¿Cómo fomentar la corrupción? El Municipio de Quito como caso emblemático

La corrupción en el ámbito estatal crece no solo cuando los funcionarios son parte activa de los acuerdos ilegítimos, sino también cuando diseñan políticas públicas que incentivan prácticas reñidas con la ética y la ley.

Aunque en este segundo caso no se insinúa que quienes elaboran las normas tengan la intención directa de beneficiarse, al menos por omisión se los puede juzgar como actores que fomentan la corrupción.

Ese es el caso del Municipio de Quito, que mediante una ordenanza mal concebida respecto a las sanciones por el 'pico y placa' y, específicamente, al retiro de los vehículos, no sólo da espacio a que la corrupción pública vaya en aumento, sino que coloca a la ciudadanía como víctima de las prácticas de chantaje y extorsión que suelen acompañar a los operativos de control que vemos en lo cotidiano.

Si la ordenanza dispone restricciones al tránsito vehicular en determinados días y horas, el incumplimiento podría ser perfectamente sancionado con una multa que sea reportada al sistema municipal y que el propietario del vehículo tenga que pagar con la siguiente matrícula de su automotor o inmediatamente a través de los canales virtuales del Municipio de Quito.

De esta forma, no solo se cumpliría con el objetivo de reprender una acción prohibida, sino que, además, si el vehículo continúa transitando podría hacerse acreedor a una multa adicional.

Probablemente, la persona que ha sido sancionada en un día pensará dos veces antes de seguir circulando, pues se conoce de antemano que en las horas en las que el 'pico y placa' está vigente, los agentes municipales recorren la ciudad a la caza de 'clientes', no de 'infractores'.

Sin embargo, a la multa ya existente, el Municipio de Quito ha agregado el retiro del vehículo y una serie de trámites y pagos que la persona debe realizar antes de recuperar el bien que le pertenece.

Este conjunto de trabas, que adicionalmente implica pagar por el arrastre del vehículo y el parqueo, son detalladamente comentadas por los agentes de tránsito cuando el conductor es detenido.

Tan acucioso es el agente de tránsito en su descripción que el propietario del vehículo, en muchas ocasiones utilizado para actividades laborales, no tiene otra opción que ofrecer una 'ayuda', un 'arreglemos', un 'jefe no sea malito' o abiertamente un 'yo le pago a usted lo de la multa, pero no me quite el auto'.

Así, la ciudadanía se convierte en víctima de la corrupción que ni siquiera es propiciada directamente por el agente de tránsito, sino por la ignorancia de los funcionarios públicos que, por diversas razones, terminan fomentando conductas ilegítimas.

De ninguna manera quiero decir que si se elimina el retiro del vehículo y se diseña un mecanismo de pago virtual de la multa que sea expedito, la corrupción de los agentes de tránsito se va a eliminar.

De hecho, se mantendrá vigente el acoso de la agencia metropolitana de pico y placa, como debería llamarse, pues solo en esas franjas horarias se los ve en la ciudad, pero indudablemente los incentivos que tiene la ciudadanía ahora para 'arreglar' con el uniformado descenderían de manera considerable.

Al final, si me sancionan y pago luego, es menos probable que sucumba ante la idea de sobornar al agente metropolitano.

En sentido contrario, si tengo que pagar ahora mismo y, además, enfrentar la monstruosa burocracia municipal que hará todo lo posible porque mi vehículo salga en el mayor tiempo posible, ofrecerle al agente dinero 'para las colas' será una opción a considerar.

Si lo que busca el Municipio de Quito es evitar la excesiva circulación de vehículos y el 'pico y placa' es la medida que tiene a la mano, al menos debería pensar que la sanción adicional del retiro del vehículo no beneficia al interés público a la hora de aumentar la conciencia ciudadana de lo que constituye la infracción a la ordenanza.

Como he mencionado y miles de conductores en la ciudad lo avalarán, retirar los vehículos lo único que fomentan es la corrupción de la agencia metropolitana de pico y placa.

Si este razonamiento luce lógico, entonces el ciudadano de a pie no entiende por qué el Cabildo de la capital mantiene esa sanción absolutamente prescindible.

La gente, desde su sabiduría popular, dice que quizás se deba a que la corrupción que generan los uniformados tiene un 'efecto cascada', es decir, que se dispersa a todos los funcionarios en la cadena de mando, concejales incluidos.

Si esto no es así, ¿cuándo el Municipio de Quito dejará de fomentar la corrupción?