El Chef de la Política
'Jack, el destripador': la estrategia óptima del gobierno
Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
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El gobierno ha recibido un duro revés en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) devolvió el proyecto de reformas estructurales aduciendo razones legales y constitucionales.
Sin embargo, más allá del sustento normativo de la resolución, ahí hay una decisión política frente a la que el Presidente Lasso debe reaccionar… y, rápido.
Una opción, la más prudente, sería acoger lo sugerido por el CAL, desmembrar la propuesta original y asumir la estrategia de Jack, el destripador: ir por partes.
Si una de las principales preocupaciones está en el campo tributario y fiscal, pues bastaría con juntar los artículos sobre el tema, eliminar algunos que generan tensiones y presentar un proyecto con el carácter de económico urgente.
Allí hay espacio para el diálogo con Izquierda Democrática, algunos independientes y eventualmente con el ala de Pachakutik que no responde a la línea más radical.
Tanto el PSC como UNES son parte de una oposición poco abierta al diálogo por lo que allí lo que se podría conseguir, a lo sumo, es que permitan la aprobación de la ley por omisión; vale decir, por falta de respuesta legislativa dentro de los treinta días.
Si opta por esta salida, el gobierno debe posicionar entre la gente la idea de que quienes, efectivamente, tendrán que pagar más impuestos son un porcentaje mínimo de la población.
Con ello, el siguiente paso sería la reforma laboral, presentada en vía ordinaria. Allí se debe valorar en primer lugar la pertinencia de varios artículos que generan tensiones entre diversos sectores políticos y sociales.
Si hay disposiciones legales que no ayudan a acercar posiciones entonces lo más prudente sería eliminarlas o reorientarlas pues, a diferencia de lo que ocurre con el tema tributario, en este campo la narrativa del gobierno es menos convincente.
El intento de posicionar la idea de que las reformas laborales conducen necesariamente a dos millones de empleos es poco creíble, pues implica asumir que la ley tiene un efecto determinístico sobre la realidad.
Además, el gran temor que circula entre varias organizaciones es que, con la implementación de la reforma, se trasladará a los actuales empleados al nuevo régimen. Frente a ello, no es suficiente que el gobierno diga que esa no es una opción.
Allí se necesita una abierta declaración pública de los sectores empresariales en ese sentido y, adicionalmente, una expresa disposición en el proyecto de ley.
Aún con todos los cambios mencionados y si las cosas van bien, el gobierno no tendría una reforma laboral antes del primer trimestre del año entrante.
En efecto, asumir la estrategia de Jack, el destripador, no solo implica diseccionar de forma adecuada, sino además tener paciencia. Esa paciencia que tanto cuesta a los políticos y a los organismos multilaterales de crédito, acostumbrados a pensar que las cosas se hacen en un abrir y cerrar de ojos.
Así, una vez que ambas leyes estén aprobadas entonces vendría el tiempo para el resto de reformas que, si bien pueden ser conexas, deben esperar su turno.
En resumen, seguramente al final del período de gobierno se habrá avanzado en buena parte de las medidas que el proyecto de ley pretendía aprobar en treinta días.
La otra opción es que el gobierno ofrezca la batalla democrática que ha insinuado el Presidente Lasso y que, lejos de aclarar el panorama, lo que hace es ensombrecerlo. En esa batalla, una salida sería enviar nuevamente el proyecto de ley en condiciones similares.
Surge inevitablemente una pregunta: ¿Por qué razón el CAL cambiaría su posición? Como la respuesta es obvia, lo que se podría entender es que esa estrategia buscaría dar sustento a la propuesta de consulta popular ante la negativa de la legislatura a dar trámite a la propuesta oficialista.
Sin embargo, la posición de la Asamblea Nacional, que ya ha sido expresada por los jefes de bancada, va en el sentido de que están dispuestos a discutir la propuesta del gobierno siempre y cuando se la presente en conformidad con lo resuelto por el CAL.
Aunque el gobierno podría argumentar que el voto de los miembros del CAL refleja la posición de sus organizaciones políticas, ahí existe un gran espacio para que la Asamblea Nacional defienda políticamente el NO en la consulta popular.
Además, los sectores sin representación en esa instancia, como el PSC, tendrían aún más espacio para plegar en favor de la negativa.
En definitiva, una consulta popular a la que no le preceda una negativa expresa de la Asamblea Nacional, no solamente del CAL, podría llevar al gobierno a una disputa electoral en la que tendrá que bregar mucho para ganar.
Seguir la estrategia de Jack, el destripador, parece ser la salida menos conflictiva para el gobierno.
Aunque ir por partes alarga los tiempos de cara a la consecución de los objetivos planteados, resulta una opción más segura frente a la confrontación que implica una consulta popular, más aún si no existe de por medio un rechazo formal de la Asamblea Nacional a las propuestas del Ejecutivo.
Independientemente de ello, sostener ahora mismo la idea de la consulta popular bajo el argumento de la popularidad del Presidente Lasso debe llevar al gobierno a discutir una cuestión clave: en el momento de votar en una consulta popular, la ciudadanía priorizará el apoyo al Ejecutivo o a la organización política a la que dio el voto hace apenas unos pocos meses.
Ahí las dudas seguramente se acrecentarán. Por todo ello, frente a la incertidumbre, la estrategia de Jack, el destripador, sigue siendo la mejor opción.