Federalismo en Ecuador: una crítica

Los países distribuyen el poder político a través de dos modelos: unitario o federal. En los países unitarios el poder está centralizado y desde allí se reparte hacia las provincias.

En los países federales el poder se encuentra en las provincias y desde allí se conceden ciertas facultades al Gobierno Nacional, como la persecución de ciertos delitos, las políticas de seguridad nacional o la emisión de moneda.

Aunque en ambos modelos es la voluntad popular expresada en las urnas la que elige autoridades, en el unitarismo el poder va de arriba hacia abajo, mientras que en el federalismo va de abajo hacia arriba.

Si bien la fórmula luce clara, al interior de los países unitarios y federales hay distinciones. En algunos países unitarios los procesos de descentralización y desconcentración son más notorios y, por tanto, el poder central es menor.

En algunos países federales la autonomía relativa de las provincias no es tan profunda, por lo que el Gobierno Central mantiene la hegemonía en la toma de decisiones públicas.

A partir de la distinción conceptual indicada, existen varias implicaciones que se deben tomar en cuenta en caso de pensar en un modelo federalista para Ecuador.

En primer lugar, cada provincia federada debe contar con su propia constitución política. A fin de que no se generen tensiones con la de alcance nacional, la de los trescientos años de Montecristi, esas normas supremas deberían guardar armonía con ésta.

Ahí está un primer punto de debate pues, dadas las características y novelerías de la actual carta suprema, las dificultades de coordinación entre las disposiciones constitucionales provinciales y nacionales no tardarían en aparecer.

Si ahora mismo Ecuador es el país en el que administra justicia constitucional cualquier juez, casi hasta el juez de aguas del 40, solo imaginar el dantesco escenario de las disputas jurídicas y políticas que se vendrían debería hacernos pensar bien antes de dar ese paso.

En segundo lugar, cada provincia federada tendría su propio Gobierno Ejecutivo, Legislatura (unicameral o bicameral) y Poder Judicial.

Desde luego, cada provincia deberá contar con la oficina electoral que organice los procesos correspondientes. Así, durante el año entero el país tendría elecciones federales, seccionales (alcaldes y prefectos) y nacionales.

En cada provincia el ciudadano, el elector, votaría por su propio jefe de gobierno y por el Presidente de la República, por sus legisladores y por los que irán a Quito a la Asamblea Nacional.

Si así lo considera el constituyente, incluso la elección de los magistrados de la Corte Suprema de la provincia podría darse a través de elección popular, como ahora mismo ocurre en Bolivia.

El beneficio de este modelo es que permite ampliar la carrera política y alternar entre lo nacional y lo provincial, dado que existen más cargos de elección popular, pero al mismo tiempo torna más notorio el vínculo de dependencia entre los caciques provinciales y sus 'delegados' ante los distintos espacios de la política nacional.

Los argentinos tienen mucho que contarnos sobre este tema.

En tercer lugar, cada provincia federada tienen sus propios recursos económicos y otros los administra privativamente el Gobierno Nacional. Ahí existirían los primeros roces, pues algunos dirán que el petróleo debe ser de administración centralizada, mientras que las provincias en las que está el hidrocarburo reclamarán su derecho a explotarlo.

Aunque esa discusión se zanje de forma pacífica (lo que es poco probable) y lo mismo ocurra con la disputa relacionada con quien tiene el derecho a beneficiarse de la explotación de la minería, por ejemplo, lo cierto es que el modelo federal dejará entrever con mayor notoriedad las provincias con recursos económicos y aquellas en las que los niveles de pobreza y subdesarrollo se vuelven más notorias.

Por ello, lejos de resolver el problema de las provincias con población indígena, volcar al país hacia el federalismo hará más evidentes las asimetrías.

Las abismales diferencias en cuanto a niveles de pobreza de la provincia del Chaco o de Santiago del Estero respecto a la Ciudad de Buenos Aires son otro ejemplo de lo anotado.

En cuarto lugar, y aún omitiendo las diferencias de orden económico, las disparidades en cuanto a recursos humanos que puedan emprender en las amplísimas labores y funciones de cada provincia federada serían mucho más notorias que las existentes ahora mismo.

En un país en el que la educación y la tecnología llegan de forma selectiva por razones de diversa naturaleza, con una organización federal las diferencias en cuanto a destrezas y habilidades para la administración pública serían más claras y contraproducentes.

En fin, con una propuesta federal, el país del caos que ahora tenemos se convertiría en el país de los veinticuatro caos. Unos más intensos que otros, pero todos de caos.

Si la apuesta es resolver conflictos sociales y políticos, la vía del federalismo no parece ser la solución sino, por el contrario, un llamado a que las tensiones vayan en aumento.

Y si lo que se busca es unidad, quizás un buen primer paso es construir la nación ecuatoriana, ahora en ciernes. El país no tiene una fecha nacional y tampoco una figura política que nos vincule a todos, independientemente del lugar en el que hayamos nacido.

Hay fechas cívicas de provincias y ciudades, pero no una de carácter nacional. El 24 de mayo, destinada a ser la gran opción de encuentro, este año pasó inadvertida como fiesta patria.

Ni el hecho de que se conmemoraban doscientos años fue razón suficiente para que el gobierno asumiera el reto de posicionar ese día como principio de referencia de Nación.

Ahí, en la construcción de un imaginario en el que nos reconozcamos todos y, a partir del que se pueda generar solidaridad social, podría estar un objetivo de Estado.

Desde luego, eso sería factible si el interés genuino de nuestros políticos fuera la unidad nacional. Ojalá pronto pase la calentura del federalismo y nos concentremos en mejorar lo poco que ya tenemos.