¿Qué viene después del FMI y el ajuste fiscal?

Por primera vez en dos décadas, Ecuador concluyó satisfactoriamente un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde 1961, se han firmado 22 convenios, pero muchos de ellos no habían podido terminar con éxito. Aparentemente, resultaba más fácil firmar, recibir los desembolsos y luego incumplir lo acordado.

El programa 2020-2022 se negoció e implementó en circunstancias complejas: involucró a dos gobiernos, cuatro ministros de economía, dos gerentes del Banco Central, dos jefes de misión del Fondo, y se dio en medio de una pandemia y una crisis económica inéditas.

En dicho período, se lograron desembolsos totales de USD 6.500 millones del FMI, y se viabilizaron otros USD 6.150 millones del BID, el Banco Mundial, la CAF y el FLAR.

Ha sido un apoyo financiero multilateral sin precedentes, que fue clave no solo para estabilizar la economía, mantener la liquidez y sostener la dolarización, sino para cubrir los gastos extraordinarios derivados del Covid-19 y extender la cobertura de los programas de protección a los más pobres.

Además, respaldó algunas reformas fundamentales, como la tributaria y el fortalecimiento del Banco Central.

Los programas con el FMI suelen ser controversiales. De un lado del espectro político, son calificados como plan neoliberal que agudiza la pobreza y la desigualdad. Del otro lado, se los considera excesivamente fiscalistas y recesivos.

Más allá del debate, y desde un punto de vista pragmático, sin un respaldo como el obtenido, el panorama habría sido caótico.

El caso reciente de Sri Lanka es ilustrativo. Al desatarse la pandemia, el gobierno quiso ignorar las restricciones macroeconómicas y persistió con políticas insostenibles, en medio de una corrupción generalizada.

Sin embargo, luego de una pavorosa crisis económica, social y política, ese país no tuvo otra opción que acudir al FMI, aunque tarde, pues quedó prácticamente destrozado.

Dada la fragilidad en la que había caído la economía ecuatoriana, el apoyo multilateral permitió evitar una crisis mucho más severa. Un elemento clave del programa fue el manejo fiscal.

En una primera instancia, el déficit público se disparó de 3,5% en 2019 a 7,1% del PIB en 2020, debido al aumento de gastos extraordinarios y la caída de los ingresos. Ello empujó la deuda pública de 53% al 64% del PIB en dichos años.

Luego de la necesaria expansión, se dio inicio a un rápido proceso de consolidación de las finanzas públicas, que permitió no solo reducir el déficit fiscal, sino conseguir un superávit de 0,9% del PIB en 2022, algo que no había ocurrido desde 2008.

Se consiguió un importante alivio con los acreedores externos privados, se sustituyó deuda cara con deuda multilateral, con mejores tasas y plazos, y se reperfiló la deuda con China.

La deuda pública bajó nueve puntos porcentuales, de 64% a 55% del PIB. Es el único país en la región que ha alcanzado una reducción de esta magnitud.

Aunque buena parte de estos logros se explica por el alto precio del petróleo y la baja ejecución de la inversión pública -que no es necesariamente saludable para la productividad y el bienestar-, es importante reconocer que estas acciones ayudaron a mantener el flujo de financiamiento para el país, evitar que el riesgo país y las tasas de interés se disparen, y contener la inflación, que es una de las dos más bajas de América Latina.

Pero todos estos resultados exitosos no son percibidos como tales por la población. Más aún, los gobiernos que los auspiciaron tienen muy bajos niveles de popularidad.

Hay razones objetivas para el descontento, además de intereses políticos y electorales: el empleo de calidad y el ingreso promedio de los ecuatorianos no se han recuperado a niveles prepandemia.

La calidad y acceso a los servicios públicos e infraestructura se han deteriorado, y la inseguridad y la corrupción atormentan a los ciudadanos.

Se puede hacer un argumento contrafactual, en el sentido de que dicho descontento podría ser mucho peor sin un programa económico responsable.

Y se podría también hacer énfasis en mejorar la comunicación sobre los logros del programa económico. Cierto, pero hace falta más.

Será fundamental perseverar en la reducción del endeudamiento y la sostenibilidad de las finanzas, en un marco de calidad y eficiencia del gasto y la inversión públicas.

De nada habría valido todo el esfuerzo de consolidación fiscal, si vuelven las prácticas demagógicas de aumentar gastos, reducir ingresos y expandir la deuda.

Esto incluye el peligro de hacerse autogoles, como dar marcha atrás en la reforma tributaria. La principal víctima sería el próximo gobierno, que probablemente tenga un signo político opuesto al actual.

Y en el mediano plazo, sufrirán los propios ciudadanos, que tendrán que asumir las consecuencias de políticas insostenibles.

Sin embargo, el mejor antídoto frente a las críticas y las tentaciones populistas son los resultados palpables a nivel de la población.

Por ello, será crucial llevar adelante reformas para mejorar los servicios y la atención a los ciudadanos, incrementar la productividad y promover un crecimiento más inclusivo y ambientalmente más sostenible.