Preocupémonos

Human Rights Watch hizo una advertencia que debería preocuparnos a todos: en Ecuador ha habido posibles violaciones a los derechos humanos desde que el gobierno decretó la existencia de un conflicto armado interno, en enero pasado, dice la organización.

Entre los abusos estarían una aparente ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias y abusivas, torturas y malos tratos. 

“De las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito”, dice la carta que la organización envía al Presidente de la República. 

Eso levanta muchas preguntas: ¿qué pasó con los más de otros 8.000 detenidos? ¿No llegaron a ser procesados? ¿Fueron liberados antes de ser puestos a órdenes de la justicia? 

Según información de HRW, la Fiscalía apenas tiene 339 casos en investigación previa hasta el 20 de febrero y solo cuatro sentencias condenatorias. 

Esto también nos deja demasiadas dudas: no se trata de que la justicia dicte sentencia a los detenidos como quien fábrica embutidos, pero no hay un parangón entre las cifras oficiales de detenidos —9.000— versus los casos de procesados o, peor aún, de sentenciados. 

¿El Estado realmente está deteniendo a quien debe detener o es una pantalla distractora para justificar una política ineficaz y de pocos resultados? 

La política militarista ha servido para justificar decisiones que, en otro contexto, habrían generado más resistencia: el aumento del Impuesto al Valor Agregado, IVA, en tres puntos, por ejemplo. 

Para HRW, además, el gobierno “no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada”. Así de contundente. 

Sin embargo, políticamente, la declaratoria le ha sido sumamente útil al gobierno. Le ha servido también para ahondar la polarización y repetir una narrativa simplista de buenos versus malos, en la que cualquier persona que se atreva a poner en duda la política de seguridad interna que lleva adelante el gobierno, es tildada de enemiga. 

El presidente Noboa incluso, antes de que un organismo del prestigio de HRW levantara esta alerta, se adelantó a advertir: "Que ninguna antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie".

Esas declaraciones las hizo en febrero pasado, después de que el juez Manuel Peña responsabilizara a las Fuerzas Armadas de vulnerar los derechos de siete personas en la Penitenciaría del Litoral.

Ahora, HRW hace la misma alerta de posibles casos de tortura y malos tratos, tanto dentro de las prisiones como fuera de ellas. Y no solamente eso, también alertó sobre posibles detenciones arbitrarias. “Muchas personas que se reportaron como detenidas en el país, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez”, dice la carta.

Esto es impensable en un Estado de derecho. Las personas que son detenidas deben ser entregadas a la justicia para que sean debidamente procesadas. 

El combate al crimen organizado no puede ser un argumento para debilitar a la democracia y los ciudadanos no pueden sacrificar las garantías que existen en un Estado de derecho a cambio de la promesa incierta de ofrecer seguridad. Esa es una obligación del Estado y no puede estar condicionada. 

Lastimosamente, los datos de 2023 del Latinobarómetro refuerzan esta idea preocupante sobre la percepción de la democracia: 87% de la población está insatisfecha con la democracia en Ecuador. Es una cifra alarmante que viene seguida de otra, aún más alarmante: 1 de cada 2 ecuatorianos apoyaría un gobierno militar "en reemplazo de un gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles".

Eso significa que, como país, no valoramos las garantías que nos ofrece la democracia y somos propensos a desecharla como si se tratase de un asunto inconveniente. No lo es. Es el sistema que más garantías nos ofrece para evitar los abusos de poder.

Eso implica que tampoco se deben minimizar las advertencias. Ya ha habido varios hechos que se pueden tomar como tal. Esta viene de un organismo internacional relevante, serio y comprometido en la defensa de los derechos humanos. 

De nuevo, no digan que no nos advirtieron.