Asambleístas avergüenzan al país pero igual piensan en su reelección, en 2021

Si la pandemia no estuviera atacando al país, la gente se habría echado a las calles con toda la indignación de la que es capaz al sentirse burlada, una vez más, por quienes detentan el poder. Éticamente, Ecuador está en una travesía por el desierto.

Los carnés de discapacitados, conseguidos de manera fraudulenta, son una afrenta a la sociedad, porque miles de compatriotas, con severos problemas, no pueden lograr un documento que les permita acceder a los beneficios que la Ley Orgánica de Discapacidades les otorga.  

Que algunos asambleístas y sus familiares se hayan hecho de un carné, probablemente saltándose la ley, enardece los ánimos. Lo que les ha llevado a ser sometidos a un ajusticiamiento público, en las redes sociales, junto a aquellos que, incluso, lo habrían conseguido cumpliendo los requisitos.

Jueces y funcionarios también tienen ese carné, pero la gente se ha concentrado en los legisladores, confirmando que la Asamblea es la institución más repudiada. Y cómo no ha de serlo si cuando el país todavía no se ha repuesto del atroz reparto de los hospitales, que también involucra a los legisladores, otra denuncia les salpica. Resulta agobiante.

Con débil músculo político y deficiente estándar ético, el invento de las mayorías móviles ha sido usado para cotizar los apoyos. Una mirada a unos pocos hechos lo confirma.

El retaceado de Manabí para que los legisladores “administren”, cantón por cantón los centros de salud, designando gerentes y directores muestra la decadencia de los valores públicos. Se habría replicado también en Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La cuota diplomática para padres, hijos, hermanos y parientes de los asambleístas, cuando debería ser para personas que hayan prestado relevantes servicios al país, ya no conmueve. En en el hemiciclo, nadie se inmuta. 

Genios de la simulación, los legisladores han emitido señales falsas de hacer control político. Así se han pasado los últimos tres años.

Se censuró al contralor Pólit cuando ya se había fugado, al procurador Diego García cuando había renunciado, al fiscal Baca Mancheno cuando, prácticamente, estaba caído. Y a la ministra de Salud Verónica Espinosa, dos meses después de haber dejado el cargo.

Correístas y morenistas salvaron de la censura a la excanciller María Fernanda Espinosa, que ofendió a la nación al entregar cédula de identidad ecuatoriana a Assange, el hacker que calificó de “insignificante” a nuestro país, y convirtió a la embajada en Londres en club de juergas.

El alarde de la autodepuración tras el escándalo de los diezmos que cobraban algunos asambleístas a sus subalternos, terminó sancionando a una sola legisladora. Dos más fueron destituidas, pero por otras causas.

El falso espíritu de cuerpo cobija la impunidad. El mismo que permite que una asambleísta con glosa de la Contraloría, por USD 41 millones, siga campante en su curul.

En la Fiscalía duermen las denuncias por presuntos actos de corrupción en contra de una veintena de asambleístas. Las investigaciones están en fase previa por lo que no se puede conocer su avance. Así, los implicados pasan de agache. 

Que destituyeron al cura Tuárez; claro que sí. Lo hicieron cuando las pruebas de sus trapacerías lo habían empapelado ante la faz del país.

Pero todas las maniobras tienen un precio. Salvar del juicio político a la presidenta del CNE, pese a todas las evidencias, le costó al Gobierno la ruptura con su aliado CREO, de Guillermo Lasso, que quería la cabeza de Atamaint. La factura sería impedir que María Paula Romo logre los votos para la Vicepresidencia, por lo que podrían cambiar el nombre del reemplazo de Otto Sonnenholzner.

Se dirá que se aprobaron varias leyes, y eso es verdad. Algunas son muy importantes; al igual que el precio de varias de ellas.

Para completar el cuadro, la estética parlamentaria es vergonzosa. La impudicia es exhibida sin contemplación. Que un legislador aparezca a medio vestir y otro se rasque y olfatee las axilas en plena sesión de la Comisión y ante las cámaras que retransmiten, es repugnante. 

Eso sí, son unos trapecistas de la política que dan saltos mortales pero asegurándose que estén las redes que los protejan. 

Ante la furia del país por la ruindad del tráfico de carnés, algunos asambleístas salieron a decir que propiciarán la revisión de los mismos. Una falacia, porque en octubre de 2018, la Asamblea aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades para prohibir la revisión de los carnés.

El artículo 10, que está vigente, dice: “Se prohíbe exigir la recalificación de la discapacidad”. Y el Art.115 señala que hacerlo es una infracción sujeta a sanción. 

Con actores de esta calaña las vigas maestras de la institucionalidad ecuatoriana se han debilitado y hay riesgo de que se venga al piso. Pero los legisladores van a su aire. Sin un atisbo de autocrítica y habilitados por la Ley, si lo deciden, 105 de los 137 asambleístas pueden buscar la reelección en 2021. ¡Qué les parece!