En la Corte Constitucional está el futuro del país

Entre las funciones de una corte constitucional está de dirimir en asuntos de naturaleza política.

Cuando se detectan posibles excesos en el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, Legislativo, o de ambos, el rol de las cortes constitucionales es evaluar en qué medida las acciones de presidentes o asambleístas han sobrepasado los límites de la representación política otorgada por la ciudadanía a través del voto.

En ese aspecto, la valoración que dan a un hecho específico los integrantes de una corte constitucional debe tomar en cuenta la correlación de fuerzas político-electorales, el contexto en el que se presenta el caso y el grado de conflictividad social que rodea los hechos.

Y en medio de este escenario, las normas constitucionales establecen los parámetros a partir de los que se debe dar una respuesta social.

Tan trascendente es el papel de las cortes constitucionales en situaciones como la descrita que la justa caracterización de sus miembros es la de juzgadores de la política.

Por ello, y a diferencia de otros operadores de justicia de menor jerarquía, el ámbito de competencia de los jueces constitucionales va mucho más allá de lo puramente procedimental.

No son jueces para las formas jurídicas solamente, son jueces destinados a abordar la sustancia política.

Como consecuencia de lo dicho, se espera que en situaciones de extrema tensión política afloren las preferencias ideológicas de los magistrados constitucionales, sus consideraciones sobre el sentido del Derecho y su visión respecto al conjunto de valores bajo los que la sociedad debería orientarse.

Que un país conozca sobre la posición de su corte constitucional en el conjunto de temas señalados no solo es necesario sino imprescindible.

Una aclaración trascendental es imprescindible en este momento. Conocer cómo piensan los jueces constitucionales en el plano de lo político no implica decir que tengan afinidades partidistas.

Conocer cómo piensan los jueces constitucionales en el plano de los valores no implica decir que tengan acción directa sobre las organizaciones sociales que van en la misma línea de pensamiento. Los jueces constitucionales tienen su visión de la vida y aquello no los convierte ni en actores políticos ni en activistas.

En una coyuntura difícil para Ecuador, como es la del posible enjuiciamiento político al Jefe de Estado, el país espera que en la admisibilidad o no de esa vía constitucional de relevo presidencial, la Corte Constitucional cumpla con los estándares de un tribunal de esos quilates.

No es una comisaría cualquiera ni un juzgado que dirime sobre minucias. No puede ser el espacio de hacer un check list de procedimientos y nada más que eso.

Aquí y ahora, la Corte Constitucional tiene que jugarse su prestigio y evaluar profundamente la procedencia o no del juicio político.

¿Están dadas las condiciones políticas, sociales y jurídicas para enjuiciar al Presidente?, ¿los argumentos de la Asamblea Nacional son sostenibles para viabilizar un trámite de esta naturaleza?, ¿es esta la salida más idónea a la crisis política que afronta el país?

Esas preguntas, con la Constitución en una mano, la acusación legislativa en la otra, y los cinco sentidos en la coyuntura nacional, deben guiar el fallo que Ecuador espera de los magistrados constitucionales.

Cierto es que la Corte Constitucional se ha ganado un buen prestigio en términos de probidad intelectual y ética de sus integrantes; sin embargo, ahora no alcanza con ello.

En las actuales circunstancias, el país les demanda jugarse por una posición firme y clara.

Una posición que revele que tienen una idea concisa sobre cómo debe entenderse la democracia, cómo deben interpretarse los mutuos controles entre poderes del Estado, cómo deben dimensionarse los alcances y límites de las salidas constitucionales a los conflictos políticos.

En un país en el que los políticos carecen de referentes éticos y su visión de la vida nacional es elemental, la Corte Constitucional está destinada a asumir el rol de orientar las dinámicas e interacciones del corto y mediano plazo.

Más allá de que la decisión de los nueve magistrados sea a favor o en contra de la admisibilidad del juicio político, la responsabilidad que tienen ante el país es dar razones de fondo, no solo de forma, para sustentar su decisión.

Discutir sobre el fondo del problema político generado alrededor del juicio político al Jefe de Estado colocará a la Corte Constitucional como un referente nacional.

Ceñirse a la forma trasladará a ese tribunal al espacio de lo intrascendente. Precisamente por las capacidades y honestidad de ustedes, miembros de la Corte Constitucional, su posición será el principal argumento de la oposición política o del Gobierno, en función de la dirección que asuma su fallo.

Detractores habrá en cualquier caso, críticos también. Al final, bajo esas condiciones han aceptado ser jueces constitucionales. Magistrados de la Corte Constitucional: siempre será preferible ser conocido por frontal antes que por pusilánime.