‘Carteles Jurídicos presionan a jueces’. ¿Grandes firmas de abogados salvarían a Correa del #ArrozVerde?

Pocas veces la opinión pública había confiado tanto como ahora en que la justicia, esta vez, alcanzará a los poderosos, siempre intocables.

El caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016 apunta, directamente, a quien gobernó por 10 años, y a su más cercano entorno.

Las primeras acciones de la fiscal general, Diana Salazar, y de los jueces fue celebrada por la opinión pública, al comprobar que no hubo temor de procesar a Rafael Correa y señalarlo como líder de una trama de corrupción.

La semana pasada, la fiscal Salazar dijo que en el período 2012-2016, alrededor de la estructura del gobierno de Correa y Alianza PAIS, se creó “un esquema delictivo”. 

Y dijo más: Que el objetivo de esta organización era buscar empresarios privados que entregaran dinero en efectivo o a través de cruce de facturas, para financiar campañas electorales.

También habló alto y claro fue el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

Salvador calificó a la trama de sobornos de “sofisticada estructura de corrupción” liderada por Correa.

Y añadió que fue diseñada y dirigida desde la Presidencia, utilizando sus instalaciones así como los edificios de Senagua, Miduvi, Ministerio de Transporte y Vicepresidencia, para captar, administrar y distribuir sobornos recibidos de los empresarios privados.

“¡Con razón ganaban cada elección! Exclamó el procurador. Y subrayó que el líder era Rafael Correa quien designaba a personas de absoluta confianza como Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís.

Esto no es nada nuevo, pero que lo diga el procurador resulta interesante y ha tenido efecto inmediato: Correa habría descartado a María Isabel Salvador, hermana del procurador, como probable candidata a la Presidencia, en 2021.

El caso Arroz Verde es definitivo en la política electoral de 2021, por lo que hay movidas insospechadas entorno al caso.

En esa línea hay que entender la estratagema que los imputados y sus abogados aplicaron la semana anterior. 

Quiénes no están prófugos se enfermaron: José Verdú presentó certificado médico por “un estado de salud deplorable, con una severa afección intestinal”.

Edgar Salas tenía previsto someterse a un procedimiento de tratamiento gastroesofágico, el jueves 12 de la audiencia, y la asambleísta Viviana Bonilla tenía programada su cesárea.

Los que no se enfermaron, William Phillips y María de los Ángeles Duarte adujeron el tiempo de anticipación con el que se convocó la diligencia, por lo que su abogado, Diego Correa, solicitó el diferimiento de la audiencia.

Para precautelar el debido proceso, la jueza Daniella Camacho difirió la reinstalación de la audiencia para el 3 de enero de 2020.

El diferimiento hizo saltar las alarmas de que algo serio está sucediendo y que podrían hacer fracasar el proceso. 

Recuerdan que no es la primera vez, ya que el 30 de octubre pasado la defensa de los procesados Mateo Choi y Édgar Salas solicitó se posponga la diligencia, porque sus defendidos estaban fuera del país.

Christian Zurita y Fernando Villavicencio, quienes destaparon el caso Arroz Verde, ven maniobras oscuras y han revelado acciones de los procesados y sus abogados con estos fines.

Señalan que los abogados de Walter Solís y Alexis Mera también intentan entorpecer las audiencias, para alargarlas, al igual que la abogada que defiende a Mateo Choi, de SK.

El objetivo es dilatar el proceso que permita que ciertos involucrados puedan presentarse en actividades políticas en la próxima campaña electoral, dijo Zurita.

Villavicencio, en Twitter, precisó: “quieren tumbarse Arroz Verde para que Correa sea candidato y perpetuar la más desvergonzada impunidad”.

Arroz Verde es un caso gigante que podía arruinar el futuro político de muchos: Fiscalía incorporó al proceso 60 mil documentos y 1.300 archivos de las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez. Allí está todo, dicen.

“Existe una serie de carteles jurídicos, radicados en Quito, que hacen lobby muy poderoso intentando sobornar a los funcionarios”, soltó Zurita.

Las redes sociales ardieron especulando con nombres de los probables lobistas pero, hasta ahora, hay solo unos cuántos indicios.

Zurita habla de dos estudios jurídicos que están presionando a la justicia: Uno que está en Guayaquil y “se ha acostumbrado a defender a todo corrupto que existe en el país”. Y otro que está en Quito y, “aparentemente tiene un discurso anticorrupción, pero detrás está defendiendo los peores intereses del país”. ¡Terrible! 

Que la justicia se deje engatusar sería funesto para el Ecuador, que necesita exorcizar estos demonios de la corrupción. ¡Que Dios nos coja confesados!