El híper presidencialismo impera en el país, limitando la democracia

El presidente Guillermo Lasso cumple siete meses en el gobierno. Se destaca el avance en el proceso de vacunación, en comparación con su predecesor que fue incapaz de ponerlo en marcha.

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado 'Creando Oportunidades', no da claridad sobre las políticas que pretende impulsar, lo que se refleja en la poca relevancia que tiene en los discursos y en las acciones gubernamentales.

La política económica se enmarca dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en que la prioridad es la reducción del gasto público.

La tasa de empleo adecuado, a noviembre de 2021 (33,7%), se mantiene por debajo de la registrada en 2019 (38,8%), antes de la pandemia, que marca el nivel a recuperar.

La mejora en el empleo adecuado, en comparación con la época de pandemia (2020), que se da por la eliminación de medidas de aislamiento, se registra únicamente el área urbana. 

No hay variación, entre 2021 y 2020, ni en el número de horas semanales de trabajo que se mantienen en 36 para hombres y 31 para mujeres; ni en el empleo en el sector formal, que continúa por debajo del 50%.

No hay recuperación. Seguimos lejos del estado prepandemia en que las horas de trabajo alcanzaban las 40 y 34, para hombres y mujeres, respectivamente; y el empleo formal superaba el 53%.

Las iniciativas económicas del gobierno no cuentan con respaldo político. Las dos proformas enviadas fueron devueltas por la Asamblea al Presidente; y ninguna de las leyes enviadas por el Ejecutivo ha sido aprobada.

En lugar de generar acuerdos, el Presidente promulgó la reforma tributaria mediante Decreto Ley, y el Presupuesto General del Estado se publicó sin aprobación de la Asamblea, y sin incorporar las observaciones que esta hizo.

Sin acuerdo alguno, y en medio de críticas sociales, a través de un Decreto Ley se aumentó el Impuesto a la Renta de las personas naturales, eliminando deducciones de gastos, y aumentando la carga fiscal para la clase media.

En campaña, Lasso había ofrecido no subir impuestos e, incluso, eliminarlos. Lo está cumpliendo, pero para los sectores más pudientes.

En el mismo Decreto Ley, se establecen exoneraciones del Impuesto a la Herencia, para quienes sacan divisas se reduce el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y a quienes no han declarado sus capitales en el exterior se les brindan remisión y amnistía tributaria.

Por otro lado, mediante decretos ejecutivos, sin participación alguna, se dispuso la liquidación de Seguros Sucre, y se expidieron las políticas petrolera, minera, de telecomunicaciones y de arbitraje de inversiones.

Por la misma vía, el Presidente ha incrementado el precio de los combustibles y prevé eliminar el ISD y reducir el Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). A su discrecionalidad.

La relación con otras fuerzas políticas es coyuntural.

A pesar de no tener mayoría no se promueve un acuerdo programático con el Legislativo. Resultan más fáciles las mayorías móviles, con acuerdos poco transparentes, para votar o no votar en cada caso.

La relación con sectores sociales es tensa.

A los transportistas, para evitar su movilización, les ofrecen un subsidio de combustible focalizado y otras compensaciones.

Al movimiento indígena le invita a dialogar, y acto seguido, haciendo gala de autoritarismo el Presidente señala que va a "enfrentar con todo el poder del Estado" a su dirigente.

Para las personas trabajadoras, se anuncia el aumento del salario básico para 2022, pasando de USD 400 a USD 425.

En buena hora, aunque con bajo impacto dado el contexto de creciente informalidad, las perspectivas de una reforma laboral que busca la flexibilización de contratos y jornadas, y la incertidumbre sobre el ofrecimiento de llegar a USD 500.

De esta manera el Gobierno Nacional limita la democracia al ejercicio de la representación, abusando del híper presidencialismo imperante, segmentando los diálogos para facilitar la entrega de beneficios particulares o de grupo a quienes los aceptan y amenazas a quienes se niegan, y aprovechando la incapacidad de la Asamblea Nacional para cumplir su rol de espacio de deliberación.

Lejos están las ideas de una democracia participativa, y la madurez política para asegurar la paz social mediante la construcción de acuerdos nacionales.