El debate de ideas que el país espera

El gobierno de Ecuador ha presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma integral al sistema económico del país. 

En el plano tributario se buscan dos objetivos. De un lado, alimentar la caja fiscal con recursos de rápida recaudación, provenientes de impuestos permanentes y otros temporales. De otro lado, dinamizar las operaciones comerciales y mercantiles, suprimiendo ciertas imposiciones y reduciendo otras.

En definitiva, la propuesta busca potenciar el justo medio entre un Estado excesivamente controlador, vía política tributaria, respecto de otro en el que el cobro de impuestos es casi un sinónimo de amenaza a la libertad de las personas y del mercado.

En el primer caso se trata de un modelo económico planificado por el Estado mientras que en el segundo, la idea libertaria prima y se orienta hacia la minimización absoluta de la intervención del aparato estatal en las interacciones humanas. En ese debate, el gobierno se decanta por una opción intermedia. 

La propuesta tributaria, sin embargo, es poco útil en sí misma si no va acompañada de reformas en otros espectros del sistema económico.

Por ello, los incentivos al ingreso o retorno de capitales que se encuentran en el exterior, junto con los cambios en el sector financiero y bursátil, pretenden crear un ambiente óptimo para dinamizar la economía nacional.

Pero hay otra arista, ubicada en la mayor vinculación del sector privado con el público a través de diversas formas de asociación en el campo minero, eléctrico o de los hidrocarburos. La idea allí es identificar una fuente adicional de ingreso de recursos económicos, de esos que se necesitan para al menos aliviar el déficit de más de USD 4.000 millones que tiene el país.

En este aspecto, la propuesta del gobierno sería hacia un modelo económico orientado al mercado, con mayor espacio para la iniciativa privada y que resulta contrapuesto, con los bemoles del caso, a aquel en el que desde lo público se orienta la actividad de los denominados sectores estratégicos. 

El gobierno ha presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma integral al sistema económico.

Finalmente, tanto los cambios en la arena tributaria y fiscal como los vinculados a la dinamización de la economía desde otros frentes requieren de un sistema legal que, en el campo laboral, otorgue más libertades a la contratación, sin descuidar los derechos de los trabajadores, históricamente en condición de desventaja. Allí está una vertiente adicional del mega proyecto del gobierno.

Aunque se dice que se garantizarán los derechos de los trabajadores que están amparados por la legislación actual, las dudas se mantienen y esto es una consecuencia natural de las asimétricas condiciones de unos y otros actores de la relación laboral.

Ahí, de cara a reducir las incertidumbres generadas, es imprescindible una declaración pública, contundente y sin espacio para interpretaciones, de parte de los distintos sectores empresariales, en el sentido de que no trasladarán a sus empleados del régimen laboral actual al que eventualmente se podría introducir.

Sin embargo, más allá de lo dicho, en este tema el gobierno opta por una relación laboral más dinámica en la que el Estado mantenga ciertos niveles de regulación respecto a otra en la que la tutela estatal es mayor, a través de condiciones de contratación menos flexibles.

Nuevamente, allí hay dos modelos en disputa. 

En definitiva, el proyecto de ley del gobierno pone en la discusión pública una visión sobre las vías para rehabilitar la economía. No es la única alternativa, en modo alguno. Precisamente por ello, la propuesta oficialista necesariamente deberá enfrentarse con otras perspectivas, provenientes de las organizaciones políticas de oposición.

Esta es, por tanto, la gran oportunidad que tiene la ciudadanía para valorar argumentos de un lado y de otro, como es natural cuando se convive en el régimen democrático.

Afortunadamente, hay acuerdo en cuanto a los problemas: hay déficit fiscal, hay desempleo, hay pobreza. Las diferencias están en los medios a través de los que se pueden atacar dichos problemas.

Ya el país conoce cuál es la propuesta del gobierno, resta ahora observar las ideas que planteen las fuerzas de oposición. Ideas, no discursos triviales. Ideas, no proclamas electorales. 

A diferencia de otros momentos históricos, en los que los legisladores se limitaron a aprobar o negar los proyectos de ley del Ejecutivo sin que medie mayor debate, ahora la opinión pública está a la espera de una discusión de fondo, sustanciosa, en la que se confronte el modelo de país que propone el Presidente Lasso respecto a los que nacen de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional.

Limitarse a negar la propuesta del gobierno no es suficiente. El país les demanda a los asambleístas que realicen un trabajo riguroso para mejorar, enmendar, eliminar o abiertamente proponer nuevas ideas al proyecto de ley oficialista.

Seguramente hay mucha gente que está en contra de las medidas propuestas desde Carondelet, en buena hora que esto suceda así pues da cuenta de la diversidad política del país; sin embargo, no es suficiente.

El país les demanda a los asambleístas que realicen un trabajo riguroso.

El contexto social y político en el que el gobierno ha presentado su propuesta a la Asamblea Nacional obliga a que entre los legisladores exista una actitud propositiva y no simplemente reactiva.

Treinta días es poco tiempo para una serie de temas de profundo análisis jurídico y técnico, eso es cierto. También es cierto que para trabajar intensamente por el país los asambleístas están en dicho espacio. 

Más allá de la propuesta de modelo económico presentada por el Presidente Lasso y de las valoraciones a favor o en contra, lo más importante del paquete de reformas es que a partir de allí el país debería derivar hacia una discusión política de alto nivel entre las distintas ideologías encarnadas en las organizaciones representadas en la Asamblea Nacional.

Discutir la ley, mejorarla, hacer cambios o directamente eliminar artículos es lo que espera la ciudadanía de los legisladores. Negar por negar o aprobar por aprobar solamente contribuirá a incrementar el ya de por sí débil apoyo ciudadano a la actividad legislativa.

En perspectiva histórica, luego de las reformas estructurales propiciadas parcialmente en el gobierno del Presidente Durán-Ballén y, en alguna medida, en la fugaz administración del Presidente Mahuad, esta es la siguiente oportunidad que tiene el país para debatir ideas sobre cómo mejorar la economía, ampliar el empleo y reducir la pobreza.

El gobierno ya hizo su parte, por ahora, de aquí en más el país espera treinta días de intenso trabajo legislativo.