Ecuador: Nueva crisis política a la vista

A finales de la década de los noventa del siglo pasado se dieron los primeros síntomas de lo que posteriormente sería una más de las crisis políticas que Ecuador ha afrontado. Demandas insatisfechas en cuanto a bienes y servicios públicos, malestar ciudadano frente a gobiernos ineficientes, corrupción en alza, instituciones carentes de legitimidad, estupor social generalizado. Para completar el desolador escenario, la caja fiscal se debatía entre la ausencia de recursos económicos frescos y las limitaciones estructurales para ejecutar adecuadamente lo poco que había a disposición.

Lo que quedaba de la clase política de la época intentó bajar la intensidad del conflicto a través de una nueva Constitución, la de 1998. Así se pretendía, a fuerza de norma, aplacar una serie de requerimientos sociales que ya no era contenible.

Con la llegada del expresidente Correa se cerró ese ciclo. Una nueva narrativa se impuso a fuerza de propaganda y carisma, pero sobre todo apoyada en la esperanza ciudadana por mejores días para el país. La creación de nuevas instituciones pretendió dar un aire renovador al escenario político a pesar de que, como sabemos, solemos cambiar todo para que no cambie nada.

La novel camada de actores políticos, a punta de consigna, creyó en el “mito fundacional” de la Constitución de Montecristi como el punto referencial de su dominio durante las próximas décadas. Se equivocaron. Hicieron una norma suprema que terminaría entregando todo el poder a uno en perjuicio de ellos mismos. Pronto su error era palpable. Cualquiera que pretendía tener voz propia, aun siendo parte del grupo original, fue acallado. Cándidos. En cuanto a conflicto social, buenos vientos soplaban para el gobierno. Al común de los ciudadanos no le importaba de dónde provenían los recursos, solo sabían que estaban y se los veía.

Sin embargo, con el paso del tiempo las condiciones materiales han ido cambiando al punto que los síntomas de la última crisis política vuelven a aparecer.

Ahí revolotea el malestar ciudadano por la ausencia de trabajo, salud, educación y ahora seguridad. La desconfianza en los funcionarios de elección popular vuelve a ser notoria y es cada vez mayor la desazón popular al ver en funciones públicas a delincuentes comunes. Comunes porque no se diferencian de las bandas criminales que nos azotan y comunes también porque son tan burdos en lo que dicen o hacen que lo único que inspiran entre la población es desprecio. En medio de lo dicho, los recursos económicos vuelven a escasear, sin que se vean mayores posibilidades de que esa situación cambie en el corto plazo. Clima perfecto para la ebullición social.

¿Cuándo llega el colapso? Esa es la pregunta grande. La respuesta chica es, pronto. En 2025 o en la siguiente elección, pero pronto. Aunque algunos creen que este escenario es perfecto para retomar el poder político, lo que no consideran es que, como en toda crisis, la gente busca dejar el pasado y ellos, los que nos han gobernado desde inicios de este siglo, ahora también son parte del “que se vayan todos”.

Por ello es que, en momentos de efervescencia como los que se avizoran, es difícil saber por dónde se decantarán las aguas y quiénes serán los nuevos beneficiarios. En ese grupo quiere apuntarse no solo el gobierno actual sino también una embrionaria clase política que intenta acercarse al electorado, pero no sabe de qué forma.

Sea que la crisis explote en 2025 o más tarde, lo único medianamente cierto es que cuando ello ocurra, otra Constitución se gestará y un nuevo respiro se dará a un sistema político que ha sido incapaz de procesar las demandas de una sociedad dividida y sin referentes cívicos. Lo más grave es que no parecemos tomar conciencia de lo que socialmente se está madurando y menos, mucho menos, de las consecuencias que esto puede tener a futuro. Como siempre, asumimos que nada pasará hasta que nos pasa. Ahí vienen los sustos, los arrepentimientos y la búsqueda de realizar diagnósticos que, para ese momento, resultarán irrelevantes.