La COP28, Ecuador y el Yasuní

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, se está desarrollando en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), la 28 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como la COP28.

Desde que se anunció la sede de este evento, la COP28 ha estado envuelta en polémica. Para empezar, es paradójico que una cumbre climática se realice en uno de los principales países productores de petróleo, el combustible fósil cuyo uso es el principal causante del calentamiento global.

Como anfitrión del evento, se ha criticado a los EAU, y en particular al emiratí Sultan Al Jaber, presidente de la COP28 y a la vez gerente de la Compañía de Petróleo de Abu Dhabi, de intentar lavar su imagen y eludir su responsabilidad en el proceso de cambio climático (greenwashing).

Más graves aún son las denuncias realizadas por el Center for Climate Reporting (CCR) que acusó a EAU y su empresa petrolera de aprovechar de manera secreta la COP28 para expandir sus negocios de combustibles fósiles con una veintena de países como China, Mozambique, Canadá y Australia, tal como lo reportó Primicias.  

Aunque los emiratíes han rechazado la denuncia y la han calificado como falsa, un velo de conflicto de intereses ha empañado el inicio de la principal conferencia climática en el mundo. Los anfitriones y los líderes mundiales participantes deberán despejar cualquier sombra de duda para que la cumbre sea exitosa.

Esto ocurre en circunstancias en que la crisis climática continúa agravándose. 2023 cerrará como el año más caliente jamás antes registrado. Los glaciares están desapareciendo y eventos extremos, como sequías, inundaciones, incendios, huracanes y otros, son cada vez más frecuentes. Los más pobres son quienes sufren el mayor impacto.

De acuerdo con el FMI, para limitar el aumento de la temperatura global a no más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, la emisión de gases de efecto invernadero debería reducirse consistentemente en 25% en 2030 respecto a los niveles de 2019. La meta más ambiciosa, de 1,5 grados centígrados, requerirá reducción de emisiones del 50%.

Sin embargo, los compromisos anunciados hasta el momento están muy lejos y solo llevarían a una reducción de emisiones del 11%, que resulta insuficiente para cumplir el objetivo. En la COP28 se presentó el primer informe de progreso desde la firma del Acuerdo de París, y, para colmo, la realidad es incluso más grave: las emisiones no solo no se han reducido al ritmo requerido, sino que en este año han aumentado.

A la vez que las emisiones no han dejado de crecer, la superficie boscosa del planeta no ha dejado de bajar, lo cual reduce su posibilidad de capturar los gases de efecto invernadero y causa una enorme pérdida de biodiversidad. El año pasado, se deforestaron 6,6 millones de millones de hectáreas, un 4% más que en 2021.

Según el Forest Declaration Assessment, la situación en América Latina es incluso peor, con una tasa de deforestación del 8%, el doble que el promedio mundial. Brasil encabeza esta lista con 3,3 millones de hectáreas perdidas.

De no llegar a acuerdos más ambiciosos -y cumplirlos-, el calentamiento global parece indetenible con sus desastrosas consecuencias, tal como lo ha venido advirtiendo el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, en inglés), organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007.

No hay espacio para cruzarse los brazos y es crucial reencauzar los esfuerzos para enfrentar la crisis climática y recuperar el tiempo perdido, en especial los países con mayores responsabilidades, como USA y China, cuyos líderes lastimosamente no estarán presentes en Dubai.

Hay un consenso entre los científicos y los líderes ambientalistas que insistirán en la COP28 en la necesidad de ser más ambiciosos y limitar el aumento a solo 1,5 grados centígrados. En ese caso, los países ricos deberían bajar en 60% y los de ingresos medios en 51% hasta 2030. 

Mayor ambición no es suficiente. Se requerirán políticas públicas y cooperación global para establecer un sistema de precios del carbono que desincentive el uso de combustibles fósiles y promueva las energías renovables. El aumento de los subsidios a los combustibles, que según el FMI ya llegan a USD 1,3 mil millones, va en contra corriente de esta prioridad.

De igual manera, se necesitará implementar el sistema de pagos por daños y pérdidas ambientales, y ampliar el financiamiento de una transición justa para ayudar a los países más vulnerables a cumplir sus compromisos e invertir en programas de adaptación al cambio climático.

El rol de empresas privadas, banca multilateral e instituciones financieras será clave para movilizar financiamiento e inversión privada en energías renovables, innovación ambiental, conservación y desarrollo sostenible.

Como anfitrión de la Cumbre, los EAU están bajo la mira y tienen que demostrar que intervienen en la cumbre no para hacer negocios, sino para facilitar este tipo de acuerdos. Al igual que Noruega, un gran productor de combustibles fósiles y a la vez un promotor de sostenibilidad ambiental, los emiratíes podrían convertirse en aliado clave para enfrentar la crisis climática. En lugar de ser un problema, podrían convertirse en una oportunidad.

Así lo han visto varios países de América Latina, que están participando de manera muy activa en la COP28. La delegación de Brasil, por ejemplo, está encabezada por el propio presidente Lula y reúne a 2.400 delegados, 300 de ellos del gobierno y el resto del sector privado, sociedad civil, comunidades indígenas, afrodescendientes, académicos y activistas ambientales.

El presidente brasileño ha llevado a Dubai una cartera ambiciosa de iniciativas para atraer inversionistas y financiamiento verde. Entre las más llamativas, destaca un plan billonario para parar la deforestación en la Amazonía y generar oportunidades de desarrollo sostenible y social en la cuenca.

El Ecuador llegó a la COP28 con un perfil mucho más bajo y sin propuestas visibles. El nuevo gobierno apenas está unos días en el poder y tiene otras prioridades. Sin embargo, sería indispensable para el futuro contar con políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno y que le permitan aprovechar oportunidades como esta.

El país puede mostrar dos hitos ambientales muy importantes:

• El mayor canje de deuda por naturaleza para conservar las Islas Galápagos, y

• La decisión popular de suspender la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Este último caso ha sido inédito y complejo. Dejar el petróleo bajo tierra implicará una reducción de ingresos de USD 1.200 millones anuales, con un significativo costo fiscal y externo para el país, ya en una muy difícil situación.

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el costo de oportunidad de suspender las operaciones en Yasuní asciende a USD 14.709 millones y una reducción en la tasa de crecimiento del PIB de 1,9% en el período 2023-2026.

Pese a todos estos datos adversos, la mayoría de los ciudadanos decidió hacer un sacrificio para preservar una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y hogar de importantes poblaciones amazónicas indígenas, con el convencimiento de que esta riqueza natural y cultural excede cualquier beneficio de la extracción petrolera.

Para hacer realidad tal quimera, es prioritario ajustarse a una nueva realidad macroeconómica y poner en valor dicha riqueza. Ello no sucederá de casualidad o en el corto plazo, como argumentamos en un editorial anterior.

Mirando al futuro, es clave que Ecuador cuente con una estrategia post Yasuní, que pueda servir como un modelo piloto de desarrollo alternativo para los países dependientes de los combustibles fósiles en el proceso de transición diferente.

Desde luego, será fundamental tomar decisiones fiscales y externas para compensar la reducción de los ingresos petroleros, en los que necesariamente se deberán revisar los subsidios a los combustibles.

Pero además, se requerirá una agenda propositiva de desarrollo para el Yasuní, que incluya no solo la conservación del parque nacional, sino también el uso sostenible de la biodiversidad y la generación de empleo e ingresos alternativos para las comunidades.

Se requerirá un marco de políticas públicas que incentive la inversión privada y el acceso a fondos de inversión climática, como el Fondo Verde del Clima, la Facilidad Ambiental Global y sus agencias implementadoras, así como programas de canje de deuda por naturaleza.

Presentar una estrategia sostenible para el Yasuní habría sido muy atractivo en el marco de la COP28 y otros foros internacionales. El BID, por ejemplo, ha lanzado su iniciativa “Amazonía Siempre”. La CAF ha hecho lo propio bajo el lema “Somos Solución”. Apoyar el desarrollo sostenible del Yasuní sería emblemático para dichos organismos.