Dato y Relato
¿Qué pueden hacer Ecuador y Colombia, además de rezar para que llueva?
Ph.D. en Economía Universidad de Boston, secretario general del FLAR y docente de la UDLA. Ex gerente general del Banco Central y exministro de finanzas de Ecuador, y alto funcionario de CAF y BID.
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La falta de lluvias en el callejón interandino ha provocado apagones de luz en Ecuador y racionamiento de agua potable en Colombia, en especial en Bogotá. En los últimos días, las lluvias han vuelto a los dos países, lo cual ha alimentado la esperanza de que cesen los recortes.
Además de rezar para que las lluvias continúen, ¿pueden hacer algo adicional para aliviar esta crisis? En Ecuador, tal como lo explica Mónica Orozco en Primicias, se llegó a esta situación debido a una nefasta combinación de incompetencia, políticas inadecuadas, malas inversiones y pésima suerte.
Entre 2007 y 2017, el país invirtió más de USD 11.000 millones en varios proyectos hidroeléctricos, que permitieron aumentar la capacidad instalada a más de 5.000 megavatios. Dicha fuente de energía limpia y renovable permitía suplir en promedio el 78,5% de las necesidades.
En épocas de buenas lluvias, podía cubrir hasta el 95% de la demanda e incluso generar excedentes para exportar energía a los países vecinos.
Sin embargo, las más importantes hidroeléctricas están localizadas en la vertiente oriental del país, comparten el mismo régimen climático y son vulnerables a la sequía, que suele afectarlas de manera simultánea. Eso fue lo que ocurrió durante el actual estiaje, que resultó peor de lo que se pensaba.
Además, varios de los proyectos, entre ellos Coca-Coda-Sinclair, Toachi-Pilatón y Sopladora, se han visto afectados por problemas contractuales y técnicos, retrasos y acusaciones de corrupción. Como resultado, no están operando a plenitud. Incluso antes de que empezaran los cierres de plantas, la capacidad operativa hidroeléctrica era de tan solo 59% de su capacidad instalada.
El parque termoeléctrico debió entrar a suplir las deficiencias en la generación hidroeléctrica. No obstante, el estado de las plantas térmicas es lamentable por la falta de mantenimiento y, en el caso de la planta de Machala, por la falta de gas. De 1.754 megavatios de capacidad instalada, únicamente 771 estaban operativos, es decir, menos del 44%.
La apuesta por las energías renovables apenas llega a 150 megavatios y todavía no ofrece una alternativa significativa para cubrir la demanda del país. Para empeorar la situación, Colombia dejó de vender 450 megavatios debido a sus propios problemas de sequía.
Apagones en Ecuador
Se formó así una tormenta perfecta que desencadenó los apagones que las autoridades habían desestimado hasta hace poco. De acuerdo con el gobierno, la crisis eléctrica está costando al país USD 72 millones diarios. Si se extiende durante cuatro meses, las pérdidas serían de alrededor de 7% del PIB, un choque que sería peor que la pandemia del Covid-19.
La situación era previsible. Desde hace años, la demanda venía creciendo de manera acelerada, estimulada por tarifas congeladas, entre otros factores. La inversión en nuevos proyectos para ampliar la oferta fue mínima. En 2023, tan solo entraron dos nuevos proyectos (Sarapullo y Huascachaca), pero con menos de 100 megavatios.
El modelo basado en inversión estatal probó ser financieramente insostenible y epicentro de escándalos de corrupción. Sin embargo, el modelo fundado en la inversión privada y asociaciones público-privadas tampoco fue una alternativa debido al marco regulatorio y tarifario inadecuado y la inestabilidad política del país.
La nueva ley eléctrica -conocida como 'No más apagones'- fue aprobada en enero por el actual gobierno. Fue diseñada para estimular la inversión privada, en especial de pequeños y medianos proyectos de energía renovable.
Si bien solo tiene tres meses de vigencia, no ha sido una alternativa para evitar los apagones. En este, y muchos otros temas, es claro que nuevos marcos legales no garantizan resolver los problemas del país y que se requiere mucho más de gestión pública eficiente para hacerlo.
Racionamiento de agua potable en Colombia
A diferencia de Ecuador, la escasez de lluvias en Colombia no se tradujo en falta de energía eléctrica, sino en racionamiento de agua potable en varias ciudades y regiones del país, en especial Bogotá.
Es sorprendente cómo una ciudad como Quito, con características similares a las de la capital colombiana, ha logrado mantener con normalidad la provisión de agua potable en medio del estiaje.
Al parecer, la gestión municipal, especialmente durante las alcaldías de Rodrigo Paz, Jamil Mahuad y Paco Moncayo, fortaleció la planificación y las inversiones en el sector para garantizar un servicio de agua eficiente y sostenible, que se ha mantenido hasta la actualidad.
La independencia y profesionalismo de la Empresa Municipal de Agua Potable (EMAP) fue clave, así como el rol del Fondo para la Protección del Agua (FONAG), una institución público-privada que fue pionera en la gestión del agua, el manejo de áreas de conservación hídrica y el pago por servicios ecosistémicos.
Este tipo de esfuerzos parecería que no se han dado en igual magnitud en Bogotá, que está sufriendo los efectos de la sequía y el racionamiento de agua potable. La ciudad depende del Sistema Chingaza, que en condiciones normales suministra el 70% del consumo de la capital colombiana. La crisis redujo dicha capacidad a solamente al 15% e hizo inevitable el recorte del servicio.
Esta realidad contrasta con la gestión del sector eléctrico. Colombia ha logrado tener una matriz eléctrica más segura y equilibrada: aproximadamente el 66% de la generación es hidroeléctrica, el 30% proviene de recursos térmicos -entre ellos gas y carbón- y el restante 4% de otras fuentes renovables.
Si bien su exposición a la hidroelectricidad es alta y vulnerable frente a la falta de lluvias, tiene un respaldo confiable en las fuentes térmicas, aunque ello le ha significado depender del carbón, uno de los más contaminantes.
Dicha estructura le permitió responder de manera efectiva frente al estiaje y evitar los apagones, aunque tuvo que suspender las exportaciones de energía a Ecuador y estuvo a punto de anunciar racionamientos, de no haber empezado a llover nuevamente.
Tareas pendientes
Aunque las respectivas crisis no han terminado, la lluvia ha traído una sensación de alivio en los dos países. Quedan una serie de tareas en el corto plazo y varias lecciones aprendidas para el futuro.
En el caso del agua en Bogotá, se ha emprendido una campaña público-privada de reducción del consumo de agua potable. Incluye mucha información y recomendaciones para hacer un uso racional y reutilización de este recurso escaso.
Además de confiar en el comportamiento cívico, se ha establecido una sobretasa para los consumos que exceden ciertos niveles. Pocas medidas son tan efectivas como las que golpean los bolsillos de las personas.
De manera complementaria, el gobierno ha anunciado una estrategia de conservación de las fuentes hídricas. A través del Fondo para la Vida, el gobierno invertirá USD 20 millones en la restauración ecológica del corredor Chingaza-Sumapaz-Guerrero, abastecimiento principal de agua de Bogotá.
En el sector eléctrico, la prioridad en Colombia será no meterse autogoles y seguir con el marco regulatorio, tarifario y de régimen de inversiones, que le ha permitido multiplicar y diversificar la capacidad de generación.
La prioridad del actual gobierno colombiano es la transición energética y la descarbonización de la economía. Ello implicará un esfuerzo enorme para incentivar la generación eléctrica renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles como el carbón. El desafío será hacerlo sin vulnerar la seguridad energética del país.
Emergencia en Ecuador
En el caso de Ecuador, es urgente que el gobierno acelere la contratación de barcazas para la generación termoeléctrica. El operador estatal de energía (CENACE) advirtió que se requieren contratar 475 megavatios. El propio ministro de Energía (encargado) reveló que hay un déficit de 1.000 megavatios.
Es conocido que la energía termoeléctrica de las barcazas es una de las más caras y contaminantes.
Dado el subsidio a los combustibles como el diésel y las tarifas eléctricas fijas, el costo fiscal de esta opción será significativo. Además, en el pasado su contratación ha estado obscurecida por falta de transparencia y otros escándalos.
Sin embargo, el costo de los apagones es mucho más alto. Para 2024, el FMI preveía un crecimiento de tan solo 0,1%. Con este choque adverso, es muy probable que la economía ecuatoriana entre en una recesión.
Para mitigar este riesgo, parece imprescindible contratar las barcazas en las mejores condiciones posibles de transparencia, eficiencia técnica y competencia. Aún así, esto podría tardar unos cuatro meses.
Por ello, en el corto plazo no parecería que el país tenga otra alternativa que lidiar con los apagones y rezar con mucha fe para que las lluvias continúen. Una comunicación más eficaz es básica para que familias y empresas puedan adaptarse a esta realidad.
La agenda prioritaria
En los siguientes meses, quedan varias tareas pendientes para evitar que empeore la crisis. Es prioritaria la reparación y mantenimiento del parque termoeléctrico, lo que incluye asegurar el abastecimiento de gas para el funcionamiento de la planta de Machala.
Complementariamente, se podría incentivar la autogeneración de otros grandes productores privados, y de sistemas descentralizados de generación y autoconsumo de pequeñas empresas y hogares.
De igual manera, es clave resolver los problemas técnicos, litigios contractuales y estructura financiera de algunas las centrales hidroeléctricas y de energía renovable no convencional, que están operando a medias o cuya construcción o licitación están retrasadas.
Entre otros proyectos críticos, están El Aromo (solar) y Villonaco (eólicas), así como la interconexión eléctrica con Perú.
Dadas las limitaciones presupuestarias y de gestión pública, la expansión de la capacidad de generación deberá considerar las asociaciones público-privadas en la generación de energía renovable (e incluso térmica más limpia, como la basada en gas). Ello requerirá definir los mecanismos de competencia y recuperación de la inversión privada.
En el mediano plazo, será imprescindible enfocarse en un sistema tarifario que sincere los costos y modere el incremento de la demanda, protegiendo con subsidios directos a la población más vulnerable.