El conflicto, la peor opción del Gobierno

Desde luego que la opción de presentar un nuevo proyecto de ley que cubra solamente el tema tributario y fiscal no es la única que tiene el Gobierno.

En efecto, frente a la alternativa de 'Jack, el destripador' hay otras salidas, aunque todas marcadas por el incremento de la conflictividad política y la posibilidad real de que los aciagos días de la inestabilidad retornen.

Por ejemplo, si el Gobierno toma partido por la tesis de que los treinta días para el trámite del proyecto de ley siguen corriendo, entonces en un par de semanas podría ordenar la publicación íntegra de las reformas.

Con ello, un triunfo se habrá apuntado Carondelet, a pesar de que desde ya hay voces que opinan que jurídicamente esa alternativa es inviable. Sin embargo, más allá de lo legal, en este caso se trata de un tema netamente político.

Si el gobierno opta por esa interpretación, al día siguiente de la publicación de la normativa en el Registro Oficial las calles volverán a calentarse… y esta vez con fuerza.

Ahora mismo las organizaciones sociales, Conaie a la cabeza, también sindicatos y demás movimientos con articulación política, se encuentran carentes de la suficiente vitalidad como para generar una gran marcha de protesta contra el Gobierno.

El poco tiempo en funciones, la vacunación y otros factores han confluido para esa tensa calma.

Todas las fuerzas de oposición, por tanto, están a la espera de un cambio en la coyuntura política para desatar una buena dosis de protestas que pongan en vilo a las huestes de CREO.

Algo ha mejorado el panorama para la movilización a partir de la noticia de los 'Pandora Papers' y la crisis carcelaria, aunque parece que ambos hechos no serán suficientes. Por ello, el gran empujón que necesitan para volver a las calles les vendría dado desde el propio Gobierno.

Más aún, la opción de acogerse al Ministerio de la Ley como fundamento para aprobar las reformas gubernamentales servirá también como punto de ruptura, en esta ocasión sin posibilidad de retorno, frente a la Asamblea Nacional.

Así, unidas las fuerzas legislativas con las de naturaleza social se tornará un clima expedito para tensar y buscar las costuras al Gobierno. No se trata de interpretaciones legales, que no están por demás, desde luego. Esto es puramente político.

Otra salida, igual de peligrosa, es la insistencia en el envío de las reformas tal cual están, aunque mediando un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

En ese caso, el Gobierno primero deberá esperar la respuesta de los jueces constitucionales que, con toda seguridad, se tomarán más de treinta días. Ese es el tiempo en el que se podría aprobar un proyecto de ley acotado a lo tributario y lo fiscal. Por tanto, si de agilidad y premura se trata, esta alternativa no luce coherente.

Por otro lado, siempre habrá la posibilidad de que la Corte Constitucional declare que la actuación del CAL no transgrede norma alguna, en cuyo caso la derrota del Gobierno será por partida doble.

Finalmente, aún con una resolución favorable de la Corte Constitucional, lo único que conseguirá el Gobierno es que el proyecto de ley sea rechazado por la Asamblea Nacional con una mayoría monumental.

Desde luego, la gran ventaja es que allí tendrían el argumento necesario para ir a la consulta popular. Sin embargo, mientras todo lo relatado sucede, estaremos en los primeros meses de 2022 y ahí habrá que ver cómo está la popularidad del Presidente Guillermo Lasso.

La muerte cruzada siempre queda como opción. Ahí el conflicto se distribuiría en diferentes proporciones e intensidades.

Para algunos sería una estocada letal pues les obligaría a devolver una curul que jamás imaginaron que podían alcanzar, como es el caso de buena parte de los asambleístas de Pachakutik e Izquierda Democrática.

Ellos saben que, sin el impulso de Pérez y Hervas, sus votaciones habrían sido mínimas y que una coyuntura como la de la primera vuelta de 2021 difícilmente se repetirá.

Para el PSC, la muerte cruzada no les da ni les quita mucho. Volverán a tener una bancada de similares características a la actual y volverán a ejercer su rol histórico: ser el partido de oposición, independientemente de quien gobierne e independientemente de las propuestas que se formulen.

El gran ganador en ese escenario sería la Revolución Ciudadana pues podría volver al gobierno antes de lo que ellos mismos esperaban.

Si en 2021, sin contar con una estructura política formal, que ahora tienen, y con un candidato sin los suficientes pergaminos, que seguramente ya no será de la partida, estuvieron a ocho puntos porcentuales de ganar en una sola vuelta la elección presidencial, el panorama se les torna más benévolo en las condiciones actuales.

Por ello, ahí están los que se frotan las manos frente a una posible muerte cruzada. ¿Qué ganaría el Gobierno con esa decisión? Muy poco, gobernar unos meses e irse a la casa pues las opciones de ganar un nuevo proceso electoral son menores.

Si las opciones están así, ¿no es mejor disminuir el conflicto? Arriesgar tanto en el primer semestre de gobierno luce como una decisión demasiado aventurada.

En todo caso, sea que el Gobierno opte por 'Jack, el destripador', o por algunas de las salidas aquí expuestas, lo que el país requiere es una decisión urgente, pronta, inmediata. El tiempo pasa, Presidente Lasso.