La gobernabilidad no significa un cheque en blanco

La gobernabilidad es un término desarrollado a partir de los años 1970, de inspiración conservadora que busca limitar la libertad de acción de los distintos actores de la sociedad, con el fin de garantizar condiciones para que esta sea 'gobernable' para quien ejerce el poder.

La búsqueda de la imposición del poder, para ejercerlo sin contradictores ni necesidad de acuerdos, renunciando al diálogo político, es el germen de las monarquías y de las dictaduras.

En un contexto democrático, la gobernabilidad llama a que, mediante el logro de equilibrios (estables y consensuados) entre los distintos actores sociales, políticos y económicos, se establezcan condiciones que otorguen una razonable capacidad de mando para quien ejerce la representación política.

Pensando en el Ecuador actual, en cuanto a la nueva conformación de la Asamblea y a la posesión del nuevo Gobierno, y los anuncios hechos de pedir y ofrecer gobernabilidad, es importante señalar que la gobernabilidad no es un cheque en blanco, como irresponsable u oportunistamente se puede pretender, para dejar hacer y dejar pasar cualquier propuesta que venga desde la Función Ejecutiva.

Hay por lo menos tres problemas con una mirada de gobernabilidad conservadora:

Primero, limita la posibilidad de avanzar hacia mejores instituciones del Estado, acrecentando el hiperpresidencialismo que tantos abusos ha provocado en nuestra historia republicana, avalando el autoritarismo y las 'metidas de mano' en la justicia y en entidades de regulación y control económico.

Segundo, restringe la democracia a la simple elección de representantes. La democracia actual (contemporánea) no se limita a elegir y a ser elegido.

La democracia se amplía hacia su ejercicio pleno (como un derecho) fomentando la movilización, la manifestación y la deliberación permanente con la más amplia participación posible, y en la toma directa de decisiones de ciudadanos y ciudadanas libres e informadas sobre los asuntos públicos.

Tercero, es un concepto que está siendo superado. Aludir a la gobernabilidad da paso a la falsa idea de que la opinión de quien ha ganado una elección es la única válida, o es superior a la de las otras personas.

A esto se debe sumar que, para mejorar la democracia en Ecuador y buscar la legitimidad de la acción pública debemos partir del reconocimiento de que el proceso de elección de representantes marcó con claridad, como varios analistas lo han señalado, que tenemos un país partido en tercios.

Están quienes no votaros o anularon (4,2 millones de empadronados); quienes apoyaron una opción radicalmente distinta a la ganadora (otros 4,2 millones de empadronados), y que tienen la primera fuerza en la Asamblea Nacional; y quienes votaron por la opción que ganó (4,6 millones de empadronados), pero que en la Asamblea Nacional son apenas la quinta fuerza política.

Además, dentro de la opción que ganó hay 1,8 millones de votantes que apoyaron al candidato en primera vuelta, y 2,8 millones que se adhirieron a él, en muchos casos más que por apoyo por rechazo a la otra alternativa.

En este marco, el camino democrático es la gobernanza en la que se reconoce una democracia más amplia, con mayor participación social y permanente diálogo político, con agendas claras y transparentes, para buscar consensos y garantizar contrapesos, en la que prevalezca el bien común, el Estado se libere de intereses corporativos y logre una mayor descentralización de las decisiones.

Construir confianza en las instituciones del Estado es quizá el mayor desafío para el desarrollo del país, y eso no pasa por pedir que a alguien le dejen gobernar, sino por exigir que se gobierne bien, con todos y para todos, de manera articulada y sobre la base del diálogo social.

¿Cómo avanzar?

Designando autoridades en la Asamblea Nacional que generen un contrapeso efectivo. La segunda y tercera fuerza política han logrado una alianza que puede marcar, con legitimidad, el espacio para el diálogo político.

Garantizando, además de independencia, transparencia, pertinencia, oportunidad y, sobre todo, imparcialidad en la administración de justicia.

Permitiendo y fortaleciendo los espacios de acción de la organización social autónoma para la incidencia y toma de decisiones en la política pública, la legislación y el control social.

Y, finalmente, dando impulso a la construcción del Estado plurinacional y descentralizado, que en la práctica implica dar poder a los territorios y a los pueblos y nacionalidades para la toma de decisiones sobre su propio bienestar, su modelo de desarrollo y la suficiencia de recursos para implementarlas.