Cleptocracia: el legado que dejan Moreno y las élites que cogobernaron

La cleptocracia es la institucionalización del nepotismo y del clientelismo político. La Real Academia Española la define como el "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos". 

En los últimos años abundan los ejemplos, que se pueden organizar en cuatro ámbitos, en los que los aliados, que cogobernaron, se hacen visibles por las propuestas que impulsaron o apoyaron, y los beneficios que recibieron.

Primero, el uso de lo público para beneficio personal. Aquí se encuentra el hecho de utilizar un helicóptero público para actividades privadas, el abuso de la influencia del Estado para conseguir audiencias internacionales, y aprovechar un cargo público para obtener trabajo en organismos internacionales, violando impunemente la Constitución.

Segundo, las decisiones económicas con que se distribuyeron los beneficios del Estado y los costos de la crisis. Se puede listar la condonación de multas e intereses a empresas que adeudaban impuestos al SRI.

Además del aumento de subsidios a sociedades bajo la figura de exoneraciones de impuestos, la creación de un impuesto del 2% sobre las ventas de las microempresas, la eliminación del subsidio a los combustibles, y el poner la carga de la crisis en los y las trabajadoras al permitir la reducción de la jornada de trabajo.

Se puede listar la condonación de multas e intereses a empresas que adeudaban impuestos al SRI.

Tercero, la gestión pública basada en brindar privilegios de grupo. El mayor ejemplo es la gestión de las vacunas para Covid-19, en que se permitieron privilegios en el acceso al ministro de Salud y a su madre, a la esposa del Presidente, al ministro de Defensa, al ministro de Finanzas, a chefs y jóvenes Tiktokers con influencias, a periodistas pro-gobierno, y a miembros de clubes privados.

Se permitieron privilegios en el acceso a las vacunas de Covid-19.

Las vacunas VIP incluyen, además, como se ha hecho público, a personajes políticos interrelacionados entre ellos, como es el caso de Carlos Larreátegui, que fue ministro y vocero del gobierno de Jamil Mahuad (Democracia Popular, DP); y quien, siendo rector de una universidad privada, entregó doctorados honoris causa tanto a Lenín Moreno como a Guillermo Lasso.

Las vacunas habrían beneficiado también a Osvaldo Hurtado (DP), quien ha negado haber sido vacunado. Cuando fue presidente, Hurtado realizó la 'sucretización de la deuda'.

Pero además a Pablo Better y a Jaime Durán Barba (también negó haber recibido la vacuna) quienes, al igual que Larreategui y Lasso, fueron parte del gobierno de Mahuad en los cargos de presidente del Directorio del Banco Central y de secretario de la Administración Pública, respectivamente.

El cuarto ámbito es el uso de la fuerza pública para reprimir la protesta social, como lo evidencia el Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia de los Hechos Ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de Octubre de 2019, elaborado por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas.

El informe que "documentó casos en los cuales se evidencia el uso excesivo de la fuerza", concluye que "el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia".

Respecto a posibles violaciones de derechos humanos, la Comisión "analizó casos que tienen relación con los siguientes descriptores: violaciones al derecho a la integridad personal 123, violaciones al derecho a la libertad personal 38, ejecuciones extrajudiciales 6, atentados contra el derecho a la vida 22, violencia sexual 3, lesiones oculares 20".

"Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política. Algunas víctimas pudieron haber sufrido más de una vulneración".

Algunas víctimas pudieron haber sufrido más de una vulneración.

En este sentido, la Comisión considera que "las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de 'ataque generalizado' contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad".

Es así como el gobierno de Moreno y sus aliados suman a la crisis económica y la pandemia una severa crisis institucional, dejando como legado un Estado entregado a brindar privilegios a las élites económicas, en perjuicio de las grandes mayorías.

Moreno y sus aliados dejan como legado un Estado entregado a brindar privilegios a las élites.

Frente a la decisión que los y las electoras debemos tomar para la segunda vuelta presidencial, lo que se pone en juego es el tipo de sociedad que queremos.

Los grupos económicos y políticos toman partido en defensa de sus intereses y de los privilegios logrados.

La alternativa es exigir y apoyar una propuesta que entienda lo público como la búsqueda de justicia social, garantizando derechos para todas las personas, en lugar de brindar privilegios para unas pocas.

Y que fomente la libertad real, que se logra con igualdad de oportunidades, en lugar de profundizar desigualdades favoreciendo intereses económicos particulares.