Yasuní

El 20 de agosto se realizarán las consultas populares para dejar de manera indefinida en el subsuelo, el crudo del bloque 43 (ITT), que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní.

Además, se votará por prohibir la minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino.

Tanto el Yasuní como el Chocó Andino son reservas de biosfera, declaradas por la UNESCO, al igual que las islas Galápagos, el macizo del Cajas, y el Podocarpus, entre otras.

No es la primera vez que el país se debate entre la extracción de minerales y petróleo, y el cuidado del medio ambiente.

• En 2019, en el cantón Girón, el 86,7% de la población votó para rechazar la minería en los páramos de Kimsakocha.

• En 2021, en Cuenca, el 80% votó por la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.

El debate es profundo. Se discute y decide sobre el modelo de desarrollo que se busca. Al tiempo que se ejercen mecanismos de democracia directa.

No debería existir duda sobre la importancia de proteger ecosistemas frágiles y de alta biodiversidad, fuentes y zonas de recarga de agua y territorios de posesión ancestral; y que esa protección incluye prohibir la explotación de minas y extracción de petróleo.

Lo que motiva las dudas son los intereses económicos de grandes empresas. Los negocios más rentables son los de extracción y refinación de minerales y petróleos, junto con los bancos, y la tecnología.

No sorprende que estos intereses busquen incidir permanentemente en las decisiones del Estado, e influenciar la opinión pública.

También se argumenta sobre la importancia de los ingresos que se generan para el Estado. La explotación del bloque 43 (ITT) genera alrededor de USD 415 millones de ingresos netos (descontando costos de producción).

Una cifra que es apenas el 20% del valor que deben al Estado 500 deudores, que ascienden a USD 2.014 millones, y que se debería agilizar el cobro.

Cifra que es tan solo el 17% de los subsidios que anualmente el Estado da a sociedades (empresas), mediante exoneraciones y deducciones tributarias, que fueron de USD 2.455 en 2021 (último dato disponible), y cuyo beneficio para la sociedad no ha sido evaluado.

USD 415 millones es el 33% de la recaudación generada por el impuesto a la salida de divisas (ISD), que fue de USD 1.274 millones en 2022, y que el gobierno y los intereses económicos de quienes sacan dinero del país insisten en reducir.

Adicionalmente, prohibir la explotación minera y la extracción de petróleo en áreas sensibles por su diversidad y por los servicios ambientales que se generan, es una oportunidad para promover el desarrollo del país.

No es viable un modelo basado en la extracción de recursos, con alta desigualdad y pobreza. Es tiempo de generar capacidades y aprovechar las oportunidades que tiene el país, para dar una transformación productiva sostenible.

Apostar por procesos productivos que motiven el uso de tecnología y la innovación, aumentar la productividad, invertir en salud y educación; y dejar de buscar salidas rápidas de alta rentabilidad para pocos a costo de la degradación ambiental y la explotación del trabajo.

Posicionar al país como referente en los mercados de mitigación de huella de carbono, con potencial para sobre compensar los ingresos que se dejarían de recibir por la no explotación.

Votar para que no se extraiga el petróleo del Yasuní y no se exploten las minas del Chocó Andino permite generar un modelo de desarrollo sostenible, y exigir que se potencien las oportunidades que tiene del país, en lugar de destruirlas.