Economía y Desarrollo
Ecuador retrocede en sus metas de desarrollo social
Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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El 24 de mayo el Presidente cumplirá su primer año en funciones, y deberá presentar al país, en su informe ante la Asamblea Nacional, la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, denominado 'Plan de Creación de Oportunidades', se organiza en cinco ejes, con 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas.
Como un aporte a la evaluación desde la ciudadanía, a continuación, se presenta la situación de algunas de las metas del eje social.
En relación a la reducción de la pobreza, el gobierno nacional planteó como meta el reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos de 15,44% en 2020 a 10,76% en 2025.
Una meta que ha sido cuestionada por el mínimo esfuerzo establecido por el gobierno, debido a que definió una meta con un valor mayor al que tenía el país en 2019 (8,88%), y a que dista mucho de aquella establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establece la erradicación de la pobreza extrema a 2030.
Es así que a diciembre de 2021 la pobreza extrema por ingresos ya se ubicó en 10,51%, como efecto rebote después de la crisis de 2020.
En términos cuantitativos, el valor de la meta se habría alcanzado, a pesar de que aún haya más pobres extremos que en 2019, siendo que 1,8 millones de personas tienen un ingreso inferior a USD 1,60 diarios en el país.
Por otro lado, se estableció como meta reducir de 70% a 55% la pobreza multidimensional rural.
Esta medida de pobreza estructural no ha tenido variación. A diciembre de 2020 se ubicó en 69,6% y a diciembre de 2021 en 70,6%, evidenciando un claro déficit de política pública para reducir la pobreza multidimensional y atender con prioridad al sector rural.
El PND plantea disminuir la tasa de trabajo infantil (de 5 a 14 años) de 6,10% a 4,42%. Sin embargo, a diciembre de 2021 este indicador alcanzó el 7,26%, lo que da cuenta del deterioro de las condiciones de vida de niños y niñas, y un claro retroceso en términos de desarrollo.
En cuanto a empleo, el PND define la meta de incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social contributiva del 37,56% al 41,73%.
Este indicador fue de 35,6% en diciembre de 2020, y de 32,42% a diciembre de 2021, evidenciando un deterioro en el acceso a la seguridad social, el aumento de la vulnerabilidad económica de las personas, y un alto riesgo de incumplimiento de la meta planteada por el gobierno nacional.
En cuanto a la calidad del empleo, en el eje económico, se plantea la meta de incrementar la tasa de empleo adecuado del 30,41% al 50,00%.
A diciembre de 2021 este indicador se ubicó en 33,9% y a marzo de 2022 en 32,7%; valores que siguen muy por debajo del 38,8% que tenía el país en 2019, y evidenciando una muy lenta recuperación del empleo de calidad.
En el eje social se incluye la meta de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 15,34% al 11,27%; indicador que a diciembre de 2021 aumentó al 19,09% evidenciando un deterioro en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, y un incumplimiento de la trayectoria necesaria para alcanzar la meta planteada por el gobierno nacional.
Finalmente, en cuanto a la meta de disminuir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres a 0,80, se debe señalar que este indicador fue de 0,76 en 2018, subió a 0,83 en 2020 y regresó a 0,76 en 2021; es decir no se ha generado variación.
Cuando se observa la totalidad de muertes violentas de mujeres (incluyendo femicidios, homicidios, asesinatos y sicariatos) la tasa aumenta de 0,86 en 2018 a 1,04 en 2020 y a 1,77 en 2021, lo cual evidencia la crisis de inseguridad que vive el país, y que de manera particular pone en riesgo a la vida de las mujeres.
A un año del inicio del gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador se encuentra en un claro proceso de deterioro de las condiciones de vida de las personas. Recuperar una senda de desarrollo requiere recuperar la capacidad y voluntad del Estado para priorizar y ampliar la política social.