El empleo es la prioridad: ¿Qué se ha hecho en el último año?

El empleo es la principal preocupación del país, y centro de las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República.

Crear empleo es, sin duda, una prioridad de política pública por las repercusiones en términos de producción y de bienestar.

¿Cómo generarlo? Es una pregunta que no tiene respuesta clara, depende de múltiples factores con causalidades de doble dirección.

Debe existir producción, para lo cual se necesita inversión y, para ello, una expectativa de ganancia que depende de que haya perspectivas de ventas, es decir, del consumo, que depende del ingreso y este, a su vez, depende del empleo.

En extremo, el empleo depende del empleo. Para saber por donde empezar se necesita tener un diagnóstico claro del problema y de su contexto. En caso contrario, caemos en dogmas que, muchas veces, justifican determinados intereses.

Hay dos puntos clave dentro de la cadena de determinantes señalada: expectativa de ganancia y consumo.

La inversión se mueve por la expectativa de ganancia, y esta depende de aumentar ingresos y/o disminuir costos. El empleo se hace presente en los dos lados: provee el ingreso que permite el consumo y, al mismo tiempo, es un costo de producción.

Cuando se habla de reducir el costo de la mano de obra, es verdad que puede aumentar el margen de ganancia; pero si la reducción es generalizada también afecta la demanda (es decir, las ventas) y reduce las ganancias.

Es así como buscar competitividad mediante la reducción de salarios es ficticio. En primer lugar, no es ganancia de productividad porque se siguen usando los mismos recursos, solo que se paga menos por ellos. Además, es una reducción de demanda agregada.

Mejorar las ganancias de forma sostenible requiere que los ingresos aumenten vendiendo más, es decir, aumenta la demanda - empleo genera empleo. Y se reducen los costos cuando se es más productivo, por ejemplo, con mejoras tecnológicas.

En medio de una crisis en que la producción está paralizada, el problema es mayor: reducir deliberadamente el ingreso de las personas (bajando o congelando salarios) reduce el consumo, profundiza las pérdidas, y la propia crisis.

En crisis, cuando las expectativas de ganancia son bajas o nulas, es indispensable sostener el ingreso de los hogares no solo para garantizar bienestar y evitar el empobrecimiento, sino también para estimular el consumo y permitir que las empresas tengan incentivos para invertir y producir.

La economía es distribución. Reducir salarios es redistribuir en favor de quienes son dueños de las empresas, esperando que esto genere incentivos para que inviertan y generen empleo. No ha funcionado.

Entre julio y octubre de 2020, en medio de pandemia, se registran seis acuerdos del Ministerio de Trabajo (con números 136, 173, 220, 221, 222 y 223) de precarización laboral, que permiten contratos temporales con jornadas flexibles y facilidades despido, contrarios a los principios de empleo decente que promueve la OIT.

La Asamblea Nacional aprobó en junio de 2020 la llamada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que permite la reducción de jornada (y del salario) hasta la mitad, hasta por dos años.

Si bien es cierto que ante la pandemia las empresas enfrentan dificultades para sostener a sus trabajadores, las respuestas que se han dado en otros países pasan por generar líneas de crédito, acceso a tecnología e, incluso, subsidios al pago de nómina.

Así se evidencia en las cifras del Banco Central de Ecuador que muestran una caída del 11,9% en el consumo de los hogares en el segundo trimestre de 2020, sin efecto en la inversión, que cayó en 18,5%.

Además, se refleja en las cifras del INEC, que muestran un aumento de 677 mil personas en la inactividad y una pérdida de 702 mil empleos adecuados entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020.

Para futuro, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo 185 que establece la fórmula de cálculo de la variación del salario básico unificado (SBU), que llevó al acuerdo 249 que mantiene para 2021 el SBU en el mismo nivel que en 2020 (USD 400 mensuales).

El Acuerdo 185 establece una fórmula que, en la práctica, congela el salario en el país, atentando contra la Constitución de la República al no considerar el mandato de alza progresiva hasta cubrir el costo de la canasta básica.

La fórmula contiene parámetros discrecionales (no técnicos) para considerar la inflación y la productividad laboral y otros que, por complejidad e incluso imposibilidad (por inexistencia de información adecuada), serán también discrecionales para considerar el empleo y el sector informal. Más aún, estos dos últimos parámetros se incluyen, sin justificación técnica alguna, como reductores (signo negativo esperado) del incremento salarial.

Es claro que la política de empleo, en Ecuador, se ha ejecutado con justificaciones dogmáticas que defienden los intereses de grupos económicos que gobiernan. Un círculo vicioso de desarrollo, en términos de Acemoglu y de Robinson.

La alternativa, de futuro, debe venir de priorizar realmente el trabajo y la dignidad humana. Para esto es indispensable sostener, mediante instrumentos de protección social el ingreso y el consumo de los hogares, y activar la inversión pública como dinamizador de la economía mientras las expectativas privadas se recuperan para que empiecen a invertir.