El gobierno fracasa en controlar las cárceles tomadas por las mafias, herencia siniestra del correísmo

Una reunión emergente de las máximas autoridades de todas las Funciones del Estado, convocadas por el presidente Guillermo Lasso, en Guayaquil, tres días después de la masacre en la Penitenciaria del Litoral, ratifica la gravedad de lo que ocurre en las cárceles.

Y parece la respuesta estratégica a la indignación colectiva, por el inaudito silencio oficial, tras la matanza del fin de semana.

La sensación de que estamos a un tris de que las mafias hagan del Estado ecuatoriano su rehén, heló la sangre de quienes entienden la dimensión del mal.

Recién, al finalizar el domingo, se anunciaron las renuncias del jefe del Comando Conjunto y del director del SNAI, y, el lunes, ingresaron las Fuerzas Armadas.

El sábado, un estado de desvarío atacó al liderazgo nacional, que perdió los papeles.

Mientras la gente lloraba a sus muertos y el deterioro de la imagen del país, a escala internacional, aumentaba, por las recurrentes masacres, las más altas autoridades del Estado se contradecían en público, con insensatez.

Los sendos comunicados, en Twitter, pusieron en evidencia el fracaso del Estado en su conjunto, para encarar al narcotráfico, un monstruo de mil cabezas que azota Ecuador. Fue patético.

Lasso llamó la atención a la Corte Constitucional (CC), a la que pidió "herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos".

La CC rechazó esas declaraciones porque "pretenden evadir sus propias responsabilidades".

La Fiscalía también saltó al ruedo para exigir celeridad procesal al Consejo de la Judicatura, y pedir a los jueces que prioricen las medidas cautelares.

Nada dijeron de las declaraciones de la comandante general de la Policía, Tannya Varela, quien revelo que no pudieron ingresar a sofocar la violencia, porque no hubo condiciones para garantizar la seguridad de los uniformados, reafirmando que el Estado es incapaz de controlar la Penitenciaría.

Tampoco hubo un compromiso para propiciar una investigación, a fin de descubrir por qué se atacó a personas que nada tiene que ver con las bandas vinculadas al narcotráfico, en una prisión en la que 40% de detenidos no tiene sentencia.

Las sospechas de un acto de terrorismo, con la intención de desestabilizar al gobierno, creando conmoción social, señaladas por el vocero presidencial, en Teleamazonas, mostrarían a un gobierno atrapado en sus propias debilidades, con nulos organismos de Inteligencia, que alerten a tiempo, en momentos en que una oposición, a la que todo le sale mal, busca el caos.

La cacería humana del fin de semana, transmitida por Facebook, se ha producido bajo un estado de excepción, causando perplejidad social, al comprobar, una vez más, que tal medida no sirve.

En alguna parte del mundo, alguna institución o persona debe saber cómo encarar a las mafias y retomar el control de las cárceles. Pedir asesoría, buscar la asistencia internacional, es urgente.

Mientras tanto, hay que desarmar a las otras mafias: la de funcionarios y empleados que permiten el ingreso de armas, munición, granadas y explosivos, haciendo de las cárceles un polvorín, cuando a una persona que accede de visita la 'escanean', de pies a cabeza.

Se trata de una labor titánica que conocían desde la campaña cuándo aseguraron tenían un plan para encarar el desafío; pero, hasta hora, solo han reaccionado ante los hechos consumados.

Denuncien a quienes permiten el ingreso de las amistades de los capos, disfrazadas de guías penitenciarias; a quienes destruyen los inhibidores de celulares y a los que venden servicio de Internet, licor, alimentos y drogas de todas las clases.

Las instituciones del Estado han sido penetradas por el narcotráfico y debe haber una limpieza, para extirpar la contaminación.

La Penitenciaría tiene secretos que el país desconoce, pero deben ser revelados. Allí estaría la sala de mando de los traficantes de drogas, que se han tomado el territorio nacional.

Las matanzas en las prisiones de Ecuador comenzaron en el gobierno de Moreno cuando, en febrero pasado, se produjeron amotinamientos simultáneos en tres provincias y hubo 79 muertos.

Pero fue durante el correísmo cuando el narco se introdujo, de lleno en el país.

En 2010, Anabel Hernández, la destacada periodista mexicana que destapó el contubernio del poder político y el narcotráfico, en su país, dijo, en una entrevista a diario HOY, que Ecuador era "una bodega de cocaína".

Fue un escándalo, pero más repercusión hubo fuera del país, porque miraron a Ecuador como el nuevo refugio del narco.

Casa adentro, el nombre de un capitán del Ejército ecuatoriano debió ser mencionado en el juicio al Chapo Guzmán, como cómplice del capo; se debió hallar droga en la Base de Manta, y descubrir que, desde el rastrillo de las Fuerzas Armadas, se sacaban armas para los grupos violentos, en la frontera con Colombia, y que varias avionetas con dólares y droga cayeran, para admitir que el país está penetrado por el narcotráfico, como había denunciado, tiempo atrás, Francisco Huerta Montalvo.

Eso sí, quienes arruinaron a la Nación, siendo permisivos con las bandas, con cuyos integrantes hasta se fotografiaban no pueden, hoy, dar lecciones de cómo actuar frente al mal. Son el mal mismo.  

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”, decía Aristóteles. En este caso, se conoce el origen, solo queda cortar el nudo, caiga quien caiga. Y salvar al Ecuador.