Banco Central: un nuevo ciclo en la historia de su autonomía

Fundado el 9 de julio de 1925, el Banco Central del Ecuador (BCE) nació durante el periodo de la llamada Revolución Juliana, como mecanismo para superar la crisis económica de la década de 1920.

Por primera vez el país contó con un organismo emisor autónomo de la banca privada y de sus intereses.

De manera conjunta con la Superintendencia de Bancos (fundada en 1927), y otras reformas institucionales, se buscó controlar los abusos del periodo plutocrático, en que los bancos privados dominaron el poder político, al punto de que por la Ley Moratoria de 1914 emitían dinero, sin respaldo, para prestárselo y controlar al gobierno.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, periodo caracterizado por un modelo económico empresarial, de corte neoliberal, se desreguló a la banca.

Son hitos las leyes, impulsadas por Alberto Dahik, de Régimen Monetario y Banco del Estado (que limitaba los préstamos del BCE al Estado y buscaba la "autonomía del BCE").

La Ley de Promoción de Inversiones, que desreguló los flujos de capital, y la Ley de Instituciones Financieras, que dio la base legal para que el BCE realizara el salvataje bancario durante la crisis financiera, y permitió los créditos vinculados de la banca a sus accionistas que, en ocasiones, se dieron sin garantías y sin intereses.

De esta manera se abrió paso a una serie de créditos del BCE a la banca privada. El primero, al Banco Continental, fue aprobado en sesión de la Junta Monetaria de marzo de 1996, en la que participaron Guillermo Lasso (en calidad de vocal principal en representación de los bancos privados) y Augusto de la Torre (en calidad de Gerente General del BCE).

En medio de una crisis generada por la caída del precio del petróleo y de los efectos económicos del Fenómeno del Niño, que llevaron a un elevado endeudamiento público, los excesos del sector financiero, por su desregulación, generaron la crisis financiera más fuerte que ha sufrido el país.

Durante el gobierno de Jamil Mahuad (Democracia Popular), del que Guillermo Lasso fue gobernador y súperministro de Economía, se ampliaron los préstamos a los bancos privados (los que más adelante quebraron, sin pagar sus deudas), y se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para asegurar los intereses bancarios.

Además, siguiendo recomendaciones del FMI, se dispuso la flotación del tipo de cambio; y bajo el discurso de reducción de impuestos se aprobó la propuesta, de Jaime Nebot, de sustituir el impuesto a la renta por el impuesto a la circulación de capitales, lo que incentivó la descapitalización del país (salida de divisas).

Bancos quebraron, banqueros se fugaron. El costo para el país fue de aproximadamente USD 8 mil millones. La pobreza subió al 50% y 1,5 millones de ecuatorianos emigraron.

Superada la crisis financiera, y después de un millonario salvataje bancario, el Estado recuperó la regulación del sistema financiero, y la capacidad de gestión de la liquidez a través del BCE.

Por Ley, en 2005, el directorio del BCE se conformó únicamente con delegados de ministerios y de la banca pública de desarrollo; y con la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero, en 2014, el Directorio se reemplazó por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que forma parte de la Función Ejecutiva.

Ante necesidades de liquidez, el Estado acudió a financiamiento de corto plazo del BCE. Cuando estas necesidades aumentaron, los préstamos se hicieron revolventes (no se pagan, se renuevan).

Así, las reservas del BCE cayeron y, para aumentarlas, se recurrió a un nuevo ciclo de endeudamiento público.

Iniciando 2021, en medio de una campaña electoral y con presión del FMI al gobierno saliente, se abre una vez más el debate sobre la autonomía del BCE. En realidad, la disputa es por el control de la liquidez: ¿un BCE autónomo del Estado para que lo controle la banca o un BCE autónomo de la banca para que lo controle el Estado?

El interés de la banca es su negocio, el del FMI que se le pague la deuda, el del Estado es el bien común.

Ante la pandemia y la crisis económica, la liquidez se debe poner al servicio del país: fortalecer el sistema de salud, comprar vacunas y reactivar la economía (crédito productivo e inversión pública).

Quién debe controlar la liquidez de la economía es el Estado, por las lecciones de la historia, y porque es la representación de los intereses públicos, tal como lo establece la Constitución al otorgarle a la Función Ejecutiva la competencia exclusiva sobre "las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento".

Finalmente, por principios de transparencia y coordinación, para políticas públicas viables y eficientes, es importante garantizar la participación, basada en la búsqueda del bien común, de sectores relacionados, sin limitarse a la banca privada, que incluya a la academia, a las cámaras de comercio, producción y economía popular y solidaria, así como a las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, además de las correspondientes entidades de control (superintendencias), como invitados a los espacios de toma de decisión.