¿Qué hacer para designar jueces independientes?

No hay respuestas únicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogmática, se señala que la intervención de las legislaturas afecta negativamente a la designación de jueces autónomos y que allí está el germen del problema.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que dicha aseveración es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese país suele ser de las más altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designación de la máxima instancia de justicia y, a la par, la evaluación de la autonomía judicial del país de la “pura vida” sigue presentando resultados favorables.

Si bien se podría argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que estén presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos señalando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democráticas.

Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaivén de la correlación de fuerzas políticas tiene que ver con su formación profesional.

Aunque no hay suficiente evidencia empírica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y dóciles ante influencias externas, tenderían a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitación suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por quiénes los promueven, serían mayores.

Quién llega a ser juez sin tener los méritos, sabe bien su situación. En público podrá decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formación profesional dependería, jamás habría llegado a tal cargo.

Cuando se trata de jueces de las más altas cortes, este razonamiento se vuelve más notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que “pagar el favor” a quien lo apoyó para la designación. Esa retribución no es necesariamente económica, sino que puede ser también en términos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor político le interesen. Una orden de prisión preventiva, una sentencia en determinada dirección, una acción de protección. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estará dispuesto.

De su lado, los políticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreciéndole, más allá de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupción judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses específicos. Bajo esa lógica de intercambios funcionó, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder político le interesaba, ahí estaban para cumplir. En lo que al poder político le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.

Todo lo señalado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formación profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder político. Evidentemente que no. Simplemente se señala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden político pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcaría prioritariamente este tipo de comportamiento.

Lo problemático de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formación profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas características sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la función pública. Conseguir personas que dejen de lado ingresos económicos mayores a un sueldo fijo mensual y que además acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.

Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selección y designación de jueces, no es suficiente.