Asalto a la Embajada provoca indignación: se necesita una acción de sanación urgente

El 10 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución condenando firmemente al gobierno de Ecuador por autorizar una intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito y por el uso de la fuerza contra el personal diplomático.

La resolución surgió porque, en la noche del 5 de abril, la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada para arrestar a un ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien había buscado refugio en la Embajada Mexicana y había sido otorgado asilo político por el gobierno de México justo horas antes del asalto. La acción policial contra Glas fue brutal.

La tensión, entre los gobiernos de México y Ecuador, que ya existía, se escaló el día antes de la violación de la Embajada Mexicana cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo una declaración insinuando que la elección del presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue influenciada por el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El Presidente López Obrador sugirió que el asesinato creó una "atmósfera enrarecida de violencia" y afectó el resultado de la elección.

Las declaraciones del presidente mexicano fueron descritas públicamente por el gobierno ecuatoriano como "muy desafortunadas", pero los eventos subsiguientes demostraron que el presidente Noboa resentía las declaraciones más profundamente. Ordenó prontamente que el Embajador mexicano fuera declarado "persona non grata" el 4 de abril, el día antes del asalto policial a la Embajada Mexicana.

Todo esto fue combustible para un conflicto entre los dos gobiernos que ya estaba en juego. La Embajada Mexicana en Quito había dado refugio a Jorge Glas desde el 17 de diciembre de 2023 con base en su afirmación de que los cargos criminales en su contra eran actos de persecución política por parte del gobierno de Noboa. Antes de la violación policial de la Embajada Mexicana, las autoridades ecuatorianas habían solicitado permiso de México para entrar en la embajada y arrestar a Glas, quien había sido condenado a seis años de prisión en 2017 después de ser encontrado culpable de recibir sobornos de la empresa constructora brasileña, Odebrecht, a cambio de otorgarle contratos gubernamentales. Sin embargo, México no estuvo de acuerdo.

Fue en el punto álgido de estas dificultades que la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada Mexicana para aprehender a Glas en contravención del Artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que subraya la naturaleza sagrada de los locales diplomáticos y manda al país anfitrión a protegerlos de cualquier intrusión o violación.

Esta contravención alarmó a la abrumadora mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que con razón consideran los derechos e inmunidades otorgados a las misiones diplomáticas no como una mera formalidad legal, sino como el fundamento de relaciones internacionales pacíficas y respetuosas. Al invadir la Embajada Mexicana, el gobierno ecuatoriano erosionó el papel de comunicación esencial que representan las embajadas y el trabajo crítico del personal diplomático en fomentar relaciones constructivas con los gobiernos anfitriones.

Por lo tanto, cualesquiera que sean las preocupaciones del gobierno ecuatoriano sobre México otorgando asilo político a Glas, invadir la Embajada, aprehenderlo violentamente, golpearlo y maltratar a los funcionarios de la Embajada, coloca al gobierno de Ecuador claramente en el error.

Esto no era un asunto que otros gobiernos pudieran pasar por alto. Tenía que ser condenado para enviar un mensaje fuerte al gobierno ecuatoriano y a todos los gobiernos de que tales violaciones del derecho internacional son inaceptables.

Por consiguiente, el 10 de abril, después de consultas entre los estados miembros, 29 de los 32 estados miembros activos de la OEA votaron a favor de la Resolución que condenaba la acción de Ecuador. Solo Ecuador se opuso, y solo un país, El Salvador, se abstuvo.

México estuvo ausente de la reunión, probablemente debido a la presencia en la reunión de un Viceministro de Ecuador con el que México había cortado lazos diplomáticos inmediatamente después del asalto a su Embajada.

Habiendo condenado con razón al gobierno de Ecuador por irrumpir en la Embajada Mexicana, violando así el derecho internacional y erosionando un pilar fundamental de las relaciones internacionales pacíficas, una disputa continua entre México y Ecuador tiene repercusiones que deben evitarse en interés de los dos países y el hemisferio más amplio.

La disputa en curso entre México y Ecuador corre el riesgo de interrumpir la unanimidad dentro del Grupo de los 10 de la OEA y podría extender sus efectos divisivos al grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) en las Naciones Unidas, potencialmente obstaculizando el consenso sobre temas importantes. Reconociendo la necesidad crítica de resolución, la resolución de la OEA fomenta el diálogo, con el Consejo Permanente ofreciendo su apoyo para mediar esfuerzos hacia la reconciliación.

Navegar tal camino puede ser difícil en las circunstancias actuales donde tanto México como Ecuador se sienten agraviados el uno con el otro. De hecho, el 11 de abril, el gobierno mexicano presentó una Solicitud instituyendo procedimientos contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), alegando que "Ecuador ha violado los derechos de México bajo el derecho internacional consuetudinario y convencional, así como principios fundamentales sobre los cuales se basa el sistema legal internacional".

México ha pedido a la corte que indique medidas provisionales pendientes de un juicio final en el caso, incluyendo que "Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta probable a agravar o ampliar la disputa".

En su audiencia completa del caso, la CIJ, la Corte, puede tener que evaluar los méritos de una contrademanda de Ecuador, que ha declarado públicamente que la oferta de asilo mexicano a Jorge Glas fue errónea bajo el derecho internacional porque a las personas enfrentando cargos criminales no se les debería otorgar asilo. El gobierno ecuatoriano basa esta afirmación en el Artículo III de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático que es legalmente vinculante solo para 14 Estados que la han ratificado - 13 de América Latina y uno (Haití) de CARICOM.

Sin embargo, la Convención de 1954 puede haber sido superada por la Convención sobre Relaciones Diplomáticas que entró en vigor en abril de 1964 y a la cual 193 estados son signatarios, incluyendo Ecuador y México. Además, el Artículo IV de la Convención de 1954 también establece: “Corresponderá al Estado que otorgue el asilo determinar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución”.

Será tarea de la CIJ decidir cuyos argumentos legales sobre el otorgamiento de asilo son correctos, pero lo que no puede justificarse posiblemente es la invasión de una Embajada. En eso, Ecuador sin duda será reprendido.

A pesar de estas circunstancias México y Ecuador, en su propio interés, deberían intentar superar este problema que, aunque enmarcado en términos legales y ahora ante la CIJ, tiene fuertes connotaciones políticas.