Para cambiar la política no es necesaria (de momento) una nueva Constitución

No es una defensa de la movimientista e ilusoria Constitución de Montecristi, plagada de erróneas concepciones respecto a la democracia representativa y la forma de gobierno presidencialista (a diferencia de la europea forma de gobierno parlamentarista) que rige en América Latina.

De hecho, instituciones políticas peligrosas para el país, como la llamada “muerte cruzada” o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deben desaparecer de un tajo. Sin embargo, no es el momento para ello.

Para una nueva Asamblea Constituyente se requiere un escenario político más estable, en el que las distintas fuerzas partidistas ocupen claramente un espacio en el espectro ideológico y la sociedad se encuentre en mediana armonía para decidir.

Esas condiciones no están presentes, por lo que, hablar ahora mismo de una nueva carta constitucional llama la atención respecto a los reales intereses que están detrás de esa propuesta.

Sin embargo, la forma de hacer vida política al día de hoy sí se puede cambiar de forma relativamente sencilla. Para ello, basta reformar el Código de la Democracia, ese ampuloso cuerpo legal en el que se fundamenta buena parte de los problemas que la ciudadanía ahora mismo observa entre la impotencia y la desidia.

Tanto es así que se puede decir, con argumentos suficientes, que ese cuerpo normativo garantiza los incentivos suficientes para que a la política se dediquen los más incapaces y corruptos.

Aunque pueda parecer una exageración, no lo es.

Por ejemplo, ahora mismo no se necesita ser afiliado a una organización política para ser candidato. Con ello, se abre la puerta para que la gran mayoría de los que ahora buscan la presidencia puedan ser parte del proceso. Basta tener algunos millones de dólares en el bolsillo y un ego exacerbado para participar en la contienda electoral.

Como consecuencia, las personas afiliadas a los partidos, que han destinado su tiempo y recursos a formarse en la esperanza de acceder a un espacio de poder, simplemente se desalientan y se alejan de la militancia.

Una simple reforma al Código de la Democracia en la que establezca un período mínimo de dos a tres años de afiliación previa para poder ser candidato reduciría considerablemente la presencia de advenedizos y apoyaría la formación de cuadros políticos calificados.

Otro ejemplo. A la fecha, el asambleísta que se separa de la organización política con la que accedió al cargo no pierde su curul. Salvo en casos extremos, como la objeción de conciencia, esta disposición fomenta que esos “independientes” se conviertan en los principales extorsionadores de los gobiernos de turno.

De esa manera, por tanto, se da carta abierta para que se institucionalice el intercambio de votos por hospitales, direcciones regionales y demás fuentes de atraco de los recursos públicos.

En un país como Ecuador, donde las elecciones se dan con listas cerradas (no se pueden escoger a los candidatos por los que se quiere votar, sino a la lista completa), la representación legislativa obedece prioritariamente a los partidos y no a las personas.

Siendo así, permitir el comportamiento oportunista de este tipo de asambleístas, no solo propicia espacios para la corrupción, sino que además debilita a las organizaciones políticas. Basta colocar una disposición que plantee que la separación de la bancada implica la pérdida de la curul para que este tipo de conducta se reduzca drásticamente.

Un ejemplo adicional. Acorde a las reglas de juego actuales, hay una serie de subterfugios y mecanismos legales para evitar que las organizaciones políticas nacionales desaparezcan por ausencia del mínimo de votos suficientes en cada elección.

Las supuestas “alianzas” es una de esas formas de permitir que mantengan registro ante el CNE algunos movimientos y partidos que nunca han tenido curules en la legislatura o que su última representación data de al menos una década atrás.

Si se daría una reforma clara a los umbrales electorales, de las 17 organizaciones nacionales, al menos la mitad no tendría registro electoral. Ese simple cambio normativo no solo ayudaría a reducir la dispersión electoral que ahora existe, sino que apoyaría para que las insignificantes organizaciones políticas existentes se agreguen en torno a estructuras con algún grado de organicidad.

Ahí están tres reformas al Código de la Democracia que, aplicadas en conjunto, pueden cambiar sustancialmente la política nacional.

De esa forma se ayudaría a pasar de un sistema político que alienta a los mediocres y los corruptos a otro en el que los ciudadanos con conocimientos sobre la vida pública y rectas intenciones gobiernen el país.

Aunque estas reformas no son la única salida a los problemas políticos, ahí hay una salida para la que no se requiere una nueva Constitución. Ojalá en los debates que están por venir y en los medios de comunicación se consulte a los candidatos sobre este tema.

Omitir este tipo de preguntas es otra forma de estar de acuerdo con la burda e inmoral forma de hacer política que ahora tenemos.