Los ad honorem

Esa es la denominación que el gobierno del encuentro ha puesto de moda. Los ad honorem son aquellos personajes que son parte del Ejecutivo, pero al mismo tiempo no lo son.

Tienen amplias atribuciones, pero a la par carecen de responsabilidades frente a la administración pública. Ser un ad honorem, por tanto, no solo es un privilegio, sino una distinción.

Ser un ad honorem, en rigor, es hallarse investido de prebendas de diversa naturaleza y con carta abierta para hacer y deshacer. Ausencia absoluta de controles estatales con amplias capacidades de gestión de recursos públicos.

Ese escenario, el de los ad honorem, es perfecto para que las irregularidades y los manejos reñidos con la ley afloren. Ese escenario es idóneo también para que la secretaría anticorrupción de la Presidencia de la República se pronuncie.

Pero claro, eso no pasa ni pasará porque, al igual que antes, esa institución es solo una fachada para intentar lavarse la cara ante la ciudadanía. Una ciudadanía cada vez más resistente al engaño.

Los ad honorem tratan de salir al paso de las críticas bajo el argumento de que su actividad no le cuesta un centavo al Estado, pues por su aventajada posición económica, no necesitan sueldo.

Con ese argumento, lejos de dar razones a su espacio, lo que los ad-honorem consiguen es precisamente lo contrario. En efecto, lo que estos seres transmiten a la población es que la pertenencia a la élite es el canal de acceso al Gobierno y a las decisiones públicas de trascendencia.

La política de la exclusión. La política de unos pocos. Así, paradójicamente, mientras el gobierno del encuentro se afana en darse un baño de ciudadanía de a pie, con los ad honorem, lo que obtiene es rechazo y la fermentación de los resentimientos sociales más profundos en un país en el que la inequidad es el rasgo fundamental.

Desde luego, los ad honorem se prestan para una lectura complementaria. La lectura del vacío del poder y del vacío de equipo de gobierno. Cada designación de ad honorem le dice al país que el Presidente no tiene con quien dirigir el Estado y que a la ausencia de una agenda de políticas públicas se le suma la carencia de personal de apoyo.

Si conseguir colaboradores es un problema para el Gobierno eso da cuenta de que la situación está llegando a niveles insostenibles que los ve la mayoría de la población, excepción sea dicha de Carondelet, naturalmente.

Allí decide la pareja presidencial. Allí no hay capacidad de injerencia de nadie que no piense y diga lo que los consortes creen que es bueno y malo. Ahora, muy tarde, han caído en cuenta que los ad honorem traían más costos que beneficios.

No solo eso, los ad honorem, abusando de sus privilegios, ahora se encuentran involucrados en escándalos de corrupción o al menos se sitúan en la retina juzgadora de la opinión pública.

Ya no hay ad honorem, gritarán en el afán de borrar de la memoria de la gente sus andanzas. Lamentablemente, aún cuando los ad honorem ya no acompañen al Gobierno, su paso por la administración del Estado ha puesto de cuerpo entero las falencias del Presidente.

Los ad honorem fueron, por tanto, el ejemplo palpable de la ausencia de proyecto de país, de la ausencia de políticas de Estado, de la ausencia de un criterio orientador del Ecuador que se quiere dejar para las futuras generaciones.

Ahora, sin ad honorem, el Gobierno debería pensar seriamente en el tipo de burocracia que tiene que reclutar y en el perfil de los funcionarios que irían a tono con lo que, al menos discursivamente, desea conseguir el Presidente Lasso en los largos tres años que le faltan para terminar este encargo.

Sin mandos medios comprometidos, cualquier política pública corre serios riesgos de fracasar. Sin mandos medios conocedores del manejo de lo público, cualquier esfuerzo puede ser echado por la borda, ni siquiera por mala fe sino simplemente por desconocimiento.

La salida de los ad honorem puede ser una oportunidad, otra más, para que el gobierno del encuentro valore la importancia de una burocracia profesional, para que considere la importancia del aparato estatal.