Cómo garantizar bienestar y sostener el consumo para la reactivación económica

La crisis económica, que se profundizó por la pandemia de Covid-19, afectó de manera directa al empleo y al ingreso de las personas.

En septiembre de 2020 tenemos 700 mil empleos adecuados menos que los registrados en la misma época de 2019, y hay 670 mil personas más en la inactividad económica. Esto desemboca en la pérdida de la capacidad de consumo y en el empobrecimiento de la población.

El consumo de los hogares fue 11,9% menor en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019; y se estima que la pobreza aumente de 25% a 29% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

La caída del empleo y del consumo genera una pérdida de bienestar (que es el fin de la economía), pero además produce un círculo vicioso de recesión por caída de la demanda agregada: menos consumo, menos ganancia, menos inversión, menos producción, menos empleo, menos ingreso, menos consumo, etcétera.

Garantizar el bienestar y sostener el consumo es indispensable tanto para la reactivación de la economía, como para evitar que más personas caigan en la de pobreza. Es la prioridad.

Existen alternativas. Por ejemplo, la CEPAL ha planteado la necesidad de establecer un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable. Esto responde a la estructura económica de la región: alta informalidad y baja cobertura de la seguridad social.

En el caso ecuatoriano se puede construir una estrategia que combine transferencias monetarias y políticas activas de empleo como instrumentos de protección social:

• Implementar un ingreso básico para niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, además de cualquier otro beneficio que esté recibiendo el hogar. Estimando que la pobreza que ubique en el 30%, se cubriría a 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes que, con una transferencia de USD 45 mensuales (alrededor de la línea de pobreza extrema), condicionado su entrega si se quiere a compra de alimentos, vestimenta, y gastos de salud y educación, representaría una inversión de USD 1.296 millones en 2021.

• Ampliar la pensión no-contributiva para adultos mayores hasta el 30% más pobre de la población, y que no estén recibiendo otra transferencia ni cubiertos por la seguridad social, significaría 140 mil personas, que con una pensión de USD 100, requeriría una inversión de USD 168 millones en 2021.

• Un programa de empleo vinculado a proyectos de inversión pública, que vinculen a quienes han sido despedidos/as durante la crisis, por ejemplo, para prestar servicios en territorios de alto riesgo de malnutrición crónica y/o gestión de ferias inclusivas bioseguras, que fomenten cadenas cortas de comercialización. Por cada USD 1.000 millones de inversión (del Gobierno Central y de los GADs) se podrían generar 110 mil empleos que paguen 1,5 veces el salario básico; y,

• Devolver el empleo, es decir, suspender las reducciones de jornada y de salario, más aún cuando el Gobierno nacional ha decidido que no se aumente el salario básico para 2021. En su lugar, para empleadores que muestren que no pueden lograr una reactivación completa de actividades, y sostengan el número de empleos, aplicar subsidios directos al costo proporcional de nómina. Por ejemplo, cubrir el equivalente al aporte patronal sobre salario básico y el decimotercero y el decimocuarto sueldos de 195 mil trabajadores, se podría lograr con USD 250 millones.

Un paquete de empleo y protección social de USD 2.714 millones, que permitiría sostener el consumo, proteger a las personas más vulnerables y reactivar la economía. Pasar a un círculo virtuoso de: mayor consumo, mayor nivel de ventas, mayor ganancia, mayor inversión, mayor empleo, mayor ingreso, más consumo, etcétera.

Ahora bien, considerando que se ha posicionado la idea de que no hay recursos. La pregunta es, ¿cómo financiarlo?

Para encontrar respuestas, recordemos simplemente que el último crédito del FMI al Ecuador fue de USD 6.200 millones, ¿en qué se han usado?

Además, cada año el país destina USD 5.500 millones en subsidios y más de USD 7.000 millones en 'gasto tributario' (subsidios mediante exoneraciones y deducciones de impuestos), y pierde más de USD 4.000 millones en evasión y elusión fiscal.

Finalmente, siguiendo propuestas y estimaciones que se han hecho, se puede incluir un impuesto al patrimonio, que lo pague el 10% más rico del Ecuador, que recaudaría USD 1.000 millones al año.

Hay recursos, la pregunta es ¿cómo los usamos?