Uso de armas cambia el debate sobre la muerte cruzada

Fue un anuncio tan contundente e inesperado que ha tenido el poder suficiente para hacer que el país entero hablara del uso de armas para la defensa personal, que había estado presente en el imaginario colectivo, por mucho tiempo.

Desde el sábado por la noche, cuando el presidente Lasso dio a conocer la modificación del decreto para el porte y tenencia de armas, el debate se ha impuesto en la sociedad, al punto de que nadie parece haber quedado sin dar una opinión al respecto.

En estado de indefensión por los asaltos, los robos, el sicariato, los secuestros, las “vacunas”, la extorsión y más delitos que han arrebatado la paz social, la gente clamaba por una medida que le hiciera pensar que pudiera volver a caminar con libertad.

Pero una decisión tan polémica y riesgosa ha dividido una vez más al país, entre quienes consideran que las personas tienen derecho a defenderse con un arma. Y aquellos que creen que podría llevar a más violencia.

Hasta la academia se ha involucrado.

Varias universidades se han pronunciado en contra del porte de armas de uso civil, al considerar que no es la solución, por lo que piden verdaderas políticas públicas para prevenir la violencia.

La discusión sobre las armas ha desplazado la de otros temas relevantes, que mantenían al país en vilo.

Por eso, no es forzado intuir que quienes manejan la estrategia comunicacional del Gobierno han hecho lo mismo que sus pares en casos análogos: revisar los manuales y aplicarlos.

El tercero de los 11 Principios de Goebbels alude a la transposición y habla, entre otros temas, de "inventar otras noticias sin no se pueden negar las malas".

Que los ecuatorianos debatan hoy sobre las armas, ha bajado la presión sobre Carondelet, abocado a tomar graves decisiones de cara a la probable salida de Lasso, por el juicio político, y frente a otros temas espinosos.

El anuncio del uso de las armas llegó en instantes que el país ardía en la hoguera de la división política, que había alcanzado cotas impensables, incluso entre los constitucionalistas, enfrentados entre quienes defendían el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, con seis votos de sus nueve integrantes, con aquellos que lo cuestionaban.

Pero había más.

En un país en el que el crimen organizado mantiene a la población en ascuas, la noticia del asesinato de Rubén Cherres y sus acompañantes, a quienes antes habrían torturado, abrió la caja de los truenos.

El horrendo crimen, de alguien que está siendo investigado por la Fiscalía y a quien se había relacionado en un caso de corrupción que involucra al cuñado del Presidente de la República, sacó a relucir las más audaces teorías y puso a mucha gente al borde del paroxismo.

No pocos sintieron angustia y, en esa condición, asumieron como ciertas las más alucinantes versiones, aunque fuesen absurdas y contrarias entre sí.

Ecuador parecía estar, una vez más, de cara al abismo y con una sensación de que no hay salvación. Era el viernes 31 de marzo.

En esta suerte de montaña rusa emocional por tantos acontecimientos, no faltó quienes hasta pretendieran relacionar la renuncia del canciller Juan Carlos Holguín, que se hizo pública el sábado 1 de abril, con los últimos acontecimientos, a pesar de que nada los relacionaba.

Y es que en un país crispado como Ecuador cualquier versión es tomada por real, aunque de entrada se la sienta falsa.

En efecto, no poca gente conocía de antemano que, una semana atrás, Holguín había mantenido una extensa reunión con el presidente Lasso, tras la cual habría confiado a alguien que dejaría su cargo.

Esto desbarataba cualquier absurda especulación sobre las razones para su salida.

Así estaba el país cuando el anuncio del uso de armas, la noche del sábado, produjo un viraje total, desplazando, incluso, las versiones que daban cuenta de que Lasso había decidido comparecer en la Asamblea y ejercer su defensa.

Contrario a quienes decían que la suerte estaba echada, se supo que el Gobierno confiaba alcanzar los votos suficientes para retener la Presidencia, aunque ello implicaría una suerte de operación quirúrgica para extraer votos de algunas bancadas, lo que para nadie es desconocido tiene alto costo.

También se sabía que la otra opción, in extremis, era decretar la muerte cruzada cuando se tuviera certeza de que la destitución era inminente, aunque no pocos han expresado sus dudas sobre la legalidad de las causales que se esgrimirían para semejante decisión, cuando todo esté consumado.

Lo único que se había descartado era una renuncia de Lasso, que algunos llegaron a mencionar.

Todo esto había sido percibido por el aguzado olfato de los políticos, porque para ellos implicaba apresurar el paso, sabiendo que una muerte cruzada supone elecciones en pocos meses.

Tan real era el escenario, que Otto Sonnenholzner volvió a estar con frecuencia en los medios, desde Boston; Yaku Pérez y Gustavo Larrea concretaron una alianza; Fernando Villavicencio colgaba videos cantando, y Leonidas Iza hacía más viajes para lograr apoyos.

También explicaba la frecuencia creciente en redes de Carlos Rabascall; las visitas a conocidos de Xavier Hervas y los contactos con diversos sectores que apuraba Pedro José Freile.

Pero para quienes sueñan con Carondelet y enloquecieron con la certeza de la muerte cruzada, el debate de las armas ha supuesto una nueva realidad. Una de la que no pueden abstraerse.

El Gobierno ha hecho su jugada.