Ser legislador independiente es un gran negocio

En Ecuador, actuar como legislador independiente es un gran negocio. Por un lado, desaparecen las ataduras de una organización partidista que marca las líneas de comportamiento político. Por otro lado, se reduce al mínimo la necesidad de mantener compromisos con otras bancadas legislativas.

Aunque la declaratoria de independencia puede tener algunos costos específicos, entre los que se cuenta caer en ostracismo social y político, el peso de esa carga es llevadero en comparación a los beneficios que se pueden obtener de asumir esa decisión. Esos beneficios, en un país en el que la dispersión es la característica esencial de la Asamblea Nacional, pueden ser de diferente naturaleza y en la mayoría de los casos se los expresa en cifras de muchos dígitos.

Por donde se lo mire, ser legislador independiente es un gran negocio.

En general, con mínimas excepciones, el legislador independiente es el que recibe las llamadas del gobierno de turno, ávido de conseguir mayorías para la aprobación de sus propuestas. Como en Ecuador las alianzas que se tejen en la legislatura se dan para cada proyecto de ley, el rol del independiente no deja de ser estelar a lo largo de todo el período de la Asamblea Nacional.

Por tanto, a cada llamada desde el Palacio de Carondelet sigue una nueva petición de espacios de poder que, vista así, no debería llamar la atención si fuera parte de una negociación política abierta y conocida por la opinión pública. Sin embargo, eso no suele suceder, puesto que, en buena parte de los casos, lo que se demanda del Ejecutivo es el control de instituciones en las que la corrupción pueda ser más fructífera y la acción de los órganos de control se torne aún más incipiente de lo que ya es. Dicho en criollo, no hay subsecretaría, gobernación, dirección provincial u hospital al que un legislador independiente se resista.

El patrón que sigue el legislador independiente antes de llegar a ese preciado estatus es bien conocido entre los políticos y se traduce en tres acuerdos claramente fijados con el propietario de la organización electoral.

• En primer lugar, el candidato paga una suma de dinero para que su nombre sea inscrito en la lista. El valor varía en función de la cotización de momento de la agrupación partidista.

• En segundo lugar, el candidato asume de su propio peculio los costos que se relacionan con el diseño y puesta en marcha de su propia campaña electoral. Si bien es cierto en Ecuador las listas son cerradas, lo que implica que la tendencia sea a votar por la organización política más que por la figura del candidato, quien invierte sus recursos en rentar el espacio, se las ingenia para que el partido quede eclipsado o incluso anulado por completo de cualquier valla, spot o mensaje publicitario. Basta mirar las propuestas de las pasadas elecciones para evidenciar con creces lo dicho. Los colores y el número del partido prestamista del espacio siempre estuvieron ausentes. Nada es casualidad en política.

• El tercer acuerdo es que, si hay éxito electoral, la organización se beneficia con esos votos y así mantiene su registro ante el CNE mientras que el ahora legislador tiene la plena libertad para declararse independiente el momento que considere necesario. Ese momento suele darse en los días previos a la elección de autoridades de la Asamblea Nacional o cuando el gobierno busca votos para una ley clave para sus intereses.

Verificados los tres acuerdos, el legislador independiente debe dedicar parte de su tiempo a la tarea de recuperar la inversión que implicó alquilar el partido y la campaña electoral. Dado que la remuneración que recibe por el cargo público que ejerce no cubre en lo más mínimo lo gastado, sangrar los recursos del Estado es la opción a la mano.

Sin duda, ser legislador independiente es un gran negocio.

Así se cierra el círculo que explica en buena medida el deterioro de la vida política del país, la inoperancia de la Asamblea Nacional y la creciente corrupción que nos azota.

Soluciones radicales no existen sobre la faz de la tierra, pero sí algunas medidas que pueden reducir el vergonzoso estado de la vida pública en el país.

• Exigir afiliación partidista de al menos tres años previos como requisito indispensable para ser candidato a cargos de elección popular es una salida.

• La otra es proponer que quien se separa de la organización política pierda su curul, salvo excepcionalísimos casos de objeción de conciencia.

Aunque esos cambios no eliminarán la lapidaria situación ética que atraviesa la política nacional, al menos, borrará del escenario nacional la repulsiva presencia de los legisladores independientes.