Economía en tiempos del COVID-19

La pandemia del COVID-19 (coronavirus) ha generado una contracción de la economía global. Para mitigar los impactos se requieren acciones urgentes, en por lo menos cuatro mecanismos de afectación.

El primero, y sin duda el más importante, es el impacto en la salud de las personas que incluso pone en riesgo la vida. Las medidas de prevención limitan la posibilidad de las personas de trabajar y obtener un ingreso.

Esto impacta con mayor fuerza en actividades donde el teletrabajo no es una opción (operadores, comerciantes, constructores, líneas de producción, y la mayor parte del sector informal).

En un contexto de empobrecimiento, por el deterioro de los ingresos, es indispensable activar instrumentos de protección social. Ampliar las transferencias monetarias para cubrir por lo menos el valor de la canasta familiar vital (USD 508 mensuales a enero de 2020). La propuesta de USD 60 mensuales es insuficiente, cubre menos del 12% de este valor y apenas el 20% de la línea de pobreza.

La entrega de transferencias debe ser inmediata, por canales electrónicos para evitar las filas en instituciones financieras (el Banco Central debería reactivar el mecanismo de dinero electrónico que desmontó), y durar el mismo tiempo que el estado de excepción.

En este mismo sentido, hay que potenciar el uso de medios electrónicos, reduciendo a cero las tarifas por transferencias y pagos electrónicos.

Para aumentar el ingreso disponible (capacidad de consumo) de los hogares, se debe establecer un congelamiento (periodo de gracia sin intereses) de créditos educativos, de consumo y de vivienda por el tiempo que dure el estado de excepción, para aliviar los gastos.

Y para proteger los ingresos en el sector rural, que ya venían disminuyendo antes de la emergencia sanitaria, se deben establecer canales de compra y comercialización de alimentos, priorizando productos de la agricultura familiar y campesina, cuyo acceso a mercados urbanos se verá aún más restringido.

El segundo mecanismo de transmisión es el freno a la producción, por la imposibilidad de trabajar. Es necesario cuidar que la afectación no sea convierta en estructural. Es decir, que no genere una pérdida de capacidad productiva por cierre de empresas o pérdida de activos productivos (por venta o deterioro). De eso dependerá la capacidad de reacción del país una vez superada la emergencia sanitaria.

Para generar capacidad de reactivación, es necesario regular el sector financiero, estableciendo congelamiento (periodo de gracia sin intereses) de créditos productivos mientras dure el estado de excepción; y activar créditos productivos a baja tasa de interés y con periodos de gracia para inyectar inversión y liquidez al día uno de superada la crisis.

También es necesario establecer un plan de inversión pública tanto desde el Gobierno como desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (apoyado desde el Banco de Desarrollo) con base en proyectos que generen productividad y que sean intensivos en mano de obra.

Hay que tener cuidado con propuestas que impliquen la reducción de salarios o despidos, ya que llevarían a una mayor contracción del consumo. Se debe evaluar con mucha responsabilidad las propuestas que impliquen reducción de impuestos o aportaciones a la seguridad social, ya que podrían afectar la capacidad pública de atender la emergencia y el pago de oportuno de las pensiones.

El tercer mecanismo se genera a través del presupuesto público. Atender la emergencia sanitaria requiere la movilización inmediata de recursos hacia el Sistema Nacional de Salud.

Los recursos disponibles en todos los ministerios deben analizarse y priorizar su reasignación inmediata hacia el sector salud. Los insumos y capacidad de atención disponibles tanto en la red pública como en la red privada deben pasar a coordinación directa del ente rector de la salud pública, para su uso eficiente y coordinado.

Cualquier barrera a la adquisición de insumos debe ser eliminada y la compra coordinada de manera centralizada entre el Ministerio de Salud y el Servicio de Compras Públicas. El Ministerio de Finanzas debe garantizar la disponibilidad de recursos.

Para enfrentar la crisis se requiere un Estado fuerte, con capacidad para coordinar la acción colectiva priorizando el bien común, con eficiencia y equidad.

Sin embargo, se debe prever que la emergencia ahondará la necesidad de financiamiento que tiene el Estado ecuatoriano. Superada la crisis se deberán establecer medidas tributarias urgentes, que incluyan la reducción del gasto tributario (impuestos que no se cobran por incentivos o beneficios, que superan los USD 7.000 millones y cuyos beneficios no se conocen).

La deuda externa debe ser renegociada de inmediato, en acción coordinada con otros países, para establecer periodos de gracia de pagos y congelamiento de intereses. En la deuda bilateral y con multilaterales se debe buscar acelerar desembolsos, redefinir usos para la emergencia, y postergar pagos.

El cuarto mecanismo es el sector externo. El impacto económico, que es global, afecta la demanda internacional de bienes y servicios. Además, las monedas se deprecian con relación al dólar lo que nos quita competitividad. Las exportaciones ecuatorianas se reducen aumentando el déficit comercial e incrementando la salida neta de divisas.

Es necesario mantener la liquidez interna (disponibilidad de dólares) y para esto controlar la salida de divisas. Para hacerlo se debe controlar las importaciones mediante aranceles y salvaguardias, exceptuando a insumos necesarios para la emergencia sanitaria, implementar mecanismos de compensación cambiaria entre importaciones y exportaciones, restringir la salida de divisas, y establecer el retorno de capitales de la banca privada que se encuentran en el exterior.

En lo inmediato la prioridad es atender las necesidades de salud y sostener la capacidad de consumo de los hogares. Superada la emergencia será reactivar el empleo y la producción. Los costos de la emergencia deben ser cubiertos con solidaridad.