Fuera Senescyt… ¿fuera?

Uno de los debates que se ha instalado recientemente en Ecuador tiene que ver con la pertinencia de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Senescyt. Desafortunadamente, un tema tan importante para el desarrollo del país se asume de forma epidérmica, superficial.

La discusión se limita a dilucidar si esta institución debe desaparecer o no para de allí, inmediatamente, apostar por la primera opción y los medios legales para hacerlo.

De hecho, y como suele suceder en la parroquia, los debates profundos de la política se reducen a las formas jurídicas para generar el cambio sin discutir previamente si existen razones suficientes para dar un paso en tal o cual sentido.

Nuevamente, el fetichismo legal impera: si hay falencias en la educación superior la salida es eliminar el ente de regulación y planificación. Como siempre, el problema está en las instituciones, nunca en las personas. Más aún, parecería que en esta ocasión la dicotomía es mucho más perversa: más o menos aparato estatal.

La Senescyt nació como una idea clara, innovadora y que en su sentido puro es beneficiosa para la educación superior, el desarrollo de la investigación científica, la innovación y el fomento de la tecnología.

Es cierto que, en el camino, la institución se tornó excesivamente controladora, burocratizada en el peor de los sentidos y marcada por objetivos provenientes del poder político de turno más que por una pretensión de objetividad en el cumplimiento de fines sociales.

Sin embargo, esos son excesos que tienen que ver con la coyuntura política que vivió el país y, precisamente por ello, son aspectos que pueden modificarse ante la presencia de un escenario diferente, tal cual sucede ahora mismo.

Por tanto, si bien en la Senescyt hay cosas que cambiar, otras que deben ser modificadas e indudablemente muchas que deben ser eliminadas, creer que la institución debe desaparecer puede llevar a Ecuador, como ya ha sucedido en tantas ocasiones, a que el remedio resulte mucho más dañino que la propia enfermedad que se procuraba combatir.

El país no debe perder de vista que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación requieren de un ente público que trace las directrices de sus respectivas actividades. No es posible pensar en un sistema como el mencionado que funcione de forma anárquica, con autocontrol entre los actores intervinientes.

Esto sería factible si y solo si existiría relativa simetría o igualdad de condiciones entre quienes forman parte del sistema.

Como ese no es el caso ecuatoriano, la presencia de Senescyt es imprescindible para establecer parámetros mínimos de calidad en cuanto a la investigación y la tecnología, para discriminar entre las instituciones que pueden ser parte del sistema y las que no.

En definitiva, para evitar que la educación superior se convierta en un lucrativo negocio en el que se entregan titulaciones de tercer y cuarto nivel de forma indiscriminada. En otras palabras, sin la Senescyt se incrementan las posibilidades de que retornen las universidades de garaje.

Si hay interés genuino y patriótico en este tema, la discusión a la que el Presidente Guillermo Lasso debe convocar está relacionada con la búsqueda de los medios para liberalizar la excesiva normativa de la Senescyt. Esto, sin llegar al punto en el que se entregue a la libre oferta y demanda un campo de acción en el que el Estado no puede estar ausente.

El aparato estatal no puede estar ausente en este tema por una razón simple: allí se juegan intereses protegidos bajo el paraguas del bien común.

En otras palabras, hay que debatir sobre la diferencia entre regulación y control. Cualquier sociedad de mercado requiere de regulación. Sin ella es imposible que actores políticos, económicos y sociales puedan conseguir sus objetivos individuales y colectivos, en medio de una convivencia social pacífica.

No se trata de una visión estatista del mundo, que es la visión del control, sino de una posición en la que las compensaciones sociales puedan morigerar las diferencias económicas y sociales existentes.

En esa línea de reflexión, para que la justicia pueda operar con imparcialidad, se requieren reglas del juego claras, asumidas como legítimas y con un ente público que las administre de forma adecuada. Ese ente no puede ser sino la Senescyt.    

El Presidente Lasso ha planteado la posibilidad del retorno al libre ingreso a la universidad pública. Esa oferta electoral, en modo alguno, se tensiona con la existencia de la Senescyt, sino que bastaría con ciertas reformas legales e incluso puramente reglamentarias.

Antes de aquello; sin embargo, conviene una discusión sobre los pros y contras de dar un paso en ese sentido. En modo alguno se debe satanizar, de entrada, el libre acceso universitario pues es el modelo que está presente en otros países; Argentina y Uruguay por ejemplo, y funciona relativamente bien.

Tampoco se debe limitar el debate a cuestiones puramente económicas, ya que, en ese caso, la idea de las compensaciones y el fomento de oportunidades a la población menos aventajada queda sin ningún espacio.

Si la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación van a ser vistas por el próximo gobierno como un vehículo para reducir las groseras asimetrías que tiene el país entonces la Senescyt es imprescindible.