el privilegio presidencial y acusarlo de lo contrario es persecución política.
Estas y otras causas contra él aún no han sido llevadas a juicio por las maniobras dilatorias de Trump, lo que resalta aún más el éxito del fiscal del Distrito de Nueva York, Alvin Bragg, al obtener la condena de Trump, basado en la ley y en los hechos.
La sentencia no es por el pago de USD 130.000 a una actriz porno para que guarde silencio sobre lo que hicieron ella y Trump, pago que en sí no es ilegal, sino por falsificar los libros de contabilidad, los registros y los cheques para ocultar aquel pago en vísperas de su anterior campaña electoral. Trump es el primer expresidente de EE. UU. en ser delincuente convicto.
El Ecuador tiene un expresidente delincuente convicto y prófugo y un exvicepresidente delincuente convicto y preso.
A diferencia de Trump, al que aún no le imponen la pena, sobre Glas no solo hay sentencias ejecutoriadas, sino penas de cárcel impuestas y pagadas en parte. Un caso parecido al de Trump es el del delincuente convicto Carlos Pólit, cuya pena debería determinarse muy pronto, pues se habló de 45 días cuando el jurado lo encontró culpable el 23 de abril.
Supongo que en el amplio curriculum vitae de Pólit que está colgado en el portal web de la Contraloría General del Estado habrá que añadir un ítem: “Delincuente convicto”, y pronto, más abajo: “Condenado a tantos años de prisión”. Quizás quepa en el rubro “Actividades extracurriculares”.
El tema de cuándo y por qué ha de enjuiciarse a un exmandatario es tanto ético como jurídico.
Es obvio que un fiscal no puede emprender una acción civil o penal por cualquier acusación ligera, pero tampoco puede, por miedo al poder de un político o a las consecuencias personales, abstenerse de investigar y acusar cuando el daño cometido a los fondos públicos ha sido evidente.
Ese fue el caso de Glas. Sus procesos se han extendido durante las administraciones de tres gobiernos distintos, con la intervención de varios fiscales y la actuación de al menos 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Sobre él pesan una condena en firme por asociación ilícita para obtener beneficio económico en cinco contratos de Odebrecht y otra por haberse beneficiado en el caso Sobornos 2012-2016, además del nuevo juicio por el que está procesado por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
A propósito, todos hemos tomado nota de que en el juicio condenatorio a Carlos Pólit en Miami, quien fue gerente de Odebrecht en el Ecuador, José Conceiçao Santos, aclaró que a Glas le entregó USD 18 millones y no USD 13 millones, como se había establecido al condenársele en el caso Odebrecht. El monto del robo fue aún mayor que por el que se le condenó.
Ese es el personaje a quien México dio tratamiento de “huésped” en su embajada, desde que entró a ella el 17 de diciembre de 2023, y al que, tres meses y medio después, concedió asilo político y mandar un avión a rescatarlo, en medio de la crisis diplomática desatada por las burdas expresiones de López Obrador. Con toda razón, el Ecuador viene argumentando que era ilícito concederle tal asilo, pues pesaban sobre Glas dos sentencias en firme por delitos de corrupción.
Hay quienes creen que la elección de la ingeniera Claudia Scheinbaum a la presidencia podría ser la oportunidad de abrir un diálogo con México sobre el impase. Ojalá así fuera, aunque no comparto el optimismo: no solo que Scheinbaum es hechura de López Obrador, sino que, incluso si no se deja manejar por este en política interna, no se apartará un ápice en su política exterior. Tal vez, como todos los países desean, al menos modere la lengua contra los mandatarios extranjeros, que ya sería un avance.
Pero tengo otra razón de pesimismo: la señora Scheinbaum ha demostrado estar muy cerca de los correístas. Ella es la que, en el ejercicio de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dio cargos a muchos de los exfuncionarios corruptos sobre los que hay juicios, medidas cautelares o condenas en el Ecuador.
Deseo equivocarme y que con la nueva presidenta se abra algún camino de solución, cuyo primer paso sería reconocer que el caso de Jorge Glas no es persecución política, sino nada más un episodio de la lucha de un país contra la nefasta corrupción que lo corroe.