El informe país del FMI marca la agenda de política económica

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo público el informe país de revisión de la economía ecuatoriana que realizó la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento plantea estimaciones de crecimiento económico (aumento del producto interno bruto, PIB) de 2,8% para 2021 y de 3,5% para 2022, estando por debajo de las estimaciones del propio FMI para la economía global, que son de 5,9% y 4,9%, respectivamente.

Datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que el primer trimestre de 2021 se mantuvieron tasas de decrecimiento en todos los componentes del PIB, con excepción de las importaciones (que restan en el cálculo del PIB) que crecieron 1,4%, y para el segundo semestre aumentaron en 22,3%.

Mientras que las exportaciones cayeron en el primer trimestre -2,9% y crecieron en el segundo 16%, estando por debajo de las importaciones, lo que reduce el saldo de la balanza comercial en los dos primeros trimestres del año.

Si bien, el segundo trimestre de 2021 es el primer periodo de aumento del consumo de los hogares y del gobierno, así como de la inversión, dando los primeros indicios de recuperación económica, se debe señalar que aún se mantuvo un PIB trimestral 5,5% menor que el del mismo periodo de 2019 (prepandemia). En efecto, la recuperación será lenta.

En términos de la agenda de reformas a la que el gobierno se compromete con el FMI, y que constan en el reporte país, se encuentran elementos de reforma fiscal que estaban incluidos en el proyecto de Ley que la Asamblea Nacional devolvió al Presidente.

Elementos como la reducción del gasto tributario, en 0,7% del PIB, mediante la eliminación permanente de gastos deducibles de personas naturales, afectando especialmente a quienes ganan entre USD 2.000 y USD 8.000 al mes, y mejoras de recaudación mediante sistemas simplificados por 0,3% del PIB, mientras que se establece una contribución temporal de patrimonios millonarios equivalente a 0,5% del PIB.

Se debe señalar que el gobierno fue más allá de lo señalado con el FMI al no reducir, y más bien pretender aumentar, el gasto tributario en favor de las empresas (que ya representa el 1,6% del PIB) e incluir la eliminación del impuesto a las herencias; mientras que no incluyó ninguna medida de combate a la evasión y elusión fiscal (estimada en cerca del 7% del PIB).

Al aumento de un punto porcentual del PIB en términos de recaudación, se suma el compromiso de recortar en 2,3 puntos del PIB el gasto público en 2022, y en 4,2 puntos hasta 2025, lo que se lograría terminando contratos temporales en el sector público, reduciendo reemplazos de personal que se retire, bajando el salario en el caso de nuevas contrataciones y mejorando los procesos y controles en compras públicas.

El reporte país además señala como elementos para reforma: generar cambios en la seguridad social, indicando la necesidad de reformar la edad de retiro y el cálculo de beneficios de pensiones, así como la flexibilización de las relaciones laborales para facilitar el despido (que se indica es muy costoso) y compensar por el salario básico (que se indica es muy alto) pretendiendo así mejorar la competitividad de las empresas.

Pasada la fase de vacunación masiva, con un Plan Nacional de Desarrollo presentado con demora, una proforma que no fue aprobada por la Asamblea Nacional, un proyecto de Ley devuelto por el órgano competente de la Asamblea Nacional por no cumplir requisitos legales y de forma, y sin haber presentado al país un plan económico, la agenda queda marcada por los compromisos a los que llegó el gobierno con el FMI.

Dejando muchos elementos a debatir, y dada la baja capacidad de diálogo y gestión política del gobierno, el mayor riesgo es que se intente imponer forzando interpretaciones legales a conveniencia proyectos que no cuentan con el debido apoyo ciudadano.

Incluso las amenazas de consulta popular o de una "muerte cruzada" cada vez son más lejanas como estrategia del gobierno por el riesgo cada vez mayor de no contar con apoyo electoral.

Dialogar o dialogar, con todos los sectores, y ceder posiciones, es la única alternativa que le queda al gobierno. Para esto necesitará revisar su círculo más íntimo el Presidente.