Candidatos, en Black Friday electoral

No califican ni para actores secundarios, pero serán los protagonistas de las elecciones del 5 de febrero de 2023. La villanía se solaza en el país, mientras Ecuador vive una emergencia ética permanente y nada hace avizorar un cambio urgente.

En varias ciudades y provincias, la papeleta electoral de febrero incluirá a personajes que han sido procesados y castigados con la destitución, por repudiables actos de corrupción. O echados del cargo por incumplimiento de las funciones constitucionales asignadas, tras haber sido sometidos a la revocatoria del mandato.

Aunque parezca una aberración, el Código de la Democracia posibilita que, aquellos que hayan sido sancionados por el pueblo, en las urnas, puedan volver a candidatizarse para la misma dignidad, en el siguiente período electoral.

Y eso es lo que han hecho ciertos personajes, en especial quienes cuentan con movimientos políticos propios; agrupaciones de bolsillo de la que son amos y señores.

Aunque tampoco faltan quienes hayan recibido el respaldo de organizaciones más grandes, en las que son los dirigentes, y no las bases, los que deciden a quién apoyar.

Para las elecciones seccionales del próximo año hay candidatos con grillete, una medida sustitutiva, que evidencia que están bajo investigación de la justicia; por lo que su intervención en una elección popular es una vergüenza para la democracia y una afrenta para los ciudadanos honestos.

En el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, cuya sentencia acusatoria no está ejecutoriada, ninguno de sus contendientes a la carrera electoral se atrevió a presentar apelación alguna para impedir su inscripción, en busca de volver al Municipio del Distrito Metropolitano.

Ni siquiera aquellos que propiciaron su remoción, ya sea como concejales o abogados acusadores, en una batalla que duró varios meses y llenó de zozobra e inestabilidad a la capital, movieron un dedo para impedir su postulación.

¿Por qué no lo hicieron? ¿A qué le temen? Ojalá respondieran a sus electores, que querrán saber el porqué de esa ambigua conducta.

A la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, devenida en intensa tiktokera, un siniestro acuerdo político en la Asamblea Nacional le otorgó amnistía, por lo que los procesos judiciales en su contra fueron anulados y el grillete que portaba, retirado, permitiéndole terciar por la reelección.

Su caso grafica lo que es la política ecuatoriana, cuando las mayorías negocian ventajas para satisfacer sus ambiciones personales y grupales, a espaldas del pueblo.

El oficialista BAN, Pachakutik y unos independientes ofuscados pactaron con el correísmo, y, claro, con Izquierda Democrática, a cuyos dirigentes les está fallando el instinto político, al punto de ceder Pichincha a sus contradictores. Pagarán la factura electoral.

En la papeleta de febrero estarán también candidatos a quienes, por esos misterios que tiene la política de trastienda, les borraron, de manera oportuna, glosas millonarias.

Es el caso de la candidata a la prefectura del Guayas por la Revolución Ciudadana (RC), Marcela Aguiñaga, a quien el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) anuló, en agosto pasado, una glosa por USD 41 millones que la Contraloría estableció en su contra por la compraventa de terrenos del ISSFA en el parque Samanes, cuando fue ministra de Ambiente, en 2016.

Como candidato a la Alcaldía de Quito, por la Revolución Ciudadana (RC), está Pabel Muñoz, quien renunció a su curul como asambleísta por Pichincha.

Muñoz tiene una glosa civil confirmada, pero impugnada, por USD 15.087.861, de la época en que fue Secretario Nacional de Planificación y miembro del directorio de TAME-EP.

Él ha dicho que se trata de una "barbaridad jurídica", por lo que el TCA ha dado de baja la impugnación.

En Chone (Manabí), el candidato de la misma RC, Humberto Vera Delgado, tiene una sanción administrativa. Y su coideario, Leonardo Orlando, candidato a prefecto, una glosa civil por USD 3.795.140, que ha sido impugnada.

La candidata a la Alcaldía de Durán por UNES, Alexandra Arce, tiene en la Contraloría una "responsabilidad civil culposa".

En El Oro, la Corte de Justicia habría negado la apelación a la acción de protección interpuesta por Carlos Falquez Batallas, candidato del PSC a la Alcaldía de Machala, por glosas determinadas por la Contraloría.

Falquez dejó su curul para terciar, una vez más, por la Alcaldía de Machala, al frente de la cual estuvo en dos ocasiones anteriores.

El caso más emblemático del regreso a las urnas ocurre en Loja, donde José Bolívar Castillo, quien fuera destituido de la Alcaldía mediante un proceso revocatorio, con una votación de 70,85%, hoy está de vuelta y terciará en febrero.

En el colmo de las aberraciones electorales, la alianza Creo, Avanza y Construye (ex Ruptura) inscribió como candidato para alcalde de Muisne a un sentenciado por asesinato.

Tras el escándalo nacional, la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas le habría dejado fuera de las elecciones, pero aún hay dudas. El sujeto cuenta con abogados caros. 

¡Por Dios, no humillen al país!

En varias ciudades y provincias la gente se lamenta por los candidatos que se han inscrito. Esperaban nombres más solventes, pero, en realidad, para ser candidato no hay estándares de calidad.

Faltan más de dos meses para que inicie la campaña de manera oficial, pero los candidatos están en una suerte de Black Friday electoral; sobre todo quienes están en el poder local y cuentan con recursos, gente e impunidad que les cobija.

No hay autoridad electoral que haga respetar las leyes.

En Ecuador se llega al poder cabalgando a lomo de las mentiras más absurdas y haciendo regalos anticipados; unas baratijas para un pueblo carente de todo. 

Se compra el voto con total impudicia. La democracia es un fiasco.