Los desafíos económicos frente a la crisis de inseguridad

Ecuador se encuentra, desde hace varios años, en medio de una crisis multidimensional, dentro de la cual la acción del crimen organizado transnacional ha llevado a niveles extremos de inseguridad y violencia que demandan acciones urgentes y concretas del Estado. Sin embargo, alcanzar una solución real requiere entender los desafíos del país de manera integral, desde el contexto económico y social en el que se genera la crisis y las condiciones que se deben lograr para superarla.

No basta la acción de la fuerza pública. La "guerra" no es sólo contra el crimen organizado, es contra el empobrecimiento, la falta de empleo y el abandono del Estado, que generaron el contexto del cual se han nutrido los grupos delictivos organizados.

El 61,2% de la población no logra cubrir el costo de la canasta básica. El 24,1% de los y las jóvenes ni trabaja ni estudia. El 54% del empleo se encuentra en el sector informal. Provincias como Esmeraldas han sido completamente abandonadas por el Estado, concentrando pobreza e inseguridad. La institucionalidad pública ha sido tan ineficiente que apenas el 12% de la población está satisfecha con la democracia, Ecuador está peor que Venezuela (14%) en este indicador.

Desde 2018, los gobiernos de Moreno y Lasso debilitaron el Estado, redujeron al mínimo las capacidades de planificación, regulación y control, asumieron una agenda de austeridad y mostraron tal ineficiencia que no se hicieron las inversiones que eran necesarias para, entre otras cosas, asegurar servicios de salud de calidad y acceso a educación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, reducir la pobreza, asegurar la generación eléctrica, y garantizar la seguridad física de las personas.

La violencia no apareció la semana pasada, viene aumentando a lo largo de los últimos años. El Estado no actuó. Omitió la seguridad, la protección social y el fomento económico. Experimentó sobre la reducción del sector público, y no funcionó. Es fundamental reconocerlo, para recuperar al Estado y que cumpla sus funciones.

La inseguridad impacta negativamente en la economía. Se paralizan los procesos de producción, comercio y consumo, y por ende se reduce el empleo, el ingreso y el bienestar. De manera particular, el sector de servicios, incluyendo turismo, hospedaje y alimentación, y el sector de comercio, que concentran mayoritariamente el empleo en el país, se ven afectados tanto por ser víctimas directas de la delincuencia, pero además por la reducción del consumo que se contrae por la inseguridad, y por las propias medidas de seguridad que restringen actividades y horarios.

La inversión, que ya estaba contraída al alcanzar los USD 796 por persona en 2022 frente a USD 957 de 2019 (17% menos) y a USD 1.162 de 2014 (32% menos), se deprimirá aún más por el contexto de inseguridad que desincentiva a potenciales inversionistas nacionales e internacionales.

El Estado debe actuar. Se necesita inversión en equipamiento y logística de seguridad, en particular para los servicios de inteligencia y grupos de acción especiales, es necesario brindar seguridad para minimizar la paralización de la producción y la circulación de bienes y servicios, hay que fortalecer los instrumentos de protección social (servicios de cuidados y transferencias monetarias) y los servicios de salud, ampliar el acceso a educación en todos sus niveles, fomentar créditos para capital de trabajo sobre todo a organizaciones de economía popular y solidaria y a MiPYMES, entre otras acciones que consoliden un plan integral frente a la crisis.

Para esto se necesita financiamiento. Se debe revisar lo reciente aprobado sobre devolución del IVA a la construcción, la remisión de multas e intereses a deudores al SRI, y las nuevas exoneraciones y deducciones tributarias para el sector empresarial.

Así mismo, es indispensable evaluar y reducir el gasto tributario, en especial los subsidios al impuesto a la renta de las sociedades, focalizar subsidios a combustibles, brindar mayor capacidad al Estado para cobrar las deudas en firme con el SRI y para combatir y penalizar la evasión y elusión fiscal, y plantear contribuciones especiales a patrimonios millonarios y a utilidades de la banca. Existen opciones para ampliar el espacio fiscal más allá de un eventual aumento del IVA.

Adicionalmente, se debe enfatizar en mejorar la calidad del gasto público, pero es absurdo pensar en reducción del gasto corriente, que se compone principalmente de personal de policía, fuerzas armadas, educación y salud, como plantean determinados sectores.

Finalmente, es urgente reestructurar la deuda pública para asegurar liquidez al Estado, priorizando las necesidades de la población; y es indispensable el compromiso del sector privado para invertir a pesar del contexto y controlar la salida de divisas.

El Ecuador tiene opciones, pero es necesario un abordaje integral de la crisis y devolver al Estado la capacidad para cumplir su deber de garantizar derechos.