Las deserciones legislativas: ¿cuánto le cuestan al país?

Nuevas deserciones en la legislatura ecuatoriana. No importa de cuál organización política provengan los que se desalinean. Ese no es el asunto de fondo. Tampoco es trascendente la tendencia ideológica de los que dejan las filas de su bancada. Mucho menos importa conocer la correlación de fuerzas legislativas. No es, por tanto, un tema de coyuntura política, aunque así lo asumamos cotidianamente.

Los que ayer se alegraban con la presencia de nuevos asambleístas independientes, ahora lanzan epítetos de grueso calibre en contra de los llamados traidores. Los que hoy celebran, mañana seguramente se enardecerán cuando este tipo de comportamiento llegue a sus puertas y los insultos serán de igual o mayor magnitud. El presidente de turno, independientemente de quién sea, siempre será el responsable de lo sucedido.  

No cabe duda sobre el derecho que tiene cada legislador a apartarse de la organización política que lo patrocinó en el momento en el que sus convicciones tensionan de forma irresoluble con las directrices que nacen de la jefatura partidista. De hecho, el punto central de discusión no es ese sino si a esa deserción debe o no seguir la pérdida de la curul.

Al respecto, hay al menos dos respuestas, ambas relacionadas con el sistema electoral.

• Por un lado, si el diseño institucional es de listas abiertas y desbloqueadas, es decir que el votante puede seleccionar candidatos independientemente del lugar que ocupen en la papeleta y de la organización política que los abandere, entonces se podrían presumir que los votos son mayoritariamente atribuibles a la persona. Bajo este escenario, se podría justificar que el legislador que se aparta de su organización política pueda mantenerse en su curul, pues hay un vínculo directo de representación con sus votantes. Aunque hay otros problemas que se derivan de este tipo de listas, para el tema en cuestión, ahí hay un argumento a favor de los autoproclamados independientes.

• Por otro lado, si el sistema electoral establece listas cerradas y bloqueadas, es decir, que el votante selecciona solamente la organización política y no los candidatos, se podría presumir que los votos corresponden mayoritariamente a la organización política. Bajo ese escenario, el legislador que se separa de quien lo patrocinó formalmente no tendría mayor argumento para mantener su curul. Con las deficiencias que tiene el tipo de lista anotado, en este caso lo que correspondería es que ante la deserción del asambleísta su espacio lo ocupe su alterno.

Si bien es cierto, estas dos salidas al dilema de los desertores no agota la discusión, al menos sienta algunas bases a partir de las que se pueden tomar decisiones públicas.

En el caso ecuatoriano, las listas son cerradas y bloqueadas; es decir, se asume que los ciudadanos votamos por el membrete partidista más que por el candidato. Por tanto, lo que se esperaría es que, en caso de deserción o el calificativo que se quiera, el legislador que siente que no puede continuar colaborando con la organización política que lo llevó al cargo vuelva a sus actividades previas y su curul sea asumida por otra persona.

Dicho en términos simples, en este caso la curul le pertenece a la organización política, no al legislador. No obstante, en Ecuador eso no sucede. Legislador que se declara independiente, mantiene su curul. Hay, por tanto, una contradicción entre listas cerradas y bloqueadas y permanencia en la legislatura de quien ha decidido separarse de la organización política con la que alcanzó el espacio de representación.

Es importante evidenciar este desajuste institucional pues causa efectos nocivos a la sociedad en general y a la democracia en particular.

Uno de ellos es que, ante la ausencia de incentivos para mantenerse bajo la disciplina partidista, los legisladores independientes pueden tornarse más dúctiles para alcanzar acuerdos coyunturales con diversas bancadas legislativas, lo que hace menos previsible la agenda de políticas públicas que se podrían aprobar.

Otro efecto pernicioso, sobre todo en países como Ecuador, en el que existen muchas organizaciones representadas en la legislatura, es que los gobiernos podrían aprovechar este desajuste institucional para obtener el voto de los llamados independientes a cambio de transacciones que no siempre son claras y en muchos de los casos rayan en actos de corrupción.

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La pregunta que surge entonces es, si hay incompatibilidad entre listas cerradas y bloqueadas y permanencia del legislador declarado independiente en la Asamblea Nacional, ¿por qué nadie propone un cambio en las reglas de juego electoral y político?

Si entre los beneficiados de una reforma de este tipo están precisamente las organizaciones políticas, ¿por qué la iniciativa no nace de ellos? ¿Las universidades? Silencio. Las organizaciones del tercer sector, como pomposamente se denomina a las estructuras no estatales sin fines de lucro, y que en muchos casos son de lucro sin fin, tampoco aportan mayor cosa.

Mientras tanto, el país en general sigue sumido en un desajuste institucional que no solo fomenta problemas políticos como los anotados, sino que adicionalmente constituye un espacio fértil para que la corrupción siga en aumento.