Un Sí responsable para el Yasuní

La consulta popular sobre el Yasuní es trascendental para el futuro de Ecuador, tal como lo sostuve en mi reciente columna en PRIMICIAS. Se requiere un debate nacional serio y desapasionado para evaluar sus consecuencias y tomar una decisión.

En mi caso, será por el 'SÍ', pero no de una manera romántica o ingenua, sino absolutamente responsable y consciente de los riesgos y las tareas imprescindibles que el país deberá abordar para evitar un colapso económico.

En la actualidad, los campos del ITT producen 55.000 barriles diarios, es decir, el 12% de la producción total del país. Aportan exportaciones de alrededor de USD 1.200 millones anuales, un monto significativo para sostener la balanza de pagos.

Desde el lado fiscal, son importantes para financiar los presupuestos del gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades, en especial ahora que se requieren cada vez mayores recursos para enfrentar la inseguridad, la situación social y los efectos del Fenómeno de El Niño.

Prescindir de dichos ingresos petroleros ahondaría el hueco fiscal provocado por la reducción de impuestos aprobada por el actual gobierno, la caída en la recaudación debido a la desaceleración de la economía y la baja en el impuesto a la salida de divisas.

La suspensión de la explotación petrolera cancelaría los planes de desarrollo de las reservas de los campos ITT, lo cual mermaría el potencial petrolero y las posibilidades de atraer inversión extranjera directa, otro golpe a la balanza de pagos y al fisco.

Según Petroecuador, el retiro de la infraestructura en los campos del ITT implicaría no solo perder las inversiones realizadas (USD 1.952 millones), sino incurrir en gastos adicionales para removerla (USD 467 millones).

Además, se deberán considerar mayores gastos para atender las necesidades de las comunidades que actualmente dependen de Petroecuador, para mejorar la gestión sostenible del parque, así como posibles demandas de empresas contratistas.

Por último, tras una eventual salida de la petrolera, serán necesarios más recursos para controlar las actividades ilegales de traficantes de drogas, madera, especies y minería ilegal.

Algunos gremios empresariales, colegios profesionales y muchos economistas, como Alberto Dahik y Rafael Correa, defienden la explotación petrolera en los campos ITT. Probablemente, este es uno de los pocos temas en los que coinciden los dos economistas.

Otro influyente analista económico, Walter Spurrier, sostiene que votar 'Sí' sería un caso de “suicidio asistido”, que afectaría la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la pobreza y la viabilidad de la propia dolarización.

Es innegable que dejar el petróleo enterrado le costará mucho a Ecuador, en especial para enfrentar una situación fiscal muy precaria. Entonces, con tantos riesgos en el horizonte de corto plazo, ¿por qué apoyar el 'Sí' y amenazar el futuro económico del país?

Una justificación es la ambiental. Aunque el área ya está intervenida e involucra un porcentaje reducido del parque nacional, la gestión ambiental y social de muchas compañías petroleras en la Amazonía ha sido nefasta.

Votar 'Sí' sería un mensaje contundente que iría más allá del Yasuní. Cuestionaría el modelo extractivista y la destrucción de ecosistemas tan preciosos, sin mencionar los constantes escándalos de corrupción que aquejan al sector.

Varias organizaciones ciudadanas destacan que el Yasuní es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y hogar de importantes poblaciones amazónicas indígenas. Proteger sus derechos y poner en valor esta riqueza natural y cultural excederían cualquier beneficio de la extracción petrolera.

Para hacer realidad tal quimera, es prioritario poner en valor dicha riqueza. Ello no sucederá de casualidad o en el corto plazo. Se requerirá un marco de políticas públicas que incentive la inversión privada y acceso a fondos climáticos externos para fortalecer la generación de empleo e ingresos alternativos por el uso sostenible de la biodiversidad.

Frente a tener más de lo mismo, la posibilidad de tener un modelo de desarrollo diferente es uno de los factores más atractivos de preservar el Yasuní. Sin embargo, muchos de los que apoyan el 'Sí' han minimizado el impacto económico de no explotar el petróleo en dichos campos.

Como alternativas a las pérdidas fiscales inmediatas, han planteado reducir el gasto tributario y cobrar impuestos a los ricos. El gasto tributario se refiere a menor recaudación debido a exoneraciones e incentivos fiscales. Ascendería a más de USD 6.339 millones, de acuerdo con un estudio del SRI, con cifras de 2021.

Es fácil decir que se deben eliminar estos privilegios y cobrar impuestos a los más ricos. Sin embargo, el grueso de las exoneraciones que tendrían que eliminarse está concentrado en pocos ítems:

• Exención del impuesto a la renta a los ingresos de entidades sin fines de lucro (como las universidades); dividendos a favor de sociedades nacionales; ingresos de nuevas inversiones en sectores priorizados, zonas francas y de empresas de la economía popular y solidaria: USD 1.668 millones.
• Exención de IVA a bienes como alimentos, semillas, fertilizantes, pan, fideos, medicamentos, lácteos, papel y libros: USD 1.519 millones.
• Exención del IVA a servicios como transporte, educación, salud, servicios básicos y alquileres: USD 877 millones.
• Deducción de los gastos personales de la renta personal: USD 392 millones.
• Devolución del IVA a las personas de la tercera edad: USD 108 millones.

Los cinco rubros antes mencionados ascienden a USD 4.564 millones, es decir, el 72% del total del tan mentado gasto tributario. Sería deseable saber con precisión cuáles exoneraciones plantean quitar y qué apoyo tienen para hacerlo. No hacerlo sería cómodo y hasta irresponsable.

Lo cierto es que reducirlos o eliminarlos es política y socialmente casi imposible, y -en muchos casos- inconveniente, por lo que parecería una propuesta irrealista.

También se han escuchado voces que piden utilizar las reservas del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, además de que esos recursos no pertenecen el gobierno y que, en cualquier caso, podrían usarse una sola vez, sería una alternativa riesgosa e inconveniente.

En consecuencia, no quedarían muchas opciones para generar recursos suficientes y que sean técnicamente sólidas. Una sería subir de manera gradual el IVA del 12 al 15%. Dado que la canasta básica está exenta de IVA, se estaría mitigando la regresividad de este impuesto, pero tal vez no sea el momento más oportuno de hacerlo, cuando la economía se halla en desaceleración.

La alternativa más eficiente sería eliminar parcialmente el subsidio a los combustibles fósiles y focalizarlo en las familias más vulnerables. Se sabe que este subsidio es costoso, regresivo y ambientalmente nefasto, pero quitarlo ha sido políticamente muy controversial.

Un escenario de triunfo del 'Sí' obligaría a los ecuatorianos a dialogar y ponernos de acuerdo sobre la eliminación de este subsidio y llegar a un consenso para no seguir quemando recursos públicos que atentan contra el ambiente y la caja fiscal.

En economía no hay almuerzo gratis: dejar bajo tierra el petróleo, tendrá un costo y habrá que hacer sacrificios. Confío en que seremos capaces de evitar el “suicidio asistido”, que teme Spurrier.

Desde una perspectiva de mediano plazo, una razón muy convincente para dejar de explotar el Yasuní, es la posibilidad de acelerar la discusión e implementación de una estrategia de transición energética hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles.

El cambio climático es real y la mayoría de los países está comprometida con reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el futuro, la demanda de petróleo caerá, como en su momento cayó el caucho o el cacao, y desató sendas crisis. Ecuador tiene la oportunidad de prepararse para esa eventualidad y no caer en errores del pasado.

De acuerdo con el BID, la transición energética significaría para Ecuador una caída del PIB de -3,6%. Pero, si impone un impuesto al carbono (que es equivalente a una reducción del subsidio a los combustibles) y eso se invierte en infraestructura en el sector agrícola, telecomunicaciones y digitalización, entonces le daría la vuelta a la tortilla y más bien aumentaría su PIB en 16,6% hasta 2050.

Por último, tengo una razón personal. Mis dos hijas han estudiado y trabajan por la sostenibilidad ambiental. Como tantos jóvenes, van a votar 'Sí'. Por mucho tiempo, mi generación ha sido la responsable del diseño e implementación de políticas públicas. El récord no ha sido bueno. Es la hora de escuchar y seguir a las generaciones que vienen. Esperemos que lo hagan de manera responsable.