El gobierno lanza popurrí de medidas, entre las que hay contradicciones

El Gobierno Nacional aprovechó el inicio de un largo feriado para tomar varias acciones.

El 26 de octubre emitió los decretos ejecutivos 238 y 239 en materia eléctrica, que dan paso a la participación privada en este sector estratégico, y que se suman a los decretos ejecutivos 95, de extracción petrolera, y 151 de minera, en cuanto al manejo por vía privada de los recursos naturales y la energía.

El 28 de octubre ingresó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal con carácter de urgente en materia económica. El mismo día, el presidente salió de viaje hacia Europa.

El 30 de octubre se entregó a la Asamblea la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2022, que alcanza los USD 33.900 millones y prevé un déficit de USD 3.783 millones

El 1 de noviembre, el presidente llegó a Glasgow y señaló que se ampliará la reserva marina de las Galápagos. Algo bueno; aunque a matizarse por la política de extracción de minas y petróleos que fomenta, y las reformas legales con las que pretende mayores inversiones turísticas en las Islas.

Todo un popurrí de medidas, propuestas y anuncios, unos sin discusión previa y otros con plazos de urgencia para el debate y búsqueda de acuerdos democráticos, o bien para que entren en vigencia lo antes posible.

Con todas esas distracciones, lo urgente, por los plazos, para la Asamblea Nacional es pronunciarse sobre el proyecto de ley.

La propuesta incluye distintas materias, que buscan integrarse discursivamente, planteando reformas a por lo menos 19 cuerpos legales que van desde lo tributario hasta el sistema ecuatoriano de calidad, pasando por hidrocarburos, telecomunicaciones, comercio, control de poder de control del mercado, el sector financiero, y hasta las Islas Galápagos.

En cuanto a recaudación, el informe del Ministerio de Economía y Finanzas indica que se espera aumentar los ingresos tributarios en USD 677,51 millones al año, además de USD 728,49 millones de contribuciones especiales a recaudar entre 2022 y 2023.

Un valor claramente insuficiente para cerrar el déficit fiscal. Es de esperar entonces que vendrán fuertes recortes en servicios públicos.

De una primera revisión del proyecto hay tres elementos polémicos que requieren un debate particular, por los privilegios que se plantean para ciertos sectores pudientes del país (los que tienen capitales afuera, los que heredan fortunas y quienes no pagan impuestos):

Primero, la insistencia en un régimen de regularización de activos en el exterior. En la exposición de motivos el gobierno señala que la salida no declarada de divisas se debió a la persecución de gobiernos pasados; y señala que con este régimen se quiere generar transparencia.

Sin embargo, en la práctica propone una amnistía. Pagar un solo impuesto reducido a cambio de que se den por cumplidas las obligaciones tributarias de Impuesto a la Renta e Impuesto a la Salida de Divisas sobre los capitales declarados.

Además, genera impunidad, al establecer que se iniciarán procesos de investigación penal por delito de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, ni defraudación aduanera; y señalar que la identidad de los sujetos pasivos, así como la información que proporcionen será reservada.

Si se quiere mejorar esta propuesta, hay que transparentar que se trata de una remisión; y de querer seguir adelante con esa idea acordar los términos. Por ejemplo, aplicar únicamente a capitales que regresen al país o fomenten la producción nacional.

Lo que no se puede aceptar es que se pretenda generar un mecanismo legal para darle opacidad a la información tributaria e impunidad a la evasión.

Segundo, no es pertinente, que, en la situación fiscal actual, se pretendan nuevas exoneraciones de impuestos a quienes más tienen. Lamentablemente, en esto insiste el Presidente al proponer exoneraciones al Impuesto a la Herencia.

Tercero, se pretende abrir la puerta para que conflictos tributarios puedan ser llevados ante mediación y arbitraje. Si bien el argumento es que estos procesos son más ágiles y menos costos para las partes que un juicio, en la práctica se estarían posibilitando permanentes remisiones (bajo figura de acuerdo), y de esa manera incentivos a no pagar los impuestos.

En un país con altos niveles de evasión y elusión fiscal como Ecuador, cada uno tiene que pagar lo que debe pagar, y no abrir más opciones para encontrar la forma de no pagar, pagar después, o pagar menos.

De hecho, en la justificación del proyecto se indica que al 31 de agosto hay USD 4.925 millones pendientes de recaudación, de los cuales USD 2.905 millones son el capital de la obligación (la diferencia es intereses y recargos).

Si se pretende hacer una nueva condonación de multas e intereses, se la debe llamar como tal, para transparentar el debate, los costos y beneficios.

El debate está en la Asamblea Nacional, pero es derecho y deber de toda la sociedad expresarse, para que la necesaria reforma tributaria sea en beneficio de las mayorías.