¿Cómo se podría bajar el riesgo país de Ecuador?

El riesgo país (RP) se mantuvo por debajo de los mil puntos durante casi todo el período del presidente Lenín Moreno. El comportamiento de este indicador empezó a cambiar en noviembre pasado, cuando el mercado expresó, por primera vez, sus dudas sobre el buen manejo de las finanzas públicas ecuatorianas.

Durante casi un mes –desde el 18 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019– el RP se cotizó por encima de los 1.000 puntos. Este nivel de precios es malo porque indica que el mercado exige una prima de al menos 10% anual por encima de lo que paga un bono del Tesoro estadounidense para que un inversionista ponga su dinero en el título más seguro que tiene el Ecuador: un bono soberano.

Un RP por encima de 1.000 puntos o, equivalentemente, una prima de dos dígitos para el prestamista significa que el deudor –es decir el Estado– deberá pagar el doble de lo que pidió prestado, en un plazo menor de diez años.

Es una tasa demasiado onerosa que también afecta al financiamiento del sector privado, porque el inversionista externo exigirá a la empresa privada una prima aún mayor a la que pidió del Estado. (Se considera que el mejor riesgo crediticio de un país es el soberano, aunque esto, en la práctica, no siempre sea así).

La preocupación manifestada en 2019 por los tenedores de bonos se ha convertido ahora en un mensaje inequívoco de pesimismo sobre el estado actual de las finanzas públicas de Ecuador: hoy por hoy, el RP bordea los 3.000 puntos básicos, el nivel más alto que Ecuador haya registrado en la última década, comparable solamente con la situación que se vivió –allá en 2009– cuando Correa hizo un “default” selectivo de la deuda externa.

Una prima de 30% anual por encima de lo que paga un bono del Tesoro estadounidense sólo significa una cosa: que los inversionistas asumen que los bonos en su poder no podrán ser honrados y, en consecuencia, que el mercado de bonos está, ahora mismo, cerrado para la República del Ecuador.

¿Qué hacer para que el Riesgo País baje?

Si el financista exige una prima alta es porque entiende que la posibilidad de recuperar su dinero es baja (o nula). El deudor –en este caso Ecuador– deberá tomar las medidas necesarias para demostrar que tendrá liquidez suficiente no sólo para cubrir sus compromisos más inmediatos sino para que las finanzas públicas se tornen sostenibles en el mediano y largo plazos.

Las medidas más importantes y urgentes que deberían tomarse son:

• Reducir el gasto en salarios: una de las medidas adoptadas esta semana apunta en aquella dirección pero es insuficiente. En vez de retener entre un 4% y un 8% de los ingresos de los servidores públicos se debería acordar un recorte promedio permanente de entre 25% y 30% de los salarios. Esto debería hacerse con la asistencia técnica de la OIT y, como es obvio, con el acompañamiento de todas instancias estatales, en especial de la Asamblea Nacional. Un recorte consensuado de salarios evitará despidos masivos y tensiones sociales y políticas innecesarias en este momento. Es muy probable que una porción mayoritaria de servidores públicos acepte una propuesta como esta porque le permitiría asegurar su empleo y sus ingresos en una coyuntura económica tan difícil como la actual.
• Recomprar bonos de deuda externa: una reducción del 30% del gasto en salarios generaría excedentes por unos USD 2.700 millones anuales (en sueldos y salarios se van casi USD 9.000 millones por año). Con ese dinero se podría recomprar deuda ecuatoriana que ahora mismo vale muy poco en el mercado. Se debería estructurar una oferta de compra que cumpla con todos los requisitos y estipulaciones legales para brindar absoluta seguridad y transparencia a sus participantes. Las recompras serían espaciadas y los bonos que deberían recomprarse son los de maduración más inmediata (los 2022, por ejemplo).
• Reestructurar el proceso de “monetización” de activos: para que tenga éxito, un proceso como este debe contar con la participación activa de instituciones como IFC (el brazo financiero del Banco Mundial) y de dos o tres bancos de inversión de primer nivel que lideren, con equipos especializados, cada una de las transacciones propuestas. Se requiere que la República cuente con un equipo de abogados internacionales calificados que estructuren contratos creíbles y transparentes. Este nuevo equipo de especialistas debería trabajar para que las operaciones de “monetización” se lleven a cabo apenas comience el nuevo Gobierno. Tal como están las cosas ahora mismo, no veo que ninguna de las operaciones planteadas pueda cerrarse durante la actual administración.

Se requiere liderazgo y conocimiento para tomar estas tres medidas. Pero si al menos la primera pudiera ser adoptada (me refiero al recorte consensuado de salarios) la percepción sobre la viabilidad de las finanzas públicas –y sobre el manejo económico– cambiará para mejor.

El riesgo país bajaría y el acceso a los mercados externos se normalizaría. Quedaría aún mucho por hacer pero, al menos, habríamos salido del agujero negro en el que nos encontramos.

@GFMABest