El servilismo parlamentario envilece al país

Cuando creíamos haber presenciado las más burdas maniobras de los políticos ecuatorianos legislando a la carta, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, presidida por un asambleísta correísta, presenta el informe con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pone en jaque la institucionalidad del Estado.

En un paquete de 86 reformas hay algunas que desquiciarían a los tratadistas, al proponer, con estulticia y cinismo, la intervención burda de la política en la justicia.

La reforma al artículo 584 plantea volver obligatorio que la Fiscalía entregue información confidencial sobre sus investigaciones penales previas a los asambleístas, echando por los suelos la reserva imprescindible para la indagación, y el factor sorpresa para los operativos.

Si esa reforma estuviese hoy en vigencia, los allanamientos por el caso Metástasis no se habrían ejecutado con éxito, porque los involucrados habrían sido alertados por sus cercanos desde el Legislativo, sin necesidad de que el “campana oficial” tuiteara desde el extranjero. La impunidad se habría impuesto.

Cuatro siglos atrás, en el “Discurso sobre la servidumbre voluntaria”, Étienne de la Boétie, jurista y filósofo francés, se preguntaba ¿cómo es posible que un hombre pueda subyugar a personas libres que abdican de su capacidad de decisión? 

La respuesta es que el sometimiento se produce por la necesidad de protección y de orden que necesitan las personas. El ser humano pierde la capacidad de crítica porque es mucho más fácil ser pasivo frente al que manda que resistir a la arbitrariedad. 

Ponerse en ridículo al proponer figuras que provocarían la impunidad en causas penales que ya cuentan con sentencias condenatorias ejecutoriadas, solo para allanar el camino al retorno de su líder sentenciado y prófugo, contradice la razón natural de quien ha sido elegido por el pueblo para legislar en bien de la sociedad y en contra de la impunidad.

Se trata de servilismo manifiesto, porque como decía La Boétie, el vínculo de dependencia es voluntario, ya que no se puede sostener por el uso de la fuerza, sino por la persuasión, que alimenta la obediencia, la servidumbre y la devoción voluntaria de las personas.

La reforma al artículo 658 plantea una nueva causal para aplicar el recurso de revisión de una sentencia ejecutoriada que hoy se permite solo en casos excepcionales, cuando existe prueba nueva desconocida por los jueces durante el proceso de juzgamiento. 

La propuesta pretende incluir informes y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas -que no son equiparables con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- como una causal adicional, lo que haría perder valor al sistema de justicia y sus decisiones, al irrespetar la institución de la cosa juzgada y abrir la posibilidad “de que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad”. En realidad, una nueva instancia.

Para acudir a la Corte IDH, Correa tenía seis meses, a partir de cuando fue sentenciado, pero no lo hizo, a pesar de haber alardeado de que lo haría. Seguramente sus abogados le aconsejaron que mejor no.

Hoy, usa a sus legisladores y aliados quiénes en la sesión del Pleno de la Asamblea, el jueves 15 de febrero, escandalizaron al país, a pesar de que había sido alertado por las redes sociales y la Fiscalía general del Estado que expresó su “preocupación y rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador”.

En la disposición general hablan de plazos para cumplir con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y de sanciones para fiscales y jueces que hayan intervenido en las investigaciones. Una aberración. 

Con certeza, ya tendrán la lista de las víctimas, con la fiscal Salazar a la cabeza, a quienes perseguirán y acosarán. Lo anticipó el sentenciado de Bélgica cuando dijo: “¡pagarán los traidores!”.

Otra reforma pretende modificar la potestad que hoy tiene la Fiscalía, titular de la acción penal, de solicitar al juez el archivo de una indagación previa, para que lo pueda solicitar también el investigado cuando haya transcurrido un año. Solo les faltó poner los nombres de los beneficiarios.

Quienes aprobaron estas reformas en la Comisión de Justicia no fueron solo los tradicionales sumisos, porque, aunque tienen mayoría propia, como cada uno de los integrantes tiene sus propios intereses, recibieron el “respaldo espontáneo” de sus aliados: dos representantes de Partido Social Cristiano (PSC) (Vicente Taiano envió a su alterna); una del oficialista ADN, y otro de Gente Buena. Por unanimidad.

Puestos en evidencia, con piruetas semánticas, el asambleísta Taiano intentó, sin lograrlo, explicar lo inexplicable. Pero nada dijo de por qué no presentaron informe de minoría.

Y es que nada les justifica, porque si aprobaron los textos sin leerlos revelaría negligencia inadmisible en un legislador. Y si habiendo leído dieron su apoyo, los delata en una componenda vergonzosa. En los dos casos, han deslegitimado su conducta ética.

Todo comenzó cuando en noviembre de 2023, por efectos del pacto entre la Revolución Ciudadana (RC5), ADN y el PSC, se entregó al correísmo la presidencia de seis comisiones legislativas, entre esas la de Justicia con mayoría propia y se les advirtió que la agenda de impunidad estaba lista, pero fingieron que nada pasaría, porque ellos son bacanes y la imagen y el destino del país les resbala. Hoy, fingen amnesia.

Lo mismo sucede cuando declaran apoyar a la fiscal Diana Salazar, pero con una conducta que raya en la esquizofrenia política, allanan con su voto el camino para enjuiciarla en la Asamblea. ¡Qué les pasa!

Dice La Boétie que el poder no se sustenta por la amenaza de las armas ni por las condiciones materiales de la existencia, sino que está basado en el libre sometimiento y en la aceptación del yugo que exige la renuncia a la libertad.

Es la servidumbre. El servilismo parlamentario.

¡Una vergüenza!