La economía detrás de la guerra contra el narco

Tras la fuga de varios capos criminales y el desate de una ola de violencia y terror jamás antes vista en el país, el presidente de Ecuador decretó el estado de emergencia y la declaratoria de conflicto armado interno. 

La mayoría de la población está hastiada de la inseguridad y el crimen, y ha apoyado la decisión del gobierno y sus fuerzas de seguridad. Se trata de una verdadera guerra contra el narcotráfico y el país debe prepararse para lo que pueda venir.

No es la primera vez que un conflicto así se da en América Latina. El caso más recordado fue en México, en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra total contra el narcotráfico”, encarnado, entre otros criminales, por el 'Chapo' Guzmán.

La violencia se disparó de inmediato: hasta 2012 ya habían muerto alrededor de 121.000 personas por enfrentamientos con la fuerza pública, disputas entre grupos criminales, ejecuciones, secuestros, muertes y desapariciones de civiles. En 2019, el número ascendió a casi 275.000.

Otra pesadilla fue la vivida en Colombia a fines de los 80 con los llamados “extraditables”, encabezados por Pablo Escobar y otros patrones de la droga, que desencadenaron una serie de atentados sanguinarios, secuestros, magnicidios y asesinatos a periodistas, jueces, políticos, policías y ciudadanos.

Aún perduran en la memoria de muchos, los espeluznantes ataques explosivos en el Club El Nogal, el edificio de la DAS y el avión de Avianca, que dejaron decenas de víctimas inocentes. En dos décadas de conflicto, esta barbarie dejó alrededor de 20.000 muertos.

En ambas experiencias, los respectivos gobiernos lograron algunos avances importantes con la captura o muerte de los principales criminales, la incautación de droga, la confiscación de activos y la desarticulación de algunos de los carteles. Además, el Estado recuperó el control de parte de los territorios que estaban en manos criminales.

Sin embargo, en el mediano plazo, la estrategia de guerra no ha sido efectiva para reducir el negocio del narcotráfico, la violencia y la corrupción. Más bien, en los últimos años, se ha producido un boom en la producción y tráfico de estupefacientes en dichos países. Las estructuras criminales han captado y debilitado las instituciones estatales. 

La fortaleza de la estructura económica que sostiene el narcotráfico es el principal enemigo en una guerra de esta naturaleza. El financiamiento narco es clave para adquirir armamento, munición y pie de fuerza. Además, permite la compra de políticos, jueces, empresarios privados y fuerza pública, tal como se ha evidenciado en el caso Metástasis.

El músculo financiero vinculado al narcotráfico en Ecuador es poderoso. Si bien no es un país productor, se ha convertido en una de las principales vías de tránsito de la cocaína colombiana. De acuerdo con InsightCrime, hay dos tendencias destacables en la producción actual de coca en Colombia:

1. Récord en el área sembrada, producción y productividad:

Entre 2020 y 2022, los cultivos de coca han aumentado de 150.000 a 230.000 hectáreas. Dicha superficie es mucho mayor a las 168.000 hectáreas de banano que tiene Ecuador.

La producción potencial de cocaína en Colombia en los últimos 5 años ha aumentado en 600 toneladas, pasando de una posible producción de 1.120 toneladas en 2018, a 1.738 toneladas en 2022.

Además, la productividad está al alza: entre 2019 y 2022, el rendimiento anual de la hoja de coca aumentó en 10% al pasar de 5,8 a 6,4 toneladas métricas por hectárea por año. 

2. Disrupciones logísticas:

Múltiples actores criminales (disidencias de las FARC, ELN, autodefensas gaitanista y otros) se disputan el control de la producción, el procesamiento y el tráfico de la droga. Ello ha dificultado la logística y ha encarecido la comercialización a través de territorio colombiano, en especial en el sur. Los precios a nivel de productor en Colombia han caído por estos problemas.

Así, con mayor disponibilidad de droga, pero con obstáculos en su país, a los narcos colombianos les resulta más barato aumentar el tránsito de la droga por Ecuador. Se estima que mover una tonelada de cocaína colombiana por Ecuador cuesta USD 800.000. Hacerlo por Colombia ascendería a USD 1,6 millones.

De mantenerse estas diferencias, Ecuador seguirá siendo un destino apetecido por las mafias transnacionales como un centro de distribución de su droga.

InsightCrime concluye que mientras un kilogramo de cocaína en Colombia se venda a USD 2.000 y alcance hasta USD 25.000 en Estados Unidos, USD 35.000 en Europa, USD 50.000 en Asia, el narcotráfico seguirá vibrando y adaptándose a los cambios en las condiciones de la oferta, el transporte y la demanda.

Si agregamos el área sembrada de los otros dos grandes productores de coca en la región, Bolivia (30.000) y Perú (90.000), los países andinos tendrían un total de aproximadamente 350.000 hectáreas, con una capacidad de producción de cerca de 2.600 toneladas de cocaína.

Con estimaciones simples, se puede calcular que esta droga, puesta en los países consumidores de Estados Unidos, Europa y Asia, tendría un valor aproximado de entre USD 65 y 130.000 millones, dependiendo del mercado. 

Los países productores se quedarían con una parte modesta de estos ingresos: utilizando las cifras de InsightCrime, podríamos deducir que su participación del negocio sería de alrededor del 8%, es decir, entre USD 5 y 10.000 millones.  (Casualmente, es similar al 10% que los productores de café reciben de lo que un consumidor paga por un espresso en Nueva York.)

Es un porcentaje relativamente pequeño respecto al formidable negocio global de los estupefacientes, pero muy significativo y con efectos letales para las economías regionales. 

Con una espalda financiera de este tamaño, quienes declaren una guerra contra el narcotráfico deben estar conscientes del poder económico del enemigo. Además, es importante considerar la red transnacional del crimen y otras actividades delictivas conexas, principalmente minería ilegal, extorsión y tráfico de personas, que aumentan los ingresos y las sinergias entre estas actividades ilegales.

Es evidente que una guerra contra organizaciones criminales tan poderosas económicamente no va a ser fácil. En el mediano plazo, se requerirá abrir el debate sobre la legalización de las drogas, así como la implementación de políticas económicas, sociales y de seguridad que brinden oportunidades de mejorar el bienestar y desarrollo para la mayoría de la población, en especial para la más vulnerable.

Habría sido mucho más efectivo prevenir el surgimiento de las bandas delictivas con este tipo de estrategias estructurales. Sin embargo, ya que en el corto plazo estamos embarcados en una guerra contra el narco, es clave ganarla y tener resultados palpables, no solo en lo militar, sino también en los espacios económicos.