Arauz o Lasso, ¿quién protegerá mejor al país de los carteles y el crimen organizado?

La proverbial ubicación geoestratégica de Ecuador, envidiada por muchos países, ha mutado en una suerte de maldición por las evidentes señales de que el crimen transnacional no aflojará sus fieras garras.

La masacre de 79 presos en un solo día, en cuatro cárceles de tres ciudades, es un estigma para el país, a la vez que se convierte en un punto de inflexión, porque nada será igual.

Hasta ahora, la indolencia había marcado la conducta de las autoridades que, pasado el escándalo de que el rastrillo de las FF.AA. había sido penetrado, y que desde allí se traficaba material balístico a grupos vinculados a un cartel mexicano, no hubo públicas y ejemplares acciones contra sus autores.

La masacre de 79 presos en un solo día se convierte en un punto de inflexión.

Nunca tampoco dieron los nombres de quienes introdujeron una tonelada de cocaína en la Base de Manta, tres años atrás, a riesgo, incluso, de que se hable de complicidad.

Tras el revuelo mediático del juicio al Chapo Guzmán, en una Corte de Nueva York, en 2018, durante el cual se reveló que un oficial militar ecuatoriano estuvo a su servicio para transportar droga de las FARC, no hubo una acción contundente de las autoridades.

Tiempo después se supo del asesinato del oficial en una cárcel. Luego, volvió el silencio. ¿Actuaba solo?

Cada vez que cae una avioneta y se encuentra droga y dinero las autoridades admiten la existencia de pistas "no controladas". Que son 200 dijeron una vez. ¿Ya tienen un mapeo del territorio?

La barbarie de febrero, cuyos crímenes rebasan el entendimiento humano, les obliga a hablar. Y a actuar.

La sincronía de los ataques y el estado de enajenación de quienes participaron del baño de sangre, que ha puesto al país en las primeras planas de la prensa en el mundo, demanda un compromiso de todos los estamentos del Estado para encarar la maldad.

La actitud pusilánime de las autoridades de turno que no tomaron prevenciones ante las alertas de lo que sobrevendría en Ecuador como efecto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, tantas veces repetida, debe terminar.

Todo lo que se advirtió ha sucedido, comenzando por aquello de que los guerrilleros y milicianos que no se acogieron al perdón y formaron grupos armados, buscarían rutas para traficar grandes cantidades de cocaína, producto de las más de 150.000 hectáreas del cultivo de coca, que tiene Colombia. 

También las advertencias de la presencia de los carteles mexicanos y de la guerra por las rutas de la droga dentro de Ecuador, aprovechando, incluso, la dolarización, se han cumplido.

Todo lo que se advirtió ha sucedido.

Al igual que los anuncios de que tras el asesinato de alias Rasquiña, líder de la banda delictiva Los Choneros, brazo armado del cartel de Sinaloa, se producirá una suerte de recomposición de la estructura de criminalidad del poder, porque en esas organizaciones alguien tiene que ejercer el mando. Hoy, todo está consumado.

Fernando Carrión, académico que durante años ha estudiado el fenómeno del narcotráfico, ubica al país en la Red Global del Crimen. Y da cifras aterradoras: 500 toneladas de droga atraviesan por Ecuador y 18% se queda para consumo local. 

Con estas evidencias, no asombra que el narco opere desde las cárceles, y que las autoridades hayan debido reconocer la presencia de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Falta que digan cómo van a enfrentarlos.

No asombra que el narco opere desde las cárceles.

Así, los sangrientos hechos solo han confirmado la ausencia del Estado en las cárceles, que están fuera de control.

Que los presos manejen armas de fuego significa que detectores y cámaras de seguridad fallan. Y que usen celulares evidencia que alguien apaga los inhibidores de teléfonos. 

Por eso, resulta insufrible el descaro con el cual hoy se admite que las cárceles tienen 33% de sobrepoblación, por lo que se han convertido en "bodegas humanas", y la rehabilitación resulta una falacia. ¿Qué han hecho al respecto?

En las cárceles detectores y cámaras de seguridad fallan. Alguien apaga los inhibidores de teléfonos. 

Que 40% de privados de libertad esté sin sentencia y que las mayores víctimas sean los pobres que, por no tener para pagar connotados abogados ni influir en los jueces, deban convivir con criminales avezados, es una afrenta social. ¿Habrán pedido ayuda a organizaciones de derechos humanos? 

El modelo penitenciario ha fracasado.

Y de todo esto, sabrán algo en Carondelet. Y si lo saben, ¿por qué han reducido el presupuesto de las cárceles de USD 153 millones a USD 91 millones?

En estado de indefensión, los ecuatorianos han visto caer las máscaras de funcionarios y autoridades que no atinan a responder cómo no se pudo evitar una matanza tan cruel y despiadada, maniobrada por el crimen transnacional. El fracaso de la Inteligencia del Estado es una afrenta.

En semejante trance, el país se apresta a elegir nuevo Presidente de la República, y a los electores nos toca responder, con honestidad, una pregunta: ¿Quién protegerá mejor al país de los carteles y el crimen organizado?: ¿Andrés Arauz o Guillermo Lasso? ¡Diga usted!

En semejante trance, el país se apresta a elegir nuevo Presidente de la República.