Corrupción judicial al alza

La corrupción judicial sigue creciendo en Ecuador. A pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades y de los golpes de pecho de muchos abogados, algunos de ellos parte interviniente en los intercambios ilegítimos entre usuarios del servicio judicial y funcionarios encargados de administrar justicia, la corrupción en nuestros tribunales sigue ahí, vigorosa, fuerte.

Peor aún, va en aumento, tal cual el tumor cancerígeno que solo deja de atacar cuando la muerte sale a su encuentro.

Otra vez la corrupción judicial, se podrá decir. Otra vez con el mismo cuento. Sí, lamentablemente es así y seguirá siendo así mientras en el país el Poder Judicial no asuma un nuevo rumbo.

Como siempre, no todo funcionario es parte de este entramado, afortunadamente. Lo grave es que cada vez son menos los jueces y fiscales los que viven de su salario, situado entre los mejores de América Latina, dicho sea de paso, y más los que medran del poder conferido por la ciudadanía. 

World Justice Project, una organización multidisciplinaria e independiente, año a año entrega una medición mundial sobre el concepto 'Estado de Derecho', que incluye entre otras la pregunta: "si los jueces y funcionarios del Poder Judicial se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos; y, si el Poder Judicial y las resoluciones judiciales están libres de influencias indebidas por parte del gobierno, intereses privados, y organizaciones delictivas".

Quienes responden a esta encuesta de opinión pública son expertos nacionales y población en general. Para 2021, y solo considerando la pregunta citada, se incluyeron 34 países del continente americano.

En dicha medición, Ecuador se encuentra entre los que tienen mayor corrupción judicial, solo por debajo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México, Honduras y Haití.

Esa es nuestra triste realidad respecto a los países más cercanos. Comparativamente con los otros continentes, nuestra posición es aún peor.

En términos de corrupción judicial estamos peor que prácticamente todos los países europeos, la mayoría de asiáticos e incluso en estado más crítico que muchos africanos.

Pero las noticias trágicas no terminan ahí. De 2020 a 2021 Ecuador está entre los países de América que empeoró su posición en cuanto a corrupción judicial.

Luego de Honduras, Argentina y Antigua y Barbuda, Ecuador, junto a Guatemala y Brasil, son los países que comparativamente presentan mayores retrocesos en la lucha contra la corrupción judicial.

Dicho de otro modo, no solo que ahora estamos en una situación dramática sino que estamos peor que el año pasado.

Hay más. El triste escenario sigue. Si nos comparamos casa adentro, en el plano temporal, la valoración dada al país en 2021 por World Justice Project es la más baja que tenemos desde 2016. 

De hecho, siguiendo a la fuente de información citada, de 2014 a 2015 y de 2017 a 2018 se registraron los mayores éxitos en cuanto a la lucha contra la corrupción judicial, si se consideran todos los años de la medición, originada en 2012.

Ahí sí, nos guste o no, aplica bien el adagio popular que dice que todo tiempo pasado fue mejor.

Naturalmente, los datos presentados son percepciones de expertos y de la ciudadanía, pero es lo que se tiene a mano para el análisis y, sobre todo, es lo que tiene frente a sus ojos el inversionista que indaga dónde colocar su capital.

Con ese panorama, seguramente a muy pocos les quedará interés por mirar al Ecuador.

Dicho de forma más clara: con esos niveles de corrupción judicial, poca gente con deseos de invertir honestamente se acercará al país pues conocen que, si tiene que relacionarse de alguna forma con el Poder Judicial, las condiciones para el juego están dadas en los términos que se desprenden de los datos aquí expuestos.

Habrá empresarios que se arriesguen a invertir, desde luego, pero probablemente serán aquellos cuya ética vaya acorde con el nivel de corrupción judicial que azota al país.

Una parte del dinero para el negocio, otra para el usufructo y una más para aceitar la maquinaria judicial. Casos de ese tipo se ven todos los días.

La idea de generar espacios de articulación del país con el entorno internacional siempre será una agenda llamativa y de interés nacional.

Desafortunadamente, si a esos esfuerzos gubernamentales no antecede una política de lucha contra la corrupción, en este caso la de orden judicial, poco o nada se conseguirá en términos de inversión de mediano plazo.

Ningún empresario honesto invierte en un país cuya justicia se compra y se vende al mejor postor y menos aún cuando no observa indicios de que la búsqueda de transparencia en el Poder Judicial sea una prioridad de los gobernantes.

Por ello, y más allá de declaraciones histriónicas y de cocteles, los nuevos capitales extranjeros, serios y respetuosos de las leyes del país, ahora mismo no tienen ningún incentivo para mirarnos como espacio de inversión.