Los defensores del defensor

Non habemus Ombudsman. Luego de varias semanas de amenazas y acusaciones mutuas entre una parte de la Asamblea Nacional y Freddy Carrión, el Defensor del Pueblo fue censurado y destituido.

En realidad, su censura ética se dio muchos meses atrás, cuando él como cualquier ciudadano que cumple con la ley, debió estar en su domicilio y no lo hizo. Ese solo hecho, que da la impresión es condenable solamente cuando se trata de personas de sectores socio-económicos deprimidos, era suficiente razón para que el ahora ex Defensor del Pueblo presente su renuncia.

Sin embargo, en un país tan venido a menos en cuanto a valores cívicos y respeto por lo público, eso no sucedió. Si Carrión asumía esa decisión, ahora mismo su imagen estaría menos deteriorada y el inevitable aire político que rodea a los procesos judiciales en los que están involucrados funcionarios públicos de alta envergadura, se habría disipado.

Pero no, Carrión apeló a los apoyos legislativos para intentar mantenerse en el poder. Asumir una defensa judicial como Defensor del Pueblo da ventajas respecto a litigar como ciudadano de a pie. Ese pudo ser el razonamiento.

Pero fracasó y ahora su situación jurídica se complicará aún más pues la censura y destitución de la Asamblea Nacional indefectiblemente serán parte del contexto que rodeará a sus causas judiciales y seguramente en un sentido que le será desfavorable.

En fin, en su lucha el ex Defensor del Pueblo confió en conseguir los votos de UNES y Pachakutik que, sumados, daban 71 voluntades y tras de ellas el fracaso del juicio político. Sin embargo, el cálculo falló y el resultado es por todos conocido.

No obstante, hay que reconocer la capacidad de cabildeo de Carrión pues llevó a UNES y una parte de Pachakutik a asumir una posición que los deja muy mal parados en el escenario político inmediato y también en el de las seccionales de 2023.

En efecto, si Carrión llega a ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, sobre todo el de agresión sexual, ahí habrá una herramienta política muy útil para cualquier opositor a UNES y Pachakutik.

Haber defendido políticamente a quien luego ha sido hallado responsable por un delito de la magnitud y alarma social que genera el que da lugar a la investigación en contra de Carrión, no será un ataque fácil de repeler para ambas organizaciones políticas.

Pero tampoco el escenario opuesto les resultaría favorable. Si la inocencia del ex Defensor del Pueblo se ratifica, tampoco allí podría haber un elemento reivindicativo para UNES o Pachakutik. Carrión no es afiliado a ninguna de las dos organizaciones políticas y tampoco podrá ser candidato para las seccionales de 2023 pues la censura impuesta por la Asamblea Nacional implica inhabilidad de dos años para ejercer cargos públicos.

Por tanto, solamente Carrión se beneficiaría del hecho de que las causas penales tengan un final favorable a sus intereses.

Sobre todo desde UNES, la razón esgrimida para la defensa al ex Defensor del Pueblo es que la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional en realidad tiene que ver con un acto de persecución política a raíz de la actuación de Carrión luego de los eventos de octubre de 2019.

Sin embargo, ahí el argumento tampoco es sólido y más bien puede resultar claramente contraproducente para los intereses de Revolución Ciudadana, que dicho sea de paso no termina de diferenciarse de UNES, una alianza electoral que ahora mismo debería ser secundaria a su acción política.

En efecto, bajo el argumento expuesto por UNES se otorga un tinte político al informe de la comisión designada por Carrión, que hasta ahora tenía como su principal defensa el hecho de que sus conclusiones respondieron a una evaluación técnica y medianamente objetiva de los hechos ya citados.

En ese aspecto, el informe de la comisión ahora ya no es observado solamente como el resultado de la gestión del Defensor del Pueblo sino también de UNES.

Como consecuencia, las protestas generadas en octubre de 2019 pasan a constituirse en un evento propio de los partidarios del ex Presidente Correa, excluyendo a otros sectores de la sociedad descontentos con las decisiones del gobierno de Moreno.

Por otro lado, el argumento de la retaliación política hacia Carrión, esgrimido por UNES, resulta menos convincente no solo porque el informe de la comisión por él creada ya se encuentra judicializado, sino fundamentalmente porque los hechos de octubre de 2019 corresponden a un gobierno fenecido y cuyo principal actor, Lenín Moreno, no es parte de la vida pública del país, no tiene organización política que lo represente en la legislatura y sus ambiciones de volver a la arena electoral están prácticamente clausuradas.

En ese aspecto, mantener como un episodio referencial del accionar político de UNES a dichos eventos no solo puede acrecentar las distancias políticas de Quito respecto a esa alianza electoral, sino que pronto se tornará en un discurso caduco ante la ausencia de un actor político específico a quien imputar lo allí ocurrido.

Si bien la estrategia de UNES es vincular al gobierno de Moreno con el de Lasso y de esa manera mantener vivo el recuerdo de octubre de 2019, al menos hasta ahora el Jefe de Estado se ha abstenido de colocar en puestos de relevancia a funcionarios de la anterior administración. Con ello, esta estrategia política de UNES pierde espacio.

Finalmente, si existe una posible reconfiguración de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, verificada en el acercamiento de UNES con un sector de Pachakutik, hacer público ese hecho en el juicio político en contra del ex Defensor del Pueblo no parece haber sido la mejor decisión.

Si esos acuerdos se los visibilizaba en la discusión de otros temas, como los proyectos de ley que “muy pronto” enviará el Ejecutivo, todo habría fluido de forma más natural.

Sin embargo, exteriorizar ese vínculo en un proceso en el que de por medio existen acusaciones gravísimas, como son las relacionadas con delitos de agresión sexual, no solo se presta para que UNES y un grupo de Pachakutik sean tildados de complicidad, sino también para que a futuro esa votación pueda pasarles una factura electoral de dimensiones.