Educación y salud, los grandes acuerdos de 2021

Luego de un año marcado por crisis de diverso orden, 2021 debería comprometernos a los diferentes sectores sociales alrededor de algunos acuerdos básicos. Estos acuerdos son el punto inicial a partir del que los grandes objetivos de la política o la economía pueden sostenerse.

Sin ellos por delante, ningún proyecto de renovación puede tener un futuro exitoso. Estos acuerdos constituyen, por tanto, el cemento de una sociedad en la que la libertad, el progreso y la tolerancia puedan germinar.

En primer lugar, está la educación. No es posible que seamos críticos, libre pensadores y tomadores de mejores decisiones en lo público si nuestra educación continúa en la calamitosa situación en la que se encuentra.

Para que las futuras generaciones no se dejen engañar con facilidad ante propuestas demagógicas de políticos sin principios ni valores es necesario que el Estado provea educación de calidad, laica y gratuita. Sin estas tres condiciones de por medio, nada de lo que se pueda proponer en el plano educativo tiene sustento.

Así, la posibilidad de que los sectores económicamente menos protegidos puedan reducir las brechas existentes está dada por el mecanismo compensatorio y de movilidad social que nace de la educación pública.

El apoyo a la iniciativa privada es esencial, desde luego, pero la discusión de fondo está en la tarea imprescindible del Estado para permitir que más niños y jóvenes enfrenten el porvenir con mayores y mejores herramientas.

No se trata de dádivas. Se trata de exigir derechos que permiten la constitución de sociedades libres. Es cuestión de equidad y acceso a oportunidades para una mejor competencia en el mercado laboral.

En segundo lugar, está la salud. La pandemia nos ha enfrentado a un sistema colapsado, sin políticas claras y sin presupuesto. Al igual que en el caso de la educación, no será posible que las grandes metas económicas y políticas puedan sostenerse si los más necesitados no pueden acceder a un servicio hospitalario de calidad y gratuito.

Tenemos casos cercanos, como los de Colombia o Chile, donde la salud no es más una obligación irrestricta del Estado y, como consecuencia de ello, la conflictividad social va en aumento. La ansiada estabilidad económica o política no tienen asidero si la población muere por falta de atención médica.

La competencia entre redes hospitalarias privadas debe ser garantizada y fomentada desde el aparato estatal, pues así el mayor beneficiario es el usuario del servicio. En efecto, esa debe ser una de las premisas.

Pero la otra premisa, indefectiblemente presente y no menos importante, es la que plantea que la salud pública no debe ser vista como una mera salida subsidiaria o la opción de menor calidad, dirigida hacia los más pobres. 

Así, con educación y salud pública garantizadas por el Estado, los principios de libertad y respeto a la propiedad privada pueden ser sostenibles en el tiempo y constituirse en principios creíbles para la mayoría de la población.

Mejor aún, ambos principios no pueden florecer en la sociedad democrática si no están respaldados por la expectativa de que, ante las desigualdades económicas que son parte de cualquier tejido social, es posible que a futuro mi situación actual mejore a través de las habilidades y destrezas que me ofrece la educación pública y la mediana certidumbre que me genera, en caso de ser necesario, un sistema de salud estatal proactivo y con efectiva capacidad de reacción.

Educación y salud pública de calidad requieren, por tanto, de un orden político en el que la acumulación de capital en manos privadas no solo sea posible sino que además se cuente con un entramado institucional que tutele y proteja la iniciativa y capacidad de innovación de los ciudadanos y de las empresas.

Sin embargo, dichas garantías son sostenibles en el tiempo, si y solo si, los excedentes de la acumulación se destinan a los menos aventajados de la sociedad. Solo en ese caso la democracia liberal republicana es justa y equitativa.

Por ello, únicamente con la retribución de los más aventajados hacia los que menos tienen, muchas veces por diferencias en cuanto a oportunidades y no a capacidades, es posible sentar las bases para acuerdos de mediano y largo plazo en lo económico y lo político.

En ese ámbito, la tributación basada en el principio de que los que mejor posicionados están en una sociedad determinada deben cooperar más, es la mejor forma de hacer posible una sociedad próspera en libertades, respetuosa de las diferencias y cohesionada  frente a las posibles adversidades.

No se trata pues de socialismo o liberalismo. Se trata simplemente de comprender la justicia como el resultado del cumplimiento del Imperio de la Ley en una relación de oferta y demanda de bienes y servicios en la que seamos capaces de observar las desventajas estructurales de unos respecto de otros para aminorarlas a través de la educación y la salud pública.

Sin un acuerdo de este tipo, cualquier aspiración de mejores días para el país es puramente coyuntural y será desbordada por la ira social que surge cuando el progreso no es factible.

Ojalá el 2021 sea el año en el que tomemos conciencia, las derechas y las izquierdas, de que sin educación y salud, gratuitas y de calidad, provistas por un Estado laico, el anhelo de mejorar nuestras vidas y las de las futuras generaciones serán simplemente entelequias.

Ojalá, en medio de tanto discurso sin sustento de los candidatos, haya un espacio importante para hablar de educación y salud.

En esos terrenos es donde el votante podrá discurrir entre quienes buscan una sociedad más justa y quienes solamente ansían el poder para afianzar sus privilegios.