Ecuador: pasa de problema fiscal a una crisis estructural

El riesgo país subió de 2.792 puntos al 9 de marzo hasta 3.245 puntos al 11 de marzo. Las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional no convencieron ni al interior del país ni en el exterior.

El problema fiscal que tenía (y tiene) el país se ha transformado en una crisis estructural. La necesidad de endeudamiento lejos de reducirse va en aumento. La falta de control del sector externo ha permitido que aumente la salida de divisas, y los efectos económicos del COVID-19 pueden agravar esta situación. 

El gasto tributario (impuestos que no se cobran -se subsidian- por incentivos o beneficios) ha aumentado, al punto de alcanzar el 6,9% del PIB (USD 7.608 millones, de los cuales alrededor de USD 2.800 millones corresponde a subsidio al impuesto a la renta de sociedades) según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

La dependencia de recursos del FMI, que ha retrasado el desembolso de USD 384 millones por falta de información de la situación económica del país, ha llevado a que el gobierno tome recursos de las empresas públicas (USD 284 millones) para cubrir necesidades de la caja fiscal, generando un precedente nefasto sobre el uso discrecional de los recursos depositados en el Banco Central.

La contracción del gasto y la inversión pública han eliminado cualquier perspectiva de crecimiento económico, y han llevado, mediante el aumento del desempleo y el subempleo y con ello de la pobreza, a que la sociedad caiga en una crisis de pérdida de bienestar.

Las medidas anunciadas por el Gobierno no dan respuesta a ninguno de estos problemas. Apenas señalan el problema fiscal (para intentar cumplir con el FMI). Se indicó que por la caída del precio del petróleo se reducirían en USD 2.900 millones los ingresos, y plantean medidas que generaría USD 2.252 millones. Incluso en eso se quedan cortas.

Las medidas plantean el recorte de USD 800 millones en gasto de “bienes y servicios” y de USD 600 millones en “bienes de capital”, lo que implica menor inversión y menos compras públicas, y por ende un nuevo freno a la economía (los proveedores ya no venderán).

Se incluye un “aporte” (que en la práctica es un impuesto) a funcionarios públicos por USD 226 millones, lo que reduce su capacidad de consumo y frena la economía. ¿Por qué no se reduce el “gasto tributario”?

Se aumenta la retención del impuesto a la renta. ¿Por qué se eliminó el anticipo?

Ahora se anuncia que se enviará un nuevo proyecto de Ley con elementos que ya fueron negados en noviembre de 2019, que se sigue trabajando (de manera reservada) en la focalización del subsidio a la gasolina que llevó a las protestas de octubre de 2019, y se pretende avanzar en la “monetización” (que en la práctica es privatización) de activos en un contexto en que baja su valor por la crisis e inestabilidad.

Si se quiere encontrar salidas hay que redefinir las prioridades. No son el déficit fiscal ni el riesgo país (que es un indicador de especulación). La prioridad es el bienestar de la población y para ello se necesitan la reactivación de la producción nacional y el sostenimiento de los servicios públicos.

Es indispensable controlar la salida de divisas y las importaciones, para minimizar los efectos del COVID-19 y la caída del precio del petróleo en el sistema monetario, reducir las tasas de interés (que bien puede soportar la banca dados los niveles de utilidades que genera) para fomentar mayor acceso a crédito productivo y evitar la pérdida de capacidad productiva (depreciación de activos), sostener el gasto y la inversión pública priorizando su uso hacia sectores intensivos en mano de obra y de encadenamientos locales.

“Sólo un loco puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo”.