Los subsidios son una forma en la que los gobiernos ayudan a que ciertos productos o servicios sean más baratos y accesibles para las personas que los necesitan.
En Ecuador, el subsidio a los combustibles está vigente desde 1974, época del primer auge petrolero, y este fue creado como una medida para disminuir las desigualdades económicas de los ecuatorianos y para fortalecer el apoyo ciudadano al régimen militar, comandado por el general Guillermo Rodríguez Lara.
Después de 50 años de consumir combustibles subsidiados, es fácil considerarlos como un derecho, olvidando su verdadero objetivo, y eliminarlos puede resultar conflictivo.
Actualmente, sobran las razones para eliminar los subsidios:
- Atenuar el déficit fiscal,
- Combatir el contrabando,
- Corregir distorsiones (no benefician a los grupos vulnerables)
- Disminuir las emisiones de CO2.
Sin embargo, también hay una razón que por sí sola justifica la no eliminación del subsidio: el posible surgimiento de un estallido social, como ya sucedió en el pasado.
El anuncio del presidente Noboa de eliminar el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, con un ahorro esperado de USD 631 millones de los USD 3.092 millones que el Gobierno planificaba gastar en los subsidios a los combustibles en 2024, ya generó convocatorias a movilizaciones que comenzarán hoy.
A puertas de una campaña electoral, el momento para eliminar el subsidio a los combustibles es particularmente inoportuno, puesto que no solo está en juego la popularidad del primer mandatario, sino que el mismo precandidato-presidente está dando la oportunidad a los otros precandidatos para que se conviertan en superhéroes, pues es indudable que ofrecerán revertir la medida, aduciendo que la eliminación del subsidio empeorará la situación económica de los grupos desfavorecidos.
Si bien es innegable que habrá un impacto en la economía de todos los ecuatorianos, hay que tener claridad de que los más afectados serán quienes más tienen.
En un estudio realizado por Filip Schaffitzel de la Universidad Técnica de Berlín, junto a otros autores, entre ellos Rafael Osorio de la Escuela Politécnica Nacional, se ofrecen algunas pistas sobre qué tanto y a quiénes afectará la eliminación de los subsidios a la energía (gasolina, diésel, gas y electricidad). La investigación fue publicada en 2020.
En términos generales, los investigadores concluyen que la eliminación de los subsidios sí provocará un aumento en el gasto de los hogares, pero que los que más afectados serán los que más tienen, y que el nivel de incremento en el gasto varía según el tipo de energía.
En el caso del gas, la carga financiera de la eliminación del subsidio sería de USD 41,5 millones mensuales y esta se distribuiría casi por igual entre todos los quintiles de ingresos: 20% por cada uno.
Un quintil de renta es una forma de dividir la población en cinco grupos iguales considerando sus ingresos. Cada quintil representa el 20% de la población, ordenada de menor a mayor ingreso. El primer quintil incluye al 20% más pobre y el quinto quintil al 20% más rico.
Con relación a la eliminación de los subsidios al diésel y a la electricidad, esta generaría mayores gastos para los grupos de ingresos más ricos y los montos de los incrementos ascenderían a USD 53 y 47,2 millones mensuales, respectivamente.
Por último, los gastos adicionales originados por la eliminación del subsidio a la gasolina ascenderían mensualmente a USD 45 millones, y el quintil más rico tendría la carga más pesada (53%), mientras que los quintiles 4, 3, 2 y 1 aportarían con 20%, 13%, 9% y 5%, respectivamente.
En otro estudio realizado por Xavier Jácome y otros autores se llega a la misma conclusión en relación con la eliminación de los subsidios de la gasolina y el gas.
En conclusión, el efecto de la eliminación del subsidio a la gasolina es progresivo, afectará a quienes más tienen, mientras que el efecto de la eliminación de los subsidios al gas y al diésel es regresivo.
En otras palabras, la eliminación del subsidio a la gasolina supone el menor impacto económico para los hogares más vulnerables.
Para aliviar el impacto a las familias pobres, la medida más factible es aumentar el monto del Bono de Desarrollo Humano, debido a que ya existe toda una estructura. El aumento a este programa de transferencia de renta sería financiado con el ahorro generado por la eliminación de subsidios.
La eliminación del subsidio a los combustibles es una medida que afectará sobre todo a las clases media y alta, lo cual no es un dato menor, puesto que son estos sectores de la población los que tienen poder y fuerza para alzar sus voces y protestar con el fin de revertir la medida.
También, la posibilidad de que se aumente el monto del Bono de Desarrollo Humano puede provocar (más) desencuentros entre las clases media y alta y los más vulnerables, puesto que quedará la sensación de que se aumentó el Bono a costa de la eliminación del subsidio, lo cual, en la práctica, no es verdad.
Si al shock económico y social de la eliminación del subsidio a la gasolina, se le suman los problemas de inseguridad y violencia, la subida al IVA y la energía eléctrica que se prende y apaga, eliminar el subsidio a la gasolina puede ser la chispa que encienda los ánimos de los ecuatorianos. Sin embargo, Noboa no parece tener salida, tiene una espada de doble filo en sus manos.
El reto que enfrenta el presidente Noboa al intentar eliminar los subsidios a los combustibles es enorme y, aunque la medida busca aliviar el déficit fiscal y promover una economía más sostenible, el momento político y social hace que esta tarea sea especialmente difícil.
La eliminación de los subsidios, aunque necesaria, debe manejarse con extrema cautela para evitar una crisis mayor en el país y no permitir que los políticos oportunistas, que acostumbran a pescar a río revuelto, aprovechen este momento delicado para Ecuador para convulsionarlo, argumentando una falsa defensa a los más pobres.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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